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Propiedad indígena y usurpaciones

Es necesario distinguir entre la existencia de un posible conflicto social y la actitud de aprovechadores de los reclamos de pueblos aborígenes

Miércoles 22 de octubre de 2014
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La conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América activó movimientos indígenas en todo el continente, así como estudios acerca de la situación de los pueblos originarios en varios países latinoamericanos. Sin embargo, la persistencia de abusos y atropellos en otros países de la región no puede dar derechos en naciones ajenas a aquellos conflictos, como es el caso de la Argentina.

Son muy preocupantes las tendencias anárquicas que se vienen produciendo desde hace algunos años en el sur de nuestro país y que se manifiestan en ocupaciones de campos y otras usurpaciones a la propiedad privada, a veces violentas, como ha ocurrido en diversos casos en que fueron removidos cementerios familiares e instalaciones de viviendas o establecimientos destinados a beneficiarse con actividades turísticas.

En efecto, la usurpación de tierras en las provincias de Neuquén y Río Negro ha constituido desde hace ya demasiado tiempo una violación de los legítimos derechos de decenas de propietarios que han visto menoscabado su derecho de propiedad.

La persistencia de las irregularidades y abusos que hoy en día se cometen fueron gatillados por activistas de dudosa o nula legitimidad, y no tendrían otro fin que profundizar un conflicto. Se trata de un cóctel explosivo en el que se combinan reivindicaciones de inexistentes pueblos originarios sobre territorios que consideran tradicionales, por una parte, con acciones clientelistas a cargo de intendentes e incluso de gobernadores que facilitan esas ocupaciones con fines políticos, generando, a su vez, muy serios problemas jurídicos sobre los datos catastrales y los registros de tierras.

Tal como informó recientemente este diario, hay unas 140 causas de reclamos territoriales de mapuches en la Patagonia (60, en Río Negro, y 80, en Neuquén), mientras que 347 representantes de esa comunidad están imputados por el delito de usurpación.

El último hecho grave conocido fue el incendio del refugio Neumeyer, en el Club Andino Bariloche, en tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi. Un supuesto sector de esa agrupación aborigen se adjudicó la autoría del ataque. Sin embargo, todas las comunidades y organizaciones regionales indígenas desconocieron al grupo que se identificó como Movimiento Mapuche Autóctono Puel Mapu.

Quienes han estudiado seriamente el origen y destino de los pueblos originarios parecen coincidir en señalar que los mapuches recién habrían llegado a nuestra Patagonia en los últimos cien años y aún hoy continúan migrando hacia la Argentina.

Asimismo, esos estudiosos tienden a coincidir claramente en que son originarios de lo que es hoy el sur de Chile. Y, ciertamente, si no son oriundos de nuestro país, no tienen mayor derecho sobre territorio argentino, como tampoco los tendrían los galeses, hoy legítimamente instalados en Chubut, como los irlandeses y holandeses afincados en la provincia de Buenos Aires, o los checos, croatas e italianos a lo largo del país, por haberse radicado y adquirido nuestra nacionalidad.

Somos nación por haber nacido en un contexto histórico determinado, que abarca el ?descubrimiento, la conquista, la colonización y la organización interna, hasta la conformación institucional como república soberana. Ese proceso político nos constituyó en una Nación-Estado la que, a su vez, nos otorgó legalidad institucional dentro de un ámbito jurídico-político determinado.

Pero, a no engañarse, en el caso de los mapuches, la posesión de la tierra es el fondo de la cuestión. Muy curiosamente, el acento se encuentra puesto en los campos y fincas con mayor valor inmobiliario, aunque también en la inmensa estepa patagónica. Los pequeños pobladores con tenencia precaria son frecuentemente acosados por grupos dirigidos y organizados.

Cuando la reforma constitucional de 1994 consagró el artículo 75 inciso 17 y dispuso que corresponde al Congreso "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, así como la propiedad y posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan…", estaba dando cumplimiento al artículo 3 de la ley 24.309, que se refería únicamente al reconocimiento étnico y cultural de tales poblaciones, pero sin habilitar la modificación del derecho de propiedad, establecido en la parte dogmática de la Constitución, cuya reforma fue expresamente prohibida.

La consecuencia de esa reforma no ha sido menor, toda vez que, como lo reconocen muchos constitucionalistas, debe ahora armonizarse el tradicional sistema de propiedad privada con esta nueva modalidad de propiedad comunitaria sin que, hasta la fecha, y a veinte años de la reforma constitucional, se haya sancionado una nueva ley de tierras y que no se haya reglamentado acabadamente la cuestión. Es sorprendente, asimismo, que el tema fuera excluido del Código Civil y Comercial de la Nación recientemente sancionado y promulgado.

Nos encontramos frente a otro tema vinculado con el manifiesto deterioro cultural e institucional del que sacan provecho algunos activistas en ambos lados de la Cordillera. Por el momento, la única barrera que el Gobierno ha puesto al avance de estas llamadas comunidades es el consabido populismo instrumentado a través de planes sociales, del acceso a la televisión pública y al dinero de fácil adquisición.

Resulta menester que el Congreso legisle responsablemente sobre esta delicada cuestión a los efectos de establecer límites precisos al ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Constitución.

Debe definirse, por ejemplo, qué pueblos son o no originarios, debiendo precisarse en qué condiciones se adquiere el derecho a la propiedad comunitaria de tierras cuya posesión tradicionalmente ocupó otra comunidad, entendiéndose por tales a los que efectivamente mantenían territorios y culturas anteriores a la ocupación de esas tierras, como los guaraníes y los diaguitas, pero evitando que se agazapen los saqueadores detrás de legitimidades inexistentes, como las tribus nómades que cruzaban la Cordillera para, en malones, robar ganado y asolar poblaciones como si ello comportara una práctica comercial legítima.

El reconocimiento claro y preciso de los límites expuestos no excluye que los organismos pertinentes puedan avanzar en una agenda de desarrollo con programas sobre emprendimientos y educación, entre otros, para mejorar la calidad de vida de sectores postergados de la población.

La Patagonia ofrece así un lamentable contexto de abandono y deudas internas, donde se entremezclan pobladores sin papeles con referentes políticos inescrupulosos, con inversionistas con escaso apego productivo y mucho interés especulativo.

A todo eso se agrega la carga histórica de una pretendida guerra no asumida, en la que los colonos de origen criollo y europeo llegaban a esas tierras contemporáneamente al exterminio de los tehuelches en manos de los mapuches o araucanos arribados desde lo que hoy es la República de Chile.

Hay también cierto romanticismo por parte de capitales filantrópicos de origen europeo que suelen apoyar a estos movimientos, siendo que tales fondos son muchas veces captados por oportunistas dedicados a convencer a supuestos descendientes de "recuperar lo que les corresponde" cuando, en realidad, muchas veces se trata de sectores "transculturados", tergiversadores de la verdadera realidad de los hechos, de extracción urbana, lo que termina generando grupos sociales dependientes del Estado.

Es menester distinguir la inexistencia de un pretendido conflicto social de la manifiesta actitud de algunos ventajistas.

La imagen lamentable de la estatua del general Julio Argentino Roca –de cuya muerte se cumplieron cien años el último domingo–, cubierta de pintadas y de leyendas tildando de genocida –un delito inexistente en su tiempo– a quien incorporó importantísimas extensiones a nuestro territorio, no es más que una nueva tergiversación de un relato que sólo pretende esconder la verdad bajo la alfombra para sacar réditos mezquinos.

Resulta necesario poner paz y orden en esta importante cuestión, ejerciendo la ley y la autoridad para que no volvamos a internarnos en un estado de naturaleza preestatal, en el que los hombres libres y justos no tengan ante sus manos otra alternativa más que la defensa propia de sus derechos.

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