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Advierten que el fallo alteraría el modelo de las empresas públicas

Especialistas señalan que no sólo afecta a YPF, sino a toda sociedad anónima con capital estatal, como Aerolíneas

Miércoles 11 de noviembre de 2015
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Miguel Galuccio bajó pasadas las 11 del estrado montado por los empresarios del acero para su congreso, en el hotel Hilton. Todavía le duraba la sonrisa que había comenzado a armar cuando lo despidieron del escenario con aplausos. Era comprensible: YPF es la mayor compradora argentina de tubos de acero para la industria petrolera, un negocio fundamental para Tenaris, la firma del grupo Techint que se dedica a eso.

Un colaborador del presidente de YPF que le había pedido una tregua a la prensa se le acercó de inmediato para hablarle. Mientras Galuccio se sacaba el micrófono iba transformando su rostro. Segundos después, no quedaba nada de la sonrisa original. "Me acabo de enterar. No te puedo decir nada. Estamos acá para trabajar", atinó a responder a la consulta de LA NACION sobre el fallo de la Corte Suprema que ordena a la empresa difundir todo el contrato con Chevron.

La decisión del tribunaltomó por sorpresa a toda la conducción de YPF. Hasta ayer, nadie podía asegurar que no ocurriría, porque la causa se había iniciado en 2013 y se mantenía viva, pero sus abogados creían que el fallo llegaría cuando Cristina Kirchner ya no estuviera en la Presidencia.

Al mediodía, Galuccio se reunió con su entorno de máxima confianza, entre ellos Daniel González, el CFO de la compañía. A las 15.30 discutía el tema en el Ministerio de Economía. A las 18.30, con algo más de demora de lo que estaba previsto, la empresa difundió un comunicado en el que confirmó que iba a cumplir con el fallo de la Corte según los pasos procesales que correspondan.

El fallo no sólo afecta a YPF, sino al negocio petrolero en general y a cualquier otra actividad económica en la que participe el Estado, como la distribución de agua corriente, cloacas y desagües pluviales (a través de AYSA), o el manejo de Aerolíneas Argentinas, según coincidieron en señalar abogados especialistas.

Desde hoy, la mayor empresa del país deberá manejarse en un marco distinto al que había sido pensada tras la estatización, en abril de 2012. En términos de información, la compañía fue durante la mayor parte de su historia una empresa del Estado atada a todas las obligaciones de las firmas de ese tipo, cuyas contrataciones se debían hacer mediante una licitación pública. Pero tras la privatización de los '90 y su paso a las manos de Repsol se esfumaron esos controles. Ahora queda a mitad de camino: podrá seguir contratando sin licitaciones, pero si alguien le pregunta sobre esos convenios, deberá responder. Podrían ser el blanco inmediato del fallo convenios similares a los de Chevron que YPF cerró con Dow, Petronas y Pampa Energía. Desde ahora, en términos de acceso a la información, se manejará como algo muy parecido a un ministerio.

"El fallo es claro en que cuando el Estado adopta formas societarias de tipo privado debe, de todas maneras, atenerse al decreto de acceso a la información pública. Es un precedente para situaciones similares que podría aplicarse a cualquier empresa pública (también de las provincias) que utilice formas de derecho privado", explicó Diego Fargosi, del estudio Fargosi & Asociados. Por ejemplo, Shell y Exxon, dos de las mayores petroleras del mundo, tienen acuerdos con GYP, la petrolera propiedad de la provincia de Neuquén.

Otro abogado que pidió reserva de su nombre se preguntó qué va a pasar con Chevron, que según YPF trajo al país US$ 2500 millones en los últimos tres años. Si el convenio estipulara que el contrato está vigente siempre que se mantenga en secreto, podría caer de inmediato. YPF no confirma esa información, pero el sector petrolero la considera verosímil. Se verá cuando se descubra.

Casi no hubo voces directamente involucradas que quisieran hablar en público sobre el tema, ni en el Gobierno ni en la oposición, como en el frente Cambiemos. Tampoco asesores históricos del radicalismo, salvo el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, quien celebró el falló y lo consideró "una muestra de independencia de los poderes del Estado".

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