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Para que la triple fuga de General Alvear no se repita

Lunes 11 de enero de 2016
PARA LA NACION
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Las dos grandes preocupaciones de las autoridades penitenciarias son los motines y las fugas. Generalmente, alguna de ellas les termina costando el puesto. Un peldaño más abajo en grados de inquietud están las muertes violentas y los grandes escándalos de corrupción dentro de los penales, que suelen provocar desplazamientos y despidos de personal. Recién en una tercera línea de preocupación se ubican las violaciones a los derechos de los internos o la ineficacia de los programas de reinserción.

Rara vez un director de un penal pierde su cargo porque la comida es mala, el hacinamiento es feroz, los trabajos en las cárceles escasean, los maltratos abundan o la reinserción social fracasa. Esto lo entienden muy bien quienes trabajan en los sistemas penitenciarios y en base a eso hacen su tarea: habrá que cuidarse de motines y fugas y en menor medida de violencia y corrupción escandalosa. ¡La cárcel como espacio de rehabilitación puede esperar!

Este orden de prioridades responde a la sensibilidad social. A la gran mayoría de los ciudadanos no le interesa demasiado lo que sucede dentro de las cárceles a menos que se produzca una fuga, un motín, un delito organizado desde la prisión, o un asesinato. Por lo demás, que los presos cumplan su pena como sea. Los directores penitenciarios se hacen eco de esta demanda social: harán todo lo posible por mantener las "cosas" calmas, aún sacrificando la meta básica de la cárcel: la rehabilitación.

En un estudio del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero se analizan las condiciones carcelarias del sistema penitenciario Bonaerense y del Federal con base a encuestas de 1000 internos, y se la compara con otros cinco países de la región. Los hechos de corrupción no deben sorprender: al menos 15% de los internos admite tener celulares (seguramente son muchos más), la mitad reconoció haber hecho pagos indebidos a personal penitenciario para obtener beneficios, un 40% dijo tener conocimientos de delitos de extorsión y narcotráfico afuera de las cárceles que se organizan desde dentro de estos establecimientos, y la droga circula abundantemente en los penales. Las condiciones materiales (comida, salud, hacinamiento) y las no materiales (trabajo, educación, deporte, contacto con las familias) no son buenas, aunque están mejor que en el resto de América latina.

Los directores penitenciarios lidian cotidianamente con personas muy peligrosas, con recursos que siempre son escasos, y con jefes políticos de turno que cambian de política en virtud de aquella sensibilidad social. Para garantizar la "paz y tranquilidad" exigidas por sus superiores, desarrollan mecanismos de control que incluyen la negociación de esa paz con los internos. Pero este equilibrio es inestable. Cada tanto surgen escapes que nos muestran la precariedad de estos arreglos.

Si las condiciones de reclusión fueran razonables, se podrá evitar motines y caos. En