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Medidas: Menem decide entre tres alternativas

Opciones: el ministro de Economía sometió a la opinión definitiva del Presidente tres posibilidades con matices distintos para el ajuste fiscal; en todos los casos se incluye una suba en los combustibles.

Lunes 12 de agosto de 1996
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LA NACION

El presidente Carlos Menem resolverá hoy el paquete de medidas que el Gobierno pondrá en marcha inmediatamente para tratar de cerrar el abultado déficit de las cuentas del Estado.

El flamante equipo económico encabezado por Roque Fernández, según pudo saber LANACION, le presentó al jefe del Estado tres planes alternativos de ajuste fiscal, con distintos grados de dureza, para que Menem se expida en las próximas horas.

Se descuenta en fuentes privadas que en cualquiera de las opciones estará presente el incremento de los precios de los combustibles, generalización del IVA, eliminación de subsidios, reducción de los reembolsos a la exportación y rebaja de los salarios estatales a partir de los 1000 pesos.

Las tres alternativas distintas se diferencian entre sí por los distintos porcentajes de aplicación de los retoques establecidos. En el caso particular del gasoil, por ejemplo, se cree que las distintas posibilidades estudiadas van desde una suba del 6 por ciento a una hipótesis máxima del 36% de aumento.

Sin embargo, las medidas serían acompañadas muy posiblemente por otra serie de acciones complementarias, ya que el Gobierno intenta dar una señal a la población de que no se trata de un programa de ajuste fiscal que afectará solamente a sus bolsillos, sino que se encarará un amplio plan de acción.

En tal sentido, se anunciarán, probablemente mañana, la puesta en marcha de medidas concretas para combatir la evasión.

Otro de los capítulos en los que el Gobierno está en deuda está referido a la optimización del gasto público, especialmente el social. Han sido convocados para hoy, en la Casa de Gobierno, una serie de empresarios de primera línea para explicarles las medidas que se adoptarán en la materia, siguiendo los pasos de la reestructuración que se efectúa en la Anses y en el PAMI.

Mientras se esperan los anuncios, en el ámbito bursátil se aguarda nuevamente un volumen de operaciones reducido.

Temor por el efecto sobre la actividad

Las medidas de ajuste fiscal que el Gobierno tiene entre sus manos tendrían entre sus efectos inmediatos y, tal vez más negativos, el freno de la incipiente reactivación que diversos sectores de la Economía mostraron en los últimos tiempos.

En particular, según opinan algunos economistas, la transferencia de recursos del sector privado al público provocará, en muchos casos, una disminución del poder adquisitivo de la población, ya afectado por la reducción de las asignaciones familiares y la imposición de gravámenes a los vales alimentarios.

Además, si el escenario económico de los próximos meses volviera a presentar características recesivas, la posibilidad de que aumenten los puestos de trabajo se presenta muy dificultosa, con lo cual se retornaría a un círculo vicioso en el cual no hay reactivación porque tampoco hay mayor consumo.

En el contexto empresarial, las principales dudas están relacionadas con la posibilidad de que se pierda competitividad, tanto en los mercados internacional como en el doméstico, con el incremento de la presión tributaria, especialmente en lo vinculado con el Mercosur.

"Me parecería peligroso que se crea que el problema es uno sólo y tiene que ver con el equilibrio fiscal y se descuide el nivel de actividad. Si se recuperara el déficit fiscal sólo a través de mayor presión impositiva se estaría actuando únicamente en la estática y no se pensaría en la dinámica", expresó a La Nacion el economista del Banco Quilmes, Carlos Pérez.

"Con el solo ingreso de capitales se reactiva la economía, ya que actualmente se aprecia que existe un 20 por ciento más de depósitos que antes del efecto tequila, pero no hay una importante demanda de créditos", expresó el economista.

Pensar en la gente

Aldo Abram, economista del estudio Proeco, aseguró que "algunos sectores van tener que esforzarse para cerrar el bache fiscal" El economista estima que las medidas apuntarán no sólo a incrementos tributarios sino también a eliminar las exenciones del IVA y a las ganancias. "Quizás con la eliminación no se logre recaudar una gran cifra, pero será un acto de solidaridad" y aclaró que algunos beneficios deberán mantenerse, por ejemplo, para la educación.

