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Un fallo ordenó cambiar la integración actual del Consejo de la Magistratura

La Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional su conformación; hizo lugar a una demanda que el Colegio de Abogados de la Ciudad presentó hace nueve años contra una ley kirchnerista

Viernes 20 de noviembre de 2015
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LA NACION
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El Consejo de la Magistratura, durante una reunión con su composición actual
El Consejo de la Magistratura, durante una reunión con su composición actual. Foto: Archivo

Cristina Kirchner era senadora cuando diseñó un nuevo Consejo de la Magistratura donde el oficialismo tendría un enorme poder. El Congreso lo hizo ley y ayer, nueve años después, la Justicia lo declaró inconstitucional.

Los camaristas del fuero contencioso administrativo José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez dijeron que el núcleo de la ley 26.080, que en 2006 reformó la composición del Consejo, no respeta el "equilibrio" entre los estamentos que exige la Constitución Nacional y les da "un claro predominio" a los representantes de la política en detrimento de los jueces, abogados y profesores universitarios. La Carta Magna dice qué estamentos deben estar representados en el Consejo y pide una composición equilibrada, pero delega en los legisladores fijar los números.

Lo más insólito de este fallo es la oportunidad. No sólo porque hace nueve años y cuatro meses que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó la demanda, sino también porque la sentencia se dictó cuando faltan tres días para las elecciones presidenciales.

Hacía un año que el caso estaba en la Cámara. En febrero dictaminó el fiscal y el 4 de mayo se llamó a "autos para sentencia". Pero esa sentencia, un documento de 25 páginas, sólo se dictó ayer y sin uno de los miembros del tribunal, María Claudia Caputi, que está "en uso de licencia".

El fallo ataca el eje central de la reforma kirchnerista porque ordena que el Consejo, que hoy tiene 13 miembros, vuelva a tener 20. Así, el oficialismo dejará de contar con "poder de veto". Ahora, ningún juez puede ser sometido a juicio ni elegido sin el aval del Frente para la Victoria.

Y la situación actual la heredará el nuevo presidente. La relación de fuerzas en el Consejo es siete a seis; de ganar Mauricio Macri, esto se invertiría porque cambiaría el representante del Poder Ejecutivo, pero no se modificaría el escenario respecto de las decisiones más importantes: la selección y el control de los jueces. Para enviar ternas y abrir juicios políticos se necesitan dos tercios, que nadie tendrá sin acuerdo con quienes hoy forman el bloque kirchnerista. Es por eso que el macrismo evaluaba, de ganar el domingo, la posibilidad de impulsar otra reforma del Consejo.

El fallo de ayer no será de aplicación inmediata y el Estado sin dudas va a presentar un recurso para que intervenga la Corte. Después, suponiendo que el fallo sea confirmado, deberán "adoptarse las medidas tendientes a completar la integración" -dice la sentencia- con los miembros nuevos, y eso incluye elecciones para los abogados, jueces y académicos.

"Estamos muy contentos, pero lamentamos que no hubiera salido antes -dijo Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados-. Se hubieran evitado muchos abusos..."

El desequilibrio en el que basan su fallo los camaristas no es entre oficialistas y opositores, sino entre el "estamento político" y los demás. En ese estamento político están incluidos el representante del Poder Ejecutivo y los seis legisladores (hoy, cuatro kirchneristas y dos radicales). Este grupo de siete -dice- "no requiere el aval de los otros sectores para sesionar ni para decidir", por eso, "se verifica así un claro predominio".

La vieja ley que volverá a regir otorga a jueces, abogados y académicos un papel mucho más importante porque el quórum volverá a ser de 12 y esos tres estamentos sumarán 11 bancas, que incluyen la del presidente de la Corte. Con la reforma que impulsó la Presidenta, el único sector que no había perdido nada era el kirchnerismo. Conservó sus cinco bancas y hoy suma como aliados al académico Jorge Candis y a la jueza Gabriela Vázquez.

¿Qué pasa con las decisiones que tomó durante todos estos años este Consejo "inconstitucional"? Los camaristas aclararon que su fallo "en modo alguno" las priva de validez.

Las propias designaciones de los dos camaristas que firmaron esta sentencia podrían estar en riesgo de sostenerse lo contrario. Los dos fueron seleccionados con esta conformación. López Castiñeira, antes de convertirse en camarista, era asesor en el Consejo del juez Luis Bunge Campos. Su concurso estuvo rodeado de un escándalo porque su ex mujer denunció que él tuvo de antemano el examen que le tomaron y que había arreglado el concurso con el auditor Javier Fernández, por entonces un hombre fuerte del Gobierno en la Justicia. La denuncia motivó incluso una causa penal, que no prosperó.

Ayer, el oficialismo criticó la sentencia. La diputada Diana Conti dijo que era una "osadía" y que la Corte había resuelto ya el tema. "Definió que la mera disidencia con una ley no implica inconstitucionalidad", dijo. La Corte intervino dos veces, pero eran amparos y con planteos diferentes, según se advierte en el fallo de ayer. La más parecida fue la presentación del abogado Ricardo Monner Sans, que la Corte declaró "inadmisible".

