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Uruguay adjudicó a dos empresas la producción legal de marihuana

Se trata de firmas de capitales uruguayos y extranjeros, entre ellos argentinos; es un avance clave hacia la venta en farmacias, que comenzaría en mayo próximo

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Corresponsal en Uruguay
Viernes 02 de octubre de 2015
Tabaré Vázquez, esta semana, en la sede de la ONU
Tabaré Vázquez, esta semana, en la sede de la ONU. Foto: Reuters
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MONTEVIDEO.- Ahora sí. Luego de muchas idas y vueltas, de consideraciones cautelosas por una ley innovadora a nivel mundial, Uruguay se encamina a concretar la venta legal de marihuana al público. El gobierno de Tabaré Vázquez adjudicó a dos empresas privadas las licencias para que produzcan cannabis en Uruguay y distribuyan esa droga en la red de farmacias. La venta al público comenzará alrededor de mayo del año que viene.

Tras un proceso de adjudicación que convocó el gobierno al que se presentaron 22 empresas, el presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), Augusto Vitale, informó ayer que las licencias fueron adjudicadas a las firmas Simbiosys e Iccorp, luego de que la Secretaría Antilavado hiciera una investigación sobre el origen de sus fondos. Sin dar detalles, Vitale señaló que ambas sociedades tienen financiación de capitales uruguayos. Indicó que en una de ellas también hay capitales argentinos y que en la otra participan inversores de otros países.

Las empresas podrán producir un máximo de dos toneladas al año, en tanto cada consumidor podrá comprar 40 gramos por mes, con un máximo de diez gramos por semana, de acuerdo a la regulación ya aprobada. Las proyecciones del gobierno indican que el gramo de marihuana costará aproximadamente un dólar.

El gobierno prepara una campaña de información y educación sobre los efectos nocivos del consumo de marihuana. Justamente el actual presidente encabezó, durante su primera presidencia, una cruzada contra el cigarrillo que llevó a la prohibición de fumar en locales públicos, como restaurantes y oficinas, entre otros.

La Ley N° 19.172 fue promulgada por el entonces presidente José Mujica en diciembre de 2013. Pero la reglamentación de la misma, la prudencia política para que el caso no interfiriera en la campaña presidencial de 2014, y cierta desconfianza del nuevo gobierno al régimen de producción y venta original fue postergando la implementación de la reforma.

En Uruguay, el consumo personal de marihuana no estaba penalizado, pero sí lo estaba la producción y la venta. Por eso en los hechos los consumidores no tenían cómo explicar cómo se habían hecho del cannabis. Legisladores del Frente Amplio y de otros partidos impulsaron entonces una ley que permitiera el autocultivo, para que los consumidores consiguieran semillas y produjeran para su propio uso. Pero el proyecto nunca logró respaldo en el Parlamento.

En 2012, en medio de fuertes reclamos populares para mejorar la seguridad pública, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, le propuso a Mujica incluir la legalización de la marihuana en un plan contra el delito, a fin desactivar el mercado negro y el narcotráfico. Pero la opinión pública no coincidió con ese esquema. Y pese a la altísima popularidad de Mujica, las encuestas de opinión sobre la legalización general de la marihuana fueron contundentemente negativas, en torno al 63%-66%.

El proyecto que Mujica envió al Parlamento fue reformulado por los legisladores, y se dejaron de lado iniciativas como las de monopolio estatal, la venta en oficinas públicas o el uso de efectivos militares para las plantaciones.

El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, que también preside la Junta Nacional de Drogas, indicó ayer durante el anuncio oficial de las adjudicaciones, en la Casa de Gobierno, que se podrá comprar marihuana en las farmacias habilitadas en un plazo no menor a ocho meses, debido a cuestiones administrativas y al ciclo de las plantas.

El predio donde se cultivará la marihuana "ya está pronto" para producir, señaló Roballo, que recordó que esa zona está ubicada al oeste de la región metropolitana de Montevideo, cerca de la famosa cárcel que durante la dictadura militar (1973-1985) alojó a presos políticos y guerrilleros, y que paradójicamente se identifica como Penal de Libertad.

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