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Obstruye Jujuy el acceso a la información pública

Miércoles 22 de julio de 2015
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El verdadero sentido de la democracia y el valor de las instituciones se está jugando en muchos lugares de nuestro país y es importante por ello insistir en una mirada federal. Un decreto que reglamenta la ley de acceso a la información pública de Jujuy da muestras de que algunos dirigentes consideran férreamente que los datos en manos del Estado son de su propiedad y no de la ciudadanía.

Hace 25 años, esa provincia fue una de las primeras en comprender la importancia de tener una legislación de acceso a la información que garantizara la posibilidad de requerir datos al Estado. Pero, un cuarto de siglo después, el gobernador Eduardo Fellner -a la vez, presidente del Partido Justicialista en el nivel nacional y uno de los principales aliados de la Casa Rosada- borró de un plumazo el espíritu de esa norma y dictó un decreto a todas luces inconstitucional. Fue publicado el 10 del mes actual en el Boletín Oficial de Jujujy, ya iniciada la feria judicial, y en las vísperas del comienzo del receso de invierno, aunque llamativamente había sido firmado el 30 de junio de 2014.

Entre las numerosas críticas que se le pueden hacer a esta reglamentación -la tercera de la era fellnerista en materia de acceso a la información-, figuran el excesivo formalismo y el aumento de las barreras burocráticas para poder solicitar datos al Estado. El decreto obliga a los ciudadanos, además de tener que presentar el pedido por escrito, a completar un formulario y pagar un sellado en Rentas. También, solicita un certificado de residencia, cláusula que contradice tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional. Las concepciones más modernas sostienen que el derecho a la información no está limitado por fronteras geográficas y mucho menos puede ser discriminatorio. Además, es "incompatible con un derecho de legitimación activa amplia", tal como señaló la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Solicitar datos públicos a las autoridades debería ser un trámite simple, rápido y gratuito o de bajo costo, tal como señala la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, el decreto del gobernador Fellner lo convierte en una gestión engorrosa cuyo fin es generar cansancio en el ciudadano y, finalmente, ocultar información que es de todos. Una crítica especial merecen varios artículos del decreto que detallan una serie de excepciones que pretenden relevar al Estado de su obligación de informar, limitantes tan ambiguas como inconstitucionales.

Además de la ADC, otras entidades como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la Fundación LED, y diversas voces locales, se han sumado a las críticas a este decreto que, en lugar de transparentar, busca ocultar y, por lo tanto, crear impunidad.

La información en manos del Estado es necesaria para que los ciudadanos puedan exigir a los gobernantes que rindan cuenta de sus actos. El control de la cosa pública -y sus responsabilidades ulteriores en caso de mal desempeño- sólo puede concretarse con información veraz. Es importante destacar que hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que han fijado jurisprudencia relevante sobre este tema.

En suma, esta reglamentación desnuda la intención del gobierno de Jujuy de obstruir un derecho humano fundamental de la convivencia democrática. Ante este atropello constitucional, y como ciudadanos, no podemos quedarnos callados. El gobernador Fellner debe derogar este decreto con urgencia y ajustar la normativa local al derecho. Y, eventualmente, si eso no sucede, será la Justicia la que tenga la última palabra.

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