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Amenazas contra la prensa, el espejo mexicano

Aunque la situación argentina es muy distinta a la de México, el poder narco ya empieza a afectar a quienes pretenden contar lo que ocurre en las calles; por eso, la reciente intimidaciónal periodista Germán de los Santos es una advertencia para toda la sociedad

Lunes 17 de noviembre de 2014
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LA NACION
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Ciudad de México.- Los oyentes del programa radial Así es mi tierra, uno de los más escuchados en Mazatlán (Sinaloa), creyeron que se trataba de una interferencia. Al menos, eso fue lo que interpretaron dos camioneros y un campesino de la zona cuando amigos y compañeros del locutor les preguntaron por lo que habían oído la mañana del pasado 11 de octubre. En realidad, lo que sacó del aire a Así es mi tierra no fue ninguna interferencia: fue la ráfaga de disparos con la que dos matones asesinaron al conductor, Atilano Román Tirado, mientras hacía su programa en vivo en la cabina de la emisora Fiesta Mexicana. El estruendo de los balazos y el brutal silencio posterior se transmitieron en directo y convirtieron a los oyentes en involuntarios testigos de un crimen por el que hasta hoy no hay un solo detenido. Gracias a su violencia impune, los asesinos marcaron a la audiencia con una amenaza sonora que algunos prefieren evocar como una inoportuna perturbación en la longitud de onda.

La escena no corresponde a una película de Quentin Tarantino, sino a la realidad cotidiana de México, país que la asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica en el puesto 152 (apenas uno arriba de Irak), entre 180 naciones, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. De acuerdo con RSF, en México han asesinado a más de 90 periodistas y otros 20 han desaparecido en los últimos diez años. Tan sólo en 2013 se registraron más de 330 agresiones a representantes de la prensa de todos los estados. En ese dramático panorama, la muerte de Atilano conmueve pero ya no sorprende. El 23 de octubre, el cuerpo del director de la revista Nueva Prensa apareció en un basural del municipio de Ahome (Sinaloa), diez días después de que su familia denunció su desaparición. Por esos mismos días, el 4 de septiembre, tres sicarios entraron a la corresponsalía en Silao (Guanajuato) del diario El Heraldo de León, para golpear y amenazar a la reportera Karla Janeth Silva Guerrero en su puesto de trabajo. Y dos días antes, en Jalapa (Veracruz), un grupo de encapuchados disparó contra la casa de Ignacio Domínguez, director del semanario Tinta Verde, mientras el periodista y su familia descansaban en el living. Cuando Domínguez salió a la calle para identificar a los responsables de la agresión, se encontró con una cabeza de cerdo abandonada justo enfrente de la puerta de su propiedad.

Lamentablemente, la lista de atentados contra periodistas en México es inagotable y la pésima situación local de la libertad de prensa no se ha alterado con el cambio de partido político (del derechista PAN al incierto PRI) en el gobierno federal. En la Argentina, la coyuntura es muy distinta, pero el poder del crimen organizado ya empieza a afectar a aquellos que pretenden contar lo que ocurre en las calles. La reciente amenaza por parte de narcotraficantes a Germán de los Santos, corresponsal de LA NACION en Rosario, supone una dolorosa advertencia sobre el riesgo de informar en un tiempo y un lugar en el que hasta el propio gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, ha sido blanco de ataques en el contexto del enfrentamiento entre el gobierno provincial y el crimen organizado.

