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Suspenden el concurso para ocupar vacantes en el Tribunal Fiscal

La Justicia admitió el pedido de un aspirante; cree que el Gobierno quiere incidir

Jueves 03 de diciembre de 2015
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LA NACION

La Justicia sumó otro desafío al kirchnerismo que se va. Ahora suspendió el concurso para llenar las vacantes en el estratégico Tribunal Fiscal, sólo horas antes de que la presidenta Cristina Kirchner firmara las designaciones pendientes de nueve jueces y se publicaran en el Boletín Oficial. La jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo Federal, Macarena Marra, le impuso ese brusco freno a la Casa Rosada, al admitir la petición de otro concursante que reclamaba transparentar el concurso y que el Gobierno explicara cómo escogió a los ganadores.

Marra tomó su decisión días antes del ballottage del domingo 22, ante el riesgo concreto de que las designaciones para el Tribunal Fiscal se publicaran el lunes 23 o el martes 24 en el Boletín Oficial, mientras que el país concentraba su atención en los resultados electorales.

La decisión de Marra provocó la reacción inmediata del Ministerio de Economía, que pretende apurar los tiempos procesales al mínimo y levantar la medida cautelar antes del 10 de este mes. De ese modo, la Presidenta podría colocar a los candidatos que ella desea en el Tribunal Fiscal en vez de dejarle esa oportunidad a Mauricio Macri.

La urgencia del kirchnerismo con el Tribunal Fiscal tiene una explicación. Ese organismo funciona como ámbito de apelación de las decisiones que toma la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por presunta evasión o discusiones impositivas y aduaneras, ya sea con personas o empresas, a menudo con consecuencias multimillonarias.

El interés del kirchnerismo por el Tribunal lleva años. Ahora, el propio Gobierno reconoció que los nuevos nombramientos eran inminentes, ya que al presentarse ante la jueza subrogante Marra para pedir el levantamiento de la cautelar también acompañó los proyectos de decretos a la firma de la Presidenta con todas esas designaciones, en ciertos casos apadrinadas por Ricardo Echegaray, Carlos Zannini y Aníbal Fernández, entre otros.

Los nombres que figuran en esos decretos son un misterio, ya que Marra ordenó guardar esos decretos en la caja fuerte del Juzgado, pero tanto en el Ministerio de Economía como en la AFIP, la Casa Rosada y el propio Tribunal Fiscal comenzaron a sonar con fuerza algunos candidatos. Así, los nombres que más suenan para completar las vacantes del área impositiva del Tribunal son, entre otros, el de José Bianchi -contador de la AFIP- y Marcelo Domínguez, y dos secretarios letrados de la Corte -Miguel Nathan Licht y Marcos Morán.

Junto a ellos también sonaron la abogada y contadora Laura Sambanca -ex funcionaria en la Jefatura de Gabinete con Jorge Capitanich, y esposa de Carlos Sánchez, ex director de Aduanas de este gobierno-, y de una secretaria subrogante del Tribunal, Juliana Paccini. Para las tres vacantes en el área aduanera del Tribunal, los postulantes que más resonaban eran los de algunos funcionarios de la Dirección General de Aduanas (DGA), como Rubén César Pavé, Tristán Oscar Conde y Adriana Volosin de Tarantini.

Sin embargo, el concurso para completar las vacantes en el Tribunal Fiscal acumulaba turbulencias desde hacía meses, al punto de acumular ocho presentaciones judiciales de distintos postulantes, y objeciones institucionales, aunque sin resultados concretos hasta ahora. Esas presentaciones fueron hechas, entre otras, por diversas secretarias del propio Tribunal Fiscal que se sintieron postergadas de manera arbitraria. Entre ellas, Viviana Pontiggia, quien había reclamado la inmediata suspensión del reglamento del concurso, sin resultado.

Pero las objeciones también fueron institucionales. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también recurrió a la Justicia, mientras que el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros (IAEA) presentó un reclamo por nota al Gobierno para pedirle que adoptara "los pasos necesarios para garantizar la transparencia" y "evitar interpretaciones dispares que puedan tener entidad para menoscabar la credibilidad de las designaciones".

Para eso, las autoridades de la IAEA pidieron que se garantice la "idoneidad" de los candidatos, la que "debe ser acreditada mediante el concurso de antecedentes", y recordó las pautas de la ley de Ética Pública y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Ahora, sin embargo, la jueza Marra dio luz verde a la medida cautelar del concursante, que optó por atacar el "secretismo" del concurso. Y contó con un aliado inesperado en los nuevos tiempos que corren: Daniel Angelici, operador de Macri ante la Justicia.

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