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Las fallas estructurales del Estado cristinista

LA NACION
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Joaquín Morales Solá
Miércoles 06 de enero de 2016

Cuando Daniel Scioli dijo que había sentido tanto la pérdida de la presidencia como la de su brazo derecho, expresó algo más que una insensatez. Exhibió hasta qué punto el kirchnerismo derrotado estaba seguro de que nunca se iría del poder, que seguiría controlando un Estado que consideraba suyo y que conservaría el privilegio de la arbitrariedad.

Mauricio Macri está comprendiendo, a su vez, que el cambio requiere mucho más que una modificación de las formas y de la estética. Lo que recibió como herencia es un arsenal de pólvora con la mecha encendida. Los tres delincuentes increíblemente prófugos en la provincia de Buenos Aires son la prueba nómade de la connivencia entre la policía, la política y el delito. La limpieza de empleados en el superpoblado Senado que inició la vicepresidenta Gabriela Michetti es la demostración de que existe un Estado capturado como una agencia de empleos para la militancia kirchnerista. Lo peor es que la función, en cualquiera de sus variantes, sólo ha comenzado.

Los distintos gobiernos bonaerenses tocaron todas las melodías ideológicas para resolver el problema de la policía provincial, la fuerza armada con mayor capacidad de tiro del país. Desde León Carlos Arslanian, un ex juez con ideas progresistas sobre el derecho, hasta el imposible Aldo Rico, un ex carapintada con cara y métodos de la derecha dura. Ninguno encontró una solución evidente. Arslanian suele decir que la ansiedad de los políticos no lo dejó terminar su trabajo, en el que aún sigue confiando. Las formas de hombre duro de Rico terminaron arrastrándose por la acera del fracaso. La policía, tal como es y no como debería ser, ganó al final de todas las fórmulas ensayadas.

No hay ningún conocedor de la política bonaerense que ponga en duda una certeza: los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci ya estarían presos si la policía provincial los hubiera querido encontrar.

Otra cosa habría sido si los prófugos hubieran logrado salir del país o del territorio de la provincia. Pero, hasta donde se sabe, ellos siguen ahí. Desplazándose entre Ranchos y Quilmes, esquivando un supuesto cerrojo policial de 300 efectivos. Visitando a la suegra de uno de ellos, haciendo compras en una verdulería. La suegra está ahora en duda. Prometió hacer una denuncia policial sobre el maltrato de su yerno prófugo, pero nunca llegó a ningún departamento de la policía.

¿Fueron realmente a verla dos veces, una de ellas para sacarle un poco de plata y la otra para robarle un auto sin pretensiones? ¿Cómo hicieron entonces para comprar el arsenal de armas con el que corretean de aquí para allá? ¿Cómo pudieron huir tan fácilmente de un penal de extrema seguridad si ni siquiera tenían previstos los automóviles con los que se moverían?

Tal vez se trate de una deducción paranoica, pero algunos funcionarios provinciales creen que detrás de toda esa saga, que oscila entre la tragedia y el sainete, hay un mensaje del narcotráfico. El negocio de la droga es el que maneja las cárceles y la propia policía. Tal sería el mensaje. El propósito final de esa operación consistiría en desestabilizar a la gobernadora María Eugenia Vidal, porque le puso palabras al escándalo del narcotráfico en el país y en su provincia. Los paranoicos carecen, por lo general, de pruebas. En este caso hay una: Vidal sucedió a un gobierno que nunca se preocupó en serio por la policía, ni por el narcotráfico, ni por el Servicio Penitenciario. La inseguridad en la provincia de Buenos Aires tiene sus raíces en varios conflictos, pero el más criminal es el del tráfico de drogas. Y la inseguridad creció exponencialmente en los últimos doce años.

Vidal comenzó su gestión intentando un acuerdo de convivencia con la policía. Por eso designó como ministro de Seguridad a Cristian Ritondo, un peronista que conoce el viejo maridaje entre policía, barrabravas y políticos. Ritondo confió, a su vez, en los consejos del ministro de Seguridad de Daniel Scioli, Alejandro Granados, un antiguo miembro del club de los barones del conurbano, que nunca se sabe de qué lado de la ley están. Vidal echó mano de ese recurso suponiendo que tenía otros problemas más urgentes que resolver y que no podía, al mismo tiempo, ponerse a la policía en contra. Tiene otros problemas, en efecto, como el de la desastrosa crisis económica y financiera. Scioli no le dejó más que homéricos problemas y esto, a su vez, explica por qué le fue tan mal al candidato presidencial del oficialismo en la provincia que gobernó durante ocho años.

Si se mira bien el decurso de los acontecimientos, es fácil deducir que el principal problema de Buenos Aires es su policía. El resto de los conflictos tienen soluciones más o menos rápidas y efectivas. La policía es, en cambio, un agujero negro del que no pudo salir airoso ningún gobierno. El problema que genera una policía ingobernable es la inseguridad y ésta es, además, el principal problema para la sociedad, según la unanimidad de las encuestas. Ni una política de confrontación con los sectores corruptos de la policía (como la que ensayó Arslanian) ni una política de acuerdos permanentes con ella (como la que promovió Scioli) terminaron con el poder real de la policía.

La política es rehén de la policía, porque muchas veces ésta proveyó el financiamiento de la política o contribuyó al enriquecimiento personal de los funcionarios. La política de combate contra el narcotráfico y el crimen en general puede ser un proyecto de políticos honestos, pero ¿tienen éstos fuerzas de seguridad en condiciones de cumplir con esas premisas? La pregunta no sólo comprende a la policía bonaerense, sino también a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura y al resto de las policías provinciales.

El Estado cristinista es una cáscara hueca, aunque superpoblada de empleados inservibles. Michetti no hizo más que empezar con la parte más grotesca del problema. Se encontró con una Senado donde hay 87 empleados por cada uno de los 72 senadores que integran el cuerpo. El total es de 6200 empleados, casi la mitad de ellos nombrados por el vicepresidente Amado Boudou.

El cuerpo no tiene presupuesto para pagar esa cantidad de empleados ni estructura edilicia para soportar semejante número de personas si todas fueran a trabajar. ¿Qué poder independiente sería el Legislativo si el Poder Ejecutivo debiera girarle todos los meses los recursos que le faltan para pagar los salarios? ¿Por qué, además, la administración central debería distraer dinero de manera tan inútil? ¿Por qué, en fin, el Estado debería seguir alimentando la militancia cristinista?

El jefe del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, está dispuesto a seguir el camino de Michetti, tanto en el Centro Cultural Néstor Kirchner como en Canal 7 y en Radio Nacional. No sólo él. "Te felicito. Has puesto la vara muy alta para los ministros", le dijo el Presidente a Michetti no bien se enteró del despido de 2035 empleados por parte de la vicepresidenta. Las cosas serían perfectas si todos ellos recogieran sólo el aplauso de la clase media independiente del Estado. Van a chocar con los sindicatos, acostumbrados a más de una década en la que se incorporaron empleados al Estado masivamente y en la que, también, la palabra despido estaba prohibida. Por eso, los sindicatos de empleados públicos adhirieron siempre al kirchnerismo y se anotaron en la CGT oficialista de los Kirchner.

Poco más de 2000 empleados en la administración pública (que es el número de despedidos en el Senado) son una gota en un océano de más de dos millones de nuevos asalariados nombrados durante el kirchnerismo en el gobierno nacional, en provincias y en municipios. Es una señal importante de la dirección de la administración macrista, pero sólo indica que existe un objetivo más amplio. Los primeros rechazos sindicales a la decisión de Michetti son también un anticipo del futuro. Falta todavía, en efecto, la mejor parte del espectáculo político.

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