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Las víctimas de los delitos chocan contra una tenaz burocracia judicial

Aquellos que sufren la muerte de un familiar deben ingresar casi sin ayuda en un laberinto de oficinas judiciales en busca de acelerar las causas y obtener justicia

Lunes 08 de diciembre de 2014
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LA NACION
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LA PLATA.- Aprender siglas y términos abstrusos. Viajar continuamente a la fiscalía para conocer las novedades del caso. Llevar expedientes de un lado a otro. Pagar un abogado o peregrinar entre instituciones que uno ni sabía que existían. Caminar, caminar, caminar, casi siempre en soledad. En la provincia de Buenos Aires, ser víctima es un trabajo.

En efecto, la burocracia, la escasez de medios y la falta de información hacen que quien sufre el homicidio de un ser querido o quiere denunciar, por caso, episodios de violencia doméstica deba acompañar la investigación para que no "se caiga" o encargarse de visitar oficinas y juzgados como si fuera un empleado del Poder Judicial, pero a su propia costa. En tanto, las presentaciones por amenazas o incluso lesiones no graves raramente derivan en sanciones para los acusados y son un eslabón más en la cadena de injusticia.

Casos como el de Cristian Pérez, asesinado en City Bell hace doce años y cuya investigación recién está dando resultados ahora, revelan las dificultades que tienen las personas para acceder a la Justicia en territorio bonaerense. La instrucción pasó por las manos de cuatro fiscales, y durante el primer año nadie le explicó a la familia del muchacho, arrollado por un tren al día siguiente de haber atropellado por accidente al hermano de un policía, que podía participar en la causa, seguir el trabajo del fiscal, proponer medidas de prueba.

"No entendíamos nada. Pensábamos que con hacer la denuncia alcanzaba", dijo a LA NACION Enrique Pérez, padre del joven por cuya muerte fueron detenidos tres policías, entre ellos el hermano del hombre que había fallecido en el accidente causado por Cristian.

Tras un año de aguardar en vano, la abuela de Cristian, Hejdelmarie Cejrowska, empezó a ir a la fiscalía dos veces por semana, a veces más, para saber cómo iba la investigación. "No me informaban mucho. Una vez el fiscal me atendió y me dijo que la causa no iba a avanzar, mientras una instructora se apresuraba a levantar del piso los papeles desparramados del expediente", recordó.

Tuvieron que pasar 12 años y otros tres fiscales para que la investigación del crimen arrojara algún resultado. Hace dos meses se hizo cargo el fiscal Marcelo Martini, que al poco tiempo pidió el arresto de cuatro policías; se concretaron tres. "Yo arribé al pedido de detención con los mismos elementos que había en 2003. Es una vergüenza lo que pasó", dijo Martini a LA NACION.

El papel de los medios

Martini y otros funcionarios judiciales que prefieren no ser identificados coinciden en que muchas veces las investigaciones que no son impulsadas por las víctimas o sus familiares son abandonadas porque los fiscales, sobrecargados de trabajo, se dedican a otras que consideran más urgentes. "A veces la diferencia la da la presión de los medios", dijo el titular de una fiscalía platense.

El relato de Fernanda Nicora, que pide justicia por el homicidio de su hijo Sebastián, ocurrido en Punta Indio en febrero del año pasado, es muy similar. "Viviendo en Verónica, a 140 kilómetros de los tribunales platenses, yo no conocía nada del circuito judicial. Y nadie me lo explicó, tampoco. Si fuera por ellos, yo me podía quedar llorando en mi casa", dijo Nicora.

A pesar de que existen entidades del Estado y ONG que brindan patrocinio jurídico a las víctimas de delitos, no pueden encargarse de todos los casos y, además, es muy poca la información que circula sobre ellas. Las familias de ambos jóvenes consiguieron ese patrocinio por casualidad. "Un día que había ido a la fiscalía me tomé un taxi para volverme y le conté la historia al taxista. Él me llevó a la Secretaría de Derechos Humanos y ahí me pusieron en contacto con una abogada", recuerda Hejdelmarie. Fernanda Nicora fue contactada por el defensor oficial Julián Axat, que se había enterado de su caso mientras relevaba posibles hechos de "gatillo fácil".

La oscuridad de los términos y procedimientos dificulta a las personas no informadas hacer valer sus derechos. Los problemas suelen empezar en la comisaría, donde se inician nueve de cada diez causas penales, explicó la abogada Analía Carrillo, integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Pero no acaban allí. En fiscalías, defensorías y juzgados se utiliza un lenguaje abstruso. "A las víctimas se les habla de UFI, de IPP, y de otras cosas que no saben qué significan", argumenta.

La subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia bonaerense, Silvia La Ruffa, está al tanto de estos problemas. "Recomendamos que las víctimas de delitos sean proactivas y se presenten como particulares damnificadas, aunque no sea un requisito", dijo a LA NACION. Afirmó que el ministerio brinda patrocinio gratuito a través de un convenio con el Colegio de Abogados provincial, pero que no existe una instancia en la que la víctima sea informada de esto.

Por su parte, Susana Deferrari, secretaria de Estrategias Institucionales y Gestión del Ministerio Público bonaerense (del que dependen las fiscalías y defensorías), reconoció que el número de causas que se archivan en la provincia "es importante" y que, paralelamente, no mucha gente se presenta como particular damnificado (querellante) tras denunciar un delito. "En la fiscalía se debe informar de esa posibilidad" a la víctima o familiar, explicó.

Deferrari dijo que el Ministerio Público, a cargo de María del Carmen Falbo, está intentando mejorar el acceso al sistema. "La distancia es un problema: la gente tiene que viajar permanentemente a las dependencias judiciales para informarse sobre sus casos. Por eso se están creando ayudantías y fiscalías descentralizadas", dijo.

Mujeres que esperan para ser rescatadas

LA PLATA.- Los relatos de las mujeres que se agolpan en la oficina del Área de Procesos Urgentes (APUR) de la Defensoría General platense muestran las dificultades de las víctimas de violencia doméstica. "Mi ex marido amenazó con matarme si voy a casa. Acá estoy esperando para que me den una medida de protección, pero no sé si llegaré al juzgado, porque cierra en dos horas", dijo una mujer.

El juzgado de familia que debe tomar el recurso está a doce cuadras. Muchas veces las mujeres deben peregrinar entre ambos lugares para llevar ellas mismas los oficios elaborados por los abogados del APUR.

"Cada vez que mi hijo me pega y voy a la comisaría no me quieren tomar la denuncia porque ya inicié un expediente acá. Hace un año que estoy esperando que alguien me ayude", contó otra víctima que espera por ayuda.

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