Respecto del impuesto al gasoil consideró que es inminente su aprobación y que el sector agrícola, si bien pasó por etapas críticas, hoy está en condiciones de esforzarse también.

Abram consideró conveniente la eliminación de los subsidios y reembolsos, menos en el caso del agro si es que se aumenta el gasoil, aunque señaló que peor es tocar el bolsillo del que menos tiene.

El economista agregó que si bien "está bien que el Gobierno pida un esfuerzo para continuar con la estabilidad, la sociedad de la misma manera que acepta esforzarse tiene el derecho de exigir que se minimice el costo social a través de inversiones sociales en hospitales y educación".

También cree conveniente que el Gobierno se preocupe por lograr un país más eficiente, "sino dentro de tres meses vamos a estar discutiendo sobre lo mismo". Abram manifestó que los funcionarios están más preocupados por las elecciones del 99 que por el costo social, "pero la gente se la va a cobrar a la hora de votar".

El economista Eduardo Curia indicó que al Gobierno no les es fácil tomar una decisión porque "siguen dando vueltas sobre lo mismo, más ajuste".

Curia aseguró que, en el subconsciente, el Gobierno se da cuenta que "la cosa está complicada y que la consecuencia será seguir dañando a la gente.

"Pasan los días, no hay medidas, el Gobierno tiene dificultad para operar, eso quiere decir que la convertibilidad anda mal, pero igual la confirman", señaló.

Curia agregó que las próximas medidas no van a ser admitidas por ningún sector, "ya se ve la fatiga de la gente, se vio hace pocos días en el paro, éste es un esquema agotado".

Un cambio más profundo

El economista José Carlos Jaime afirmó que, en principio, hay que pensar en dos etapas de cambio: "El Gobierno tomará medidas para cerrar la brecha de desequilibrio fiscal y para eso va a recurrir a los impuestos de fácil recaudación, como el del combustible, y este tipo de medidas van a repercutir negativamente en la sociedad, pero sobre todo en la economía ya que por ejemplo, puede seguir la declinación de las tasas".

Jaime señaló que en la segunda etapa el Gobierno se abocará a la simplificación del régimen fiscal. "Hay evasión, pero nadie modifica este sistema barroco", puntualizó.

Mientras los economistas discuten la profundidad de las medidas de ajuste, el sector empresarial se prepara para presentar hoy su último punto de vista antes de que se ponga en marcha el nuevo programa de ajuste.

El tradicional Grupo de los Ocho, integrado por los representantes de las entidades gremiales empresariales más tradicionales, se reunirá hoy en la Cámara Argentina de Comercio para unificar posiciones.

Será, tal vez, el último intento para convencer al Gobierno de que no se apliquen algunos ajustes, tal como lo hizo en las últimas horas la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), al señalar que "toda medida que afecte el incremento de nuestras exportaciones incidirá negativamente en el índice de empleo y el producto bruto de nuestro país".

Los gobernadores pesan en las leyes y en las urnas

Clave: los mandatarios provinciales tienen la llave que destraba la sanción de buena parte de los proyectos que necesita Menem; reclamos in crescendo.

Los gobernadores que el lunes último hicieron inventario de deudas económicas y de materias sociales pendientes ante Roque Fernández, Jorge Rodríguez y Carlos Corach son los dueños de la llave que abre la puerta de la sanción parlamentaria de muchas de las leyes urgentes que reclama el gobierno nacional.

De ellos depende que los legisladores den quórum o levanten la mano para votar. Es decir, son los que bajan la letra chica de los proyectos. Y, como sucede en ambas cámaras del Congreso, la mayoría de los gobernadores son justicialistas.

En otro momento, sin déficit fiscal, sin un índice de desempleo del 17,1% y sin abultadas deudas de la Nación hacia las provincias, la sola aquiescencia de los mandatarios peronistas hubiera sido suficiente para que Carlos Menem no tuviera por qué preocuparse: ni por las elecciones de 1997 ni por la posibilidad de correr el riesgo de que el año próximo pueda depararle lo que 1987 prodigó a Raúl Alfonsín: el comienzo del deterioro irreversible de su gobierno.

Precisamente, porque la situación es otra, son hoy los gobernadores oficialistas los que mayor presión ejercen sobre el gobierno nacional. "El desempleo es una lacra que hay que resolver", opinó el peronista pampeano Rubén Marín, al concluir la reunión citada con el trío Fernández-Rodríguez-Corach. Y agregó: "El ministro de Economía tomó nota de nuestros planteos. No esperábamos hoy mismo llevarnos una solución". Pero las esperan, y muy pronto.

El PJ en el Congreso

Semanalmente, como un martilleo silencioso, pero constante, el PJ en el Congreso aprueba casi sin chistar proyectos relacionados con las urgencias provinciales, especialmente con las referidas a poner "en caja" a la Nación.

Hace pocas semanas, el Senado votó uno de Julio Humada (PJ-Misiones) por el que se solicitan informes al PE respecto del incumplimiento en la distribución de un fondo especial para el equilibrio fiscal de las provincias, administrado por el Tesoro Nacional. A un año de su creación debieron haberse distribuido 800 millones de pesos y el distrito de Humada no vio ni una moneda.

José Luis Gioja (PJ-San Juan) hizo un reclamo similar y fue votado por unanimidad. Demás está enumerar las protestas de quienes no militan en el partido fundado por Perón, pero en esos casos, obviamente, al Gobierno sólo le alcanza con no escuchar problemas de votos esquivos.

En cambio, no pudo actuar como sordo cuando el jefe del bloque del PJ, Augusto Alasino (Entre Ríos), envió una dura carta a Rodríguez -de lo que informó en exclusividad La Nacion-, horas previas a la caída de Cavallo, por la que pedía la postergación de la entrada en vigor de los decretos de necesidad y urgencia sobre recortes de salarios y tickets canasta. Y se trata de Alasino, un hombre no conflictivo para el Presidente. Ni qué hablar de Antonio Cafiero (Buenos Aires), que pidió la suspensión lisa y llana de esas medidas.

"En el Senado cada legislador peronista es un bloque en sí mismo", opinó Jorge Yoma (La Rioja) cuando se le preguntó si las divisiones internas en esa bancada podrían complicar las cosas a Fernández del mismo modo que le ocurrió a Cavallo.

La apreciación de Yoma no resulta vana si se tiene en cuenta que en la Cámara alta cada senador juega el juego, en primer lugar, de su distrito, pues es a él al que representa. Aunque también es cierto que un legislador opositor al gobierno provincial (ya sea porque es de otro partido o porque lo enfrenta la interna partidaria) puede obrar deliberadamente en dirección contraria a los reclamos de su gobernador.

"No tenemos una postura filosófica única, pero tampoco salimos a lo loco. Cuando hay que votar algo importante, se vota", suavizó una fuente peronista que sólo admitió las disidencias más o menos constantes de Cafiero, de Cristina Fernández de Kirchner (Santa Cruz) y de José Manuel de la Sota (Córdoba).

Esa unidad se plasmó cada vez que estuvo en juego la alicaída situación de las cajas provinciales. La prórroga del Pacto Fiscal le costó a Cavallo reiterados dolores de cabeza y terminó con la sanción de un proyecto que obliga a Economía a pagar sin demoras el piso mínimo coparticipable (740 millones de pesos).

Si el paquete de medidas que se apresta a lanzar el Gobierno profundiza los ajustes, sin ningún tipo de contraprestación provincial, es probable que a Fernández también le hagan falta buenas dosis de aspirinas.

Una tropa indisciplinada

A diferencia de los senadores del PJ, los diputados oficialistas están enfrentados en numerosos sectores internos a riesgo de no garantizar la menor cuota de verticalismo para con el Gobierno. A ello, súmesele el agravante político de que empezó a correr el tiempo de descuento para los comicios de diputado nacional de 1997. Una decena de ultramenemistas, media de orteguistas que pujan por un espacio propio entre 40 duhaldistas y un puñado de cavallistas que podrían terminar engrosando la representación parlamentaria del ex gobernador tucumano son suficientes problemas para un bloque supuestamente oficialista. Es que los diputados, si bien provienen de los distritos, no representan a las provincias (como los senadores), sino al pueblo de la Nación. Y en esa apuesta ponen todas las fichas.

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