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En cualquiera de las hipótesis, suicidio o asesinato, el Gobierno ya es el gran perdedor

Si se confirma que el fiscal se quitó la vida habría un descreimiento generalizado; y si la investigación determina que fue un crimen, se convertiría en un mártir, caído luego de denunciar al poder

Domingo 01 de febrero de 2015
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LA NACION
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Todo parece valer en la puja de intereses que se libra en torno a la verdadera causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Hay mucho en juego y jugadores muy fuertes.

Están los intereses contrapuestos del Gobierno y la oposición, y los de la familia judicial kirchnerista y antikirchnerista, pero también se juega la posibilidad o no de una investigación del atentado a la AMIA sin contaminaciones y, muy especialmente, la verdad de la turbia relación entre la ex SIDE y la Justicia no sólo en la causa AMIA.

La denuncia de Nisman contra la Presidenta por encubrir a los iraníes acusados del atentado a la mutual judía recibió el apoyo de la oposición y colocó al Gobierno a la defensiva, apoyo y actitud defensiva que se acentuaron cinco días después cuando se descubrió el cadáver del fiscal horas antes de exponer ante los diputados lo que hasta entonces era un asunto político y judicial de peso.

Su muerte amplió el campo de batalla hasta el horizonte desplazando la denuncia endeble a un último plano. En cuanto se confirme alguna de las hipótesis, suicidio, suicidio inducido u homicidio, habrá ganadores y perdedores.

El Gobierno es ya el gran perdedor en cualquiera de las alternativas. Las tres lo perjudican porque la sociedad cree en el homicidio y desconfiará si la Justicia se inclina, como la investigación parece indicar hasta ahora, por el suicidio.

Sin recato y ejerciendo una tácita presión sobre la Justicia, la Presidenta suscribió primero el suicidio con algún titubeo y luego, subiéndose al tren de la opinión pública, adhirió a un homicidio ejecutado para perjudicarla a ella, aunque en el Gobierno se inclinan por el suicidio.

Un asesinato, y en mucha menor medida un suicidio inducido, convierten a Nisman en un mártir inmolado después de acusar al Gobierno de encubrir a los iraníes con el indefendible acuerdo con Irán, sobre cuya constitucionalidad debe resolver la Corte. Era, además, el responsable de la investigación del atentado a la AMIA, lo habían amenazado, aunque la última denuncia que radicó por amenazas se remontaría a 2008. Había confiado en el espía que Néstor Kirchner le puso como auxiliar, Antonio "Jaime" Stiusso, y judicializaba lo judicializable del material que Stiusso le arrimaba.

En esta línea, un homicidio haría de Nisman una figura emblemática, como el juez italiano Giovanni Falcone, asesinado en un atentado con su esposa y sus custodios en Sicilia, en mayo de 1992, cuando investigaba los vínculos entre el Estado italiano y los mafiosos. Los jueces y fiscales hostigados por el Gobierno tendrán una víctima de la corrupción kirchnerista, pues el homicidio sería achacable a un Gobierno que lo ordenó, lo consintió o no cuidó al fiscal.

El camino seguido por Stiusso y Nisman en la causa AMIA con pruebas tan endebles como la denuncia contra el Gobierno difícilmente sería revisado ni se abrirían nuevas líneas de investigación a partir de elementos que se encuentran en el gigantesco expediente y se dejaron de lado, como la conexión local.

Un suicidio inducido, siempre difícil de probar, no deja de ser un suicidio, especialmente si quien lo llevó a cabo era un experimentado funcionario judicial que contaba con una nutrida escolta.

Por último, un suicidio obligaría a investigar en qué situación se hallaba Nisman cuando tomó esa decisión y a confirmar si denunció al Gobierno porque sabía que su permanencia al frente de la Unidad Fiscal AMIA corría peligro. Dejaría malparada a la familia judicial e impulsaría a sus sucesores en la unidad a revisar una labor que mostraba falencias similares a las de su denuncia, y a colocar bajo la lupa el eventual papel de Stiusso y el verdadero poder que la ex SIDE ejerció durante décadas sobre la justicia federal.

El resultado de esa revisión podría poner en cuestión el apoyo que durante varios años le brindaron a Nisman dirigentes de la comunidad judía local, varios analistas y medios de difusión. El Gobierno, perdedor con las tres hipótesis, perdería aún más con la del suicidio, difícil de digerir para una sociedad incrédula a fuerza de ser engañada por los gobernantes de turno y de ver desfilar homicidios emblemáticos disfrazados de suicidio por una justicia cómplice. La oposición también quedaría descolocada, y la familia judicial avergonzada y quizás hasta descreída del resultado.

Por eso, si la hipótesis del suicidio sigue ganando terreno, le esperan días difíciles a la fiscal Viviana Fein, a quien ya quieren marcarle la cancha la jueza Fabiana Palmaghini y la querellante y ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Se daría así la paradoja de que la hipótesis del suicidio, convertida en la verdad del caso, es la que perjudicaría a más sectores y más resistencia despertaría.

Otro chispazo por el discurso de la Presidenta

El juez Ricardo Recondo, titular de la Asociación de Magistrados, afirmó ayer que la presidenta Cristina Fernández "se equivoca" al quejarse por las críticas que despertaron sus declaraciones sobre la muerte de Alberto Nisman.

"Nadie le está diciendo que no puede hablar. Me extraña que la doctora, siendo abogada, no perciba lo esencial que es la separación de poderes en el sistema republicano", indicó Recondo.

Cristina Kirchner había criticado duramente a los miembros de la ONG que conduce Recondo que habían criticado los discursos en que ella avanzó hipótesis sobre el caso Nisman. "Nadie de otro poder me puede hacer callar", dijo la Presidenta, el viernes, por cadena nacional.

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