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Kicillof insistió en que no hay default, sino "impedimento de cobro"

Minimizó su impacto y dijo que usará "todas las herramientas legales" para resolver el conflicto

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LA NACION
Viernes 01 de agosto de 2014
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El ministro de Economía, Axel Kicillof, negó que el país haya ingresado en un nuevo default porque "no incumplió ninguna de las cuatro cláusulas" de los contratos que podrían disparar la declaración de cesación de pagos. "Existe una campaña encaminada a sembrar incertidumbre y pánico vinculada con la palabra default", aunque insistió en que lo que está ocurriendo "no tiene nombre". Fue en la tarde de ayer, durante una extensa exposiciónen la que fijó posición antes de someterse a una breve conferencia de prensa.

En ese momento, censuró a todos los que hablan del tema "desconociendo la letra de los contratos", insistió en que la intención de instalar la idea del default era aviesa "porque pretende comparar la situación actual con la de 2001, cuando está a la vista que no hay nada en común: entonces no teníamos la guita para pagar la deuda mientras que ahora no sólo la pagamos, sino que podemos pagar el próximo vencimiento y el próximo y el próximo".

Seguidamente, el ministro desafió a los periodistas que esperaban para consultarlo a que le "expliquen acabadamente" si pensaban realizarle alguna pregunta usando esa palabra. "El default no es una opinión o una sensación. Es una cuestión estrictamente legal", sostuvo.

Kicillof criticó con dureza al mediador, Daniel Pollack
Kicillof criticó con dureza al mediador, Daniel Pollack. Foto: Reuters

Kicillof, acompañado por su equipo, llegó a decir que lo del default era una "pavada atómica" porque el problema real era que "un juez hizo una interpretación estrambótica". "Acá no hay default", que es como ya lo definieron las calificadoras Standard & Poors (que lo llamó "selectivo") y Fitch ("parcial"), sino "un impedimento de cobro", insistió.

La referencia alude a los US$ 539 millones que el Gobierno depositó el 26 de junio en la cuenta que el Bank Of New York (BoNY), uno de los agentes de pago de la deuda, tiene abierta en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por el pago del 21° cupón de renta del bono de Descuento emitido en los canjes 2005 y 2010.

La casi totalidad de ese monto no fue luego transferido a los tenedores del título sino que, por orden judicial, se mantuvo retenido en esa cuenta. Incluso calificó como un "error" la consulta que oportunamente el BoNY hizo al juez Griesa sobre el destino que debía dar a dichos fondos. Ayer, el ministro insistió en pedirle al agente de pago que "libere esos fondos", tal y como comenzaron a hacerlo varios bonistas perjudicados, pero no habló sobre la actitud que podría asumir la Argentina si el banco insiste en negarse, para no violar la resolución judicial. De todos modos, anunció que utilizará "todas las herramientas legales que sean necesarias para resolver el conflicto de la deuda", dejando la puerta abierta a un mecanismo alternativo.

Kicillof, que recibió a la prensa en el microcine del 5° piso de la sede de esa cartera, reiteró una práctica que esta administración ya hizo usual: las primeras cuatro filas del auditorio se reservaron para funcionarios de la cartera que encabeza quienes, en varios pasajes, aplaudieron sus definiciones y festejaron sus humoradas.

En ese marco volvió a cargar duramente contra el juez Griesa, a quien calificó como "defensor de los fondos buitre", y avaló la posibilidad de que una negociación entre privados ayude a destrabar la situación actual, aunque fue crítico con la iniciativa de Adeba, al considerar que ser "generoso con plata de otros es malo", en alusión a la garantía con fondos de ahorristas que estarían reclamando para dar ese paso. Aun así, lo llamativo de su exposición fue que, más allá de la discusión sobre cómo debe definirse la situación creada con la deuda, en litigio (con su correlato de pagos bloqueados) estalló en un momento sensible para economía local.

En especial porque el ministro habló como si la traba que impone para que el sector privado o a las provincias puedan acceder al mercado de deuda internacional no pudiera agregar presión al cuadro recesivo actual de la economía, cuando ya varias de ellas debieron comenzar a revisar sus planes financieros para los próximos meses y analizan alternativas.

LA NACION intentó trasladarle esa consulta insistentemente, además de preguntarle si el Gobierno analizaba algún paliativo al respecto, pero no tuvo suerte en el reparto de las apenas cinco preguntas que aceptó de los periodistas.

El ministro minimizó más de una vez las consecuencias que pudiera sufrir la economía por esta situación y relativizó la posibilidad de que se aceleran los pagos de los bonos. "Primero, se tienen que reunir el 25% de los bonistas, luego pedirle al BoNY que dictamine si se incurrió en default y el banco tiene 60 días para decidir si es un incumplimiento", explicó. "Si el banco decida tomar esto como un incumplimiento, la Argentina va apelar ante la Justicia y se va a judicializar más", añadió.

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