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Lavado de dinero: otra sociedad fantasma ahonda las sospechas sobre Báez

Nederlandsche Fisheries, de Curazao, debía aportar US$ 100 millones para un proyecto en el Caribe, pero no se hizo; esto le permitió ingresar $ 254 millones

Lunes 23 de marzo de 2015
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LA NACION

Curazao, la pequeña isla del Caribe, es un mar de tesoros para los negocios de Lázaro Báez. Pero también de dolores de cabeza.

La operatoria que le permitió al empresario patagónico engordar el patrimonio de Austral Construcciones con $ 254 millones, cash, durante uno de los peores momentos financieros de la constructora fue aún más oscura de lo que ya se sabe. Incluyó dos sociedades inactivas en esa isla de las Antillas Holandesas, y la participación off shore de dos argentinos y un uruguayo que ya no pueden contar lo que saben: los tres murieron meses antes de que los últimos billetes entraran a las cuentas de la constructora, según reconstruyó LA NACIÓN sobre la base de testimonios y documentos confidenciales.

Los primeros datos sobre la polémica operatoria ya las reveló este diario en mayo de 2013 y en enero pasado: Austral Construcciones detalló en su balance de 2011 que recibió $ 254 millones como indemnización por un supuesto proyecto inmobiliario que se frustró en Belice, del que se iba a encargar una sociedad de Curazao, J+J Holding, a través de un fideicomiso creado en Uruguay. Sin embargo, la firma de Curazao se encuentra inactiva desde 1989 y el fideicomiso jamás se registró ante las autoridades uruguayas, como impone la ley local.

¿Cuál fue el sentido de esa operación? Eso es lo que ahora investiga la Justicia, que intenta determinar si el proyecto realmente existió (y Báez invirtió millones en el Caribe) o si se trata de un dibujo con el que el empresario inventó una justificación para el reingreso, ya blanco, de $ 254 millones en la Argentina.

Nuevos documentos y testimonios que obtuvo LA NACIÓN exponen, por lo pronto, más puntos oscuros de ese ingreso de fondos. En teoría, Báez se interesó en un proyecto inmobiliario para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, una pequeña isla frente a las costas de Belice, en el mar Caribe.

Ese proyecto -con una inversión global estimada en US$ 1000 millones- quedó en manos de dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV. Pero para el Registro Público de Comercio de la isla, ambas sociedades se encuentran inactivas, según confirmaron sus autoridades a LA NACIÓN.

Aun así, un contador uruguayo se movió durante años como "apoderado" de J+J Holding, sobre la base de un instrumento librado en 1984. Se llamaba José Luis Balbi Dall ?Orto y murió a fines de 2011.

En tanto, el rostro visible para la segunda firma inactiva de Curazao, Nederlandsche Fisheries, fue el de Norberto Floreal Rivera, un argentino con domicilio en Villa Dominico, partido de Avellaneda, que también murió hace unos años, a poco de superar las seis décadas, según confirmó su hermana.

Poco antes de morir, Dall' Orto y Rivera constituyeron en Montevideo el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009). Pero no lo registraron ante el Banco Central (BCU) de ese país y redactaron varias cláusulas llamativas. Entre otras, que "todas las registraciones contables" del fideicomiso se llevarían "en un libro contable separado" y que "el mismo podrá estar o no registrado ante la autoridad de aplicación". Esto es, una carta blanca a la eventual manipulación de todos sus números.

En ese mismo instrumento de creación del FITA, fechado en junio de 2009, Dall' Orto y Rivera dieron otro paso: designaron "representante legal" del fideicomiso a Gastón Lemoine, otro argentino de 41 años que ese mes se había recibido de abogado.

Dos meses después, en agosto de 2009, Dall' Orto dio otro paso. Sumó al fideicomiso a otra sociedad off shore. Esta vez, una panameña, Benasque Invest Inc., que a su vez sería la que aportaría el "predio" para el proyecto inmobiliario: "una isla denominada Caye Chapel Island".