Lo cierto es que cuando se ataca a un reportero se ataca al conjunto de la sociedad, ya que el objetivo del atentado es herir de muerte el acceso público a la información. Al mismo tiempo, en el caso nacional, la peregrina idea de que la Argentina es única en su especie no ha hecho más que retrasar la comprensión del verdadero alcance del narcotráfico. Durante años y años, la sociedad se ha empeñado en pensar el país en términos de una excepcionalidad providencial, por la cual lo que ocurre en el resto del mundo -y, muy particularmente, en América latina- no tiene por qué suceder también entre nosotros. Si en el mundo hay populismo, nosotros tenemos peronismo, que según dicen algunos es lo mismo, pero no es igual. Si, como ha descripto magistralmente Roberto Saviano en Cero cero cero, el negocio del narcotráfico constituye una industria mundial, nosotros tendemos a pensar que la Argentina es un país "de paso" y que, como mucho, el tráfico ilegal de sustancias prohibidas es un asunto de gente con sombrero, bigote ancho e indisimulable acento sacado de El patrón del mal o El chavo del 8. Esa narrativa de la excepcionalidad llega al extremo de imaginar que para solucionar la inseguridad hay que castigar principalmente a los extranjeros, como si la nación virginal que nos cobija fuera ajena al desarrollo local del narcotráfico. Uno de los rasgos más incómodos de la amenaza a De los Santos es la potente verdad que conlleva: la excepcionalidad argentina no existió nunca, pero la voz del asesino en el teléfono dice que ahora existe menos que antes. El narcotráfico no está sólo en las canciones de Los Tigres del Norte, sino acá a la vuelta. Los sicarios no hablan como Benicio del Toro en la piel de Pablo Escobar, sino como en Tumberos. En definitiva: la Argentina no es Europa, sino América latina. Cuanto más se tarde en admitir esa circunstancia, más se demorará en entender que el narcotráfico ya es parte del entramado social. Y que si no se sabe cómo combatirlo, los primeros en caer van a ser aquellos cuyo trabajo consiste en informar desde las trincheras de la realidad, es decir, los periodistas.

En este punto, quizás no esté de más contemplarse en el espejo mexicano para analizar las dos preguntas que el ataque a De los Santos deja en el aire. Una, ¿quiénes son los narcotraficantes? Y la otra, ¿cómo se hace para informar bajo las condiciones impuestas por el crimen organizado? La primera pregunta la acaba de responder con inusual crudeza la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero). Como se desprende de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), los líderes del cartel Guerreros Unidos eran ni más ni menos que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, "pareja imperial" que se había propuesto gobernar de manera alternada la localidad que acaba de albergar uno de los peores crímenes en la historia de México. Atilano Román Tirado, el conductor del programa Así es mi tierra asesinado en el estudio radial de la emisora Fiesta Mexicana, había recibido amenazas por su apoyo a los 800 agricultores a los que el gobierno de Mazatlán dejó sin tierras para la construcción de la presa Picachos. Ignacio Domínguez, director de Tinta Verde, denunció la corrupción en la administración de la agricultura y la ganadería en el estado de Veracruz. Y desde las páginas de El Heraldo de León, Karla Janeth Silva Guerrero había mostrado la carencia de servicios municipales, la inseguridad y la falta de transparencia en las actividades de los funcionarios del municipio de Silao. Por el caso de Karla, el procurador de justicia de Guanajuato ordenó la captura de Nicasio Aguirre Guerrero, jefe de la policía preventiva de Silao, quien habría ordenado el ataque. Hasta hoy, Aguirre Guerrero se encuentra prófugo. Contra la narrativa oficial que pretende mostrar al crimen organizado como un conjunto de ejércitos clandestinos y ocultos en las sombras, Ayotzinapa demuestra que el narco habita en el corazón del Estado. Los inculpados o sospechados en los ataques a periodistas refuerzan y sostienen ese descubrimiento que por estos días tiene a la sociedad mexicana entre el asombro y la furia.

El puesto 55 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa no debería ser un alivio para la Argentina, sino una alarma. Tal vez el narcotráfico no participa en las instituciones de nuestro país como por estos días se ha descubierto que lo hace en México, pero eso no significa que -como prueba la amenaza a De los Santos- el país no se encuentre a las puertas de un proceso en el que el poder del dinero convierte a los políticos corruptos en los mejores socios de los narcotraficantes. Mientras tanto, a los periodistas nos queda el desafío de informar en tiempos complejos, y sin el compromiso de los gobiernos y de la sociedad el desafío se convierte en una misión imposible. El acoso a la prensa es un ataque de quienes prosperan con la desinformación. Si el resto de la sociedad no entiende que se encuentra bajo fuego, los periodistas estaremos aún más solos.

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