Ahora la pelea seguirá en la Corte. Si el domingo gana Macri, la oportunidad de este fallo tendrá otra consecuencia: de haber sido dictado después del 10 de diciembre, un eventual gobierno macrista no lo hubiera recurrido; la sentencia hubiera quedado firme y el caso, cerrado.

Los pasos para que el fallo quede firme

El fallo de ayer no tiene efectos inmediatos: sólo empezará a regir una vez que esté firme y se elija a los nuevos consejeros. Esto llevará varios meses

Ahora, una vez notificado de la sentencia, el Estado la recurrirá ante la Corte Suprema. El recurso extraordinario debe interponerlo ante la misma Cámara que le falló en contra, que decidirá si le habilita el camino al máximo tribunal. Si le llega a decir que no, el Estado puede llegar igual a la Corte en "queja"

Una vez que el fallo de ayer quede confirmado, "recobrará vigencia el régimen anterior", anunciaron los camaristas. El Consejo deberá completarse y volver a tener 20 miembros

Para eso, será necesario que los abogados, jueces, académicos y bloques opositores del Congreso designen a nuevos consejeros, que se sumarán a los actuales. Además, se incorporará al Consejo al presidente de la Corte

Las decisiones más polémicas

La mayoría kirchnerista del Consejo de 13 miembros consiguió cambios que no habría logrado con la vieja ley

Cargos a La Cámpora

En los últimos tiempos, también por mayoría simple, el Consejo designó nuevas secretarias al frente de las comisiones claves del organismo: Selección y Disciplina y Acusación. En ambos casos, nombró a camporistas

Oyarbide y Bonadio

Ninguna de las denuncias contra el juez federal Norberto Oyarbide (foto) avanzó con este Consejo. Oyarbide salió limpio, con muchas causas cerradas y otras vencidas. Bonadio, en cambio, fue sancionado con los votos kirchneristas, pero la Corte dejó sin efecto la multa

Subrogantes

El Consejo cubrió vacantes de los tribunales con jueces subrogantes que no eran jueces sino abogados convertidos en magistrados con el solo voto de la mayoría simple que construyó el oficialismo

El administrador

También reemplazó al administrador general del Poder Judicial (cargo muy sensible para la Justicia) por un militante K, Claudio Cholakian, que había llegado al Consejo como asesor de Diana Conti. El anterior era un hombre de confianza de la Corte

Reacciones entre los consejeros

Beinutz Smuckler

Ex consejero

"Es necesaria una reforma del Consejo de la Magistratura, pero este reclamo es de 2009. Me sorprende que ahora, nueve años después de aprobada la ley, esta cámara resuelva el expediente que no requería ninguna prueba y era un asunto de puro derecho. El fallo tiene la intención de influir en el proceso electoral para marcar que algo se hizo mal y demostrar que el Gobierno actuó incorrectamente. Tiene, además, un sentido político. Efectivamente estaba mal, pero hace nueve años, es un poco tardía la Justicia"

Alejandro Fargosi

Ex consejero

"El fallo es positivo porque reduce la injerencia de lo político en el Consejo de la Magistratura, pero no podrá ponerse en práctica de manera inmediata. Además, para mejorar e independizar al Poder Judicial deben realizarse reformas mucho más profundas, para que el Consejo sea realmente equilibrado, se profesionalice y tenga rapidez y eficacia. Eso ha sido imposible estos años por la excesiva politización, aprovechada en las trabas que el Gobierno utilizó para dominar el Consejo y la Justicia y que llegaron a presiones personales, denuncias penales contra los consejeros de la minoría, demoras de remesas de fondos e intentos de negociaciones incompatibles con la ética. Todo eso fracasó, pero los daños estructurales deben ser reparados"

Ricardo Recondo

Ex consejero

"Es un muy buen fallo. Siempre dijimos que la actual integración del Consejo no respetaba el equilibrio que fija la Constitución. Había un predominio del estamento político, que le permitió al Gobierno manejar el organismo. Con la antigua ley se respetaba el equilibrio. Ahora faltaría que en vez de ir políticos al Consejo vayan representantes del estamento político, como es el espíritu de la ley. Eso lo despolitizaría. Es buena noticia que el Consejo se adecue a la Constitución"

Luis María Cabral

Actual consejero

"No hay equilibrio entre los representantes de los sectores académicos, abogados y jueces y los designados políticamente. Este fallo quiere asegurar un sistema de equilibrio y de consenso, no sólo a las composiciones, sino a la toma de decisiones. Este sistema de integración política, que ha logrado acuerdos inesperados, dio casos escandalosos, como las exposiciones públicas de Oyarbide, que no merecieron ni una advertencia. Una composición más equilibrada permitirá tomar decisiones más equilibradas"

Héctor Masquelet

Ex consejero

"Me parece casi insólito el fallo. Muchas veces fue cuestionado el Consejo por su composición y funcionamiento, pero demostró que en esas cuestiones donde no había compromisos políticos funcionó. La mayoría de sus resoluciones fueron unánimes y se avanzó en la investigación de casos rápidamente. Más que oportunidad política, el fallo tiene oportunismo político. El tema estuvo en trámite nueve años y no había urgencia"

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