Al igual que en las firmas J+J Holding y Nederlandsche Fisheries, los nombres de los verdaderos dueños de Benasque Invest jamás aparecen. Sólo se movió su apoderado, José Alberto Capparelli, otro argentino con domicilio en Avellaneda. Fue socio de Rivera en un par de firmas locales y, al igual que éste y Dall' Orto, también murió ya.

Para entonces, y al menos en los papeles, J+J Holding lideraría el fideicomiso, Nederlandsche Fisheries aportaría US$ 100 millones "en Bonos Euronotas Serie III, emitidos por la Cámara Internacional de Comercio del Mercosur", una ignota entidad a la que aluden como Cidecomer, y Benasque Invest sumaría "la isla".

Para noviembre de 2009, Austral Construcciones se sumó al proyecto. Firmó dos documentos con el nuevo representante de J+J Holding, Lemoine; se comprometió a invertir US$ 100 millones, y entregó en el acto un pagaré por la décima parte de ese monto: US$ 10 millones, según firmó el apoderado de la constructora de Báez, Andrés Soria, y consta en las copias que obtuvo LA NACIÓN.

Apenas cinco meses y medio después, sin embargo, el proyecto quedó trunco, según notificó Lemoine en nombre de J+J Holding. Liquidarían el fideicomiso porque la panameña Benasque Invest había "incumplido con la obligación". Es decir, no entregó la isla.

Más dudas y fondos frescos

A partir de allí, Lemoine y un lugarteniente de Báez en Austral Construcciones, Claudio Bustos, se cruzaron varias intimaciones. Pero todas carecen de un acuse de recibido, o sellos o timbrados que den una fecha cierta, según surge de las copias que obtuvo LA NACIÓN.

Esas notas muestran algo más. En teoría el intercambio se dirigió al domicilio legal de J+J Holding (Pietermaai 16, Willemstad, Curazao), pero la sociedad lleva años fuera de allí, según verificó LA NACIÓN. En verdad, nada se firmó fuera del microcentro de Buenos Aires o, como máximo, Colonia y Montevideo, según los testimonios que recibió este diario.

Aun así, la firma inactiva de Curazao y Austral Construcciones terminaron con un arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (Ianca), como lo estipulaba el contrato del fideicomiso ante una controversia. Y con la firma de su presidente, Miguel Ángel Martín, se le dio la razón a la constructora de Báez.

Sin chistar, J+J Holding comenzó entonces a inyectar fondos cada mes en la cuenta de Austral Construcciones en el Banco Nación, hasta llegar a los $ 254 millones, aunque la empresa de Báez pidió casi sobre el final, en junio de 2012, que US$ 1,5 millones se girara a otro lado: una cuenta de Kitwe Park International Corporation de Panamá.

Para entonces, la muerte ya había golpeado sobre el grupo de sociedades off shore. Pero Báez alcanzó la meta: inyectar fondos frescos desde el exterior en Austral Construcciones.

Paso a paso de una operación dudosa

En 2009, Lázaro Báez se sumó a un proyecto inmobiliario en una isla frente a Belice, en el Caribe, que preveía una inversión de US$ 1000 millones. Pero sostuvo que el proyecto fracasó y que fue indemnizado con $ 254 millones

1. Participan dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV; sin embargo, ambas sociedades se encuentran inactivas y sus apoderados ya murieron

2. Ambas sociedades constituyeron en Uruguay el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009), con el argentino Gastón Lemoine como "representante legal"

3. Al proyecto se suma otra sociedad off shore en Panamá, Benasque Invest Inc., cuyos verdaderos dueños jamás aparecen; sólo se conoció a un apoderado, también fallecido

4. En noviembre de 2009, Austral Construcciones se suma al proyecto para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, frente a Belice

5. A mediados de 2010, el proyecto quedó trunco y se dispone la liquidación del fideicomiso

6. J+J Holding y Austral Construcciones inician un proceso de arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (Ianca)

7. Entre 2011 y 2012, J+J Holding indemniza a Austral Construcciones con $ 254 millones que transfiere a una cuenta en el Banco Nación, de la Argentina

8. En junio de 2012, Austral Construcciones pide que la última cuota, por US$ 1,5 millones, se gire a una cuenta de Kitwe Park International Corporation de Panamá

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