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Jorge Jaraquemada: "En Latinoamérica hay una cultura de la opacidad"

El presidente del Consejo para la Transparencia de Chile sostiene que el acceso ciudadano a la información es un antídoto poderoso contra la corrupción

Miércoles 16 de julio de 2014
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LA NACION
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Jorge Jaraquemada es el presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, un organismo creado para garantizar el acceso ciudadano a la información pública. En la Argentina no hay tal cosa -ni existe tampoco una ley de acceso-. Según Jaraquemada, la transparencia tiende a imponerse en todo el mundo, aunque en América latina requiere un "cambio cultural" que llevará algo de tiempo.

"En los países de Latinoamérica existe una cultura de opacidad, casi de secretismo, de que la información es de la autoridad, que no tiene por qué estar develando cómo toma las decisiones o con qué fundamentos. Es una cuestión un poco monárquica", dice Jaraquemada, y sostiene que la transparencia en los asuntos de Estado funciona como un antídoto poderoso contra la corrupción.

Pero la apertura, sostiene, no sólo alcanza al sector público: crece en el mundo la regulación sobre gran parte del sector privado (como el enorme grupo de empresas que ofrecen servicios de utilidad pública). "La demanda de los ciudadanos por transparencia no distingue entre el Estado y lo privado", afirma Jaraquemada.

El Consejo para la Transparencia que él preside es el órgano garante del cumplimiento de la ley de acceso a la información chilena y lleva cinco años funcionando. Tiene cuatro miembros -dos vinculados a la centroderecha (Jaraquemada es uno) y dos al socialismo-, todos nombrados con la ratificación de dos tercios del Senado. Fiscaliza a 770 organismos y tiene facultades sancionatorias, con multas que se aplican directamente sobre los sueldos de los funcionarios. El nivel de cumplimiento es alto: sólo respecto del gobierno central se recibieron 242.000 solicitudes y las sanciones aplicadas fueron menos de 100.

Este Consejo integra una red junto con órganos similares de la región. "Participan casi todos los países de Latinoamérica. Lamentablemente hay tres que no están: la Argentina, Paraguay y Venezuela."

-¿Cuál sería el equivalente de su organismo en la Argentina?

No existe, por eso no está. Ustedes sólo tienen un decreto de acceso a la información, que así como se dictó se puede derogar. Es muy precario.

-Quien está en el poder o cree que va a estarlo no suele mostrar interés por ser controlado, ¿cómo se venció en Chile esa resistencia de la clase política?

-Eso es absolutamente cierto. A nadie le gusta mostrar información. En los países de Latinoamérica existe una cultura de opacidad, casi de secretismo, de que la información es de la autoridad, que no tiene por qué estar develando cómo toma las decisiones o con qué fundamentos. Es una cuestión un poco monárquica. Tal vez por eso es un proceso tan lento; requiere un cambio cultural.

-¿Cómo sancionó Chile la ley?

-Se produjo una alianza transversal entre dos senadores: Hernán Larrain, de la UDI, un partido de centroderecha [Jaraquemada trabajó con él], y Jaime Gazmuri, del Partido Socialista. Ese acuerdo construyó el esqueleto de ley, donde la norma general es la transparencia y la excepción es la reserva o el secreto, sólo ante causales muy abonadas. Pero como los parlamentarios no pueden crear por sí un organismo, necesitaban el patrocinio del gobierno para crear el Consejo de la Transparencia, y Bachelet lo dio. Hay una evidencia empírica, que se ve sobre todo en los países con mayor desarrollo en este tema: donde hay sistemas de acceso, los niveles de corrupción tienden a bajar.

-¿Cómo es esa relación entre transparencia y corrupción?

-Hay muchas circunstancias que favorecen el surgimiento de la corrupción. Una de ellas es la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, pero hay muchas otras: la excesiva regulación, la existencia de monopolios estatales, la excesiva discrecionalidad de muchas autoridades para tomar decisiones, la ausencia de un servicio civil [burocracia estatal] designado por sus méritos, y no por amiguismo político... Avanzar en la transparencia es un antídoto poderoso, pero debe complementarse con otras normas, por ejemplo, con el deber de abstención de los funcionarios en aquello en lo tienen un interés particular? Un mayor control sobre todo lo que tiene que ver con tráfico de influencias, negociaciones incompatibles.

-El vicepresidente Amado Boudou fue procesado por delitos como ésos.

-En América latina la corrupción señorea y se empieza a volver sistémica cuando penetra las instituciones más fundamentales. No cuando hablamos de alguien que le pasa un billete a un oficial para agilizar un trámite, sino cuando las autoridades con poder de decisión sobre las políticas públicas se ven permeadas por la corrupción. La Argentina está muy mal ubicada en los rankings de percepción de corrupción desde hace mucho y esto es la guinda de la torta. Yo creo que en cualquier otro país este señor al otro día hubiera renunciado.

-¿Cómo se manejó en Chile el conflicto de interés planteado respecto del ex presidente Piñera [ex dueño de LAN]?

-Nosotros no teníamos una normativa expresa sobre el tema. Él venía de una fortuna muy importante y su fortuna era muy diversificada. Optó por la creación de un fideicomiso ciego, entregó voluntariamente su patrimonio para que lo administraran sin su conocimiento, no estando obligado, y se desprendió de ciertos activos. Después discutimos normativas y parte ya está regulado.

-¿Qué pasa en materia de transparencia con el sector privado?

-La demanda de los ciudadanos por transparencia no distingue entre el Estado y privados. Hoy los ciudadanos se sitúan en un plano de mayor simetría con el Estado, pero también con el entorno y las empresas, que ya no son vistas como grandes entes todopoderosos a los que uno tenía que someterse. Yo le he dicho a gente del sector privado que se están quedando atrás y están perdiendo una oportunidad de autorregularse, porque en el mundo hay una tendencia de aplicarles transparencia de manera obligatoria a todas las empresas que ofrezcan servicios de utilidad pública, de sectores regulados, que tienen concesiones... Si te pones a pensar, hasta los supermercados pueden entrar. La transparencia es uno de los valores del siglo XXI, llegó para quedarse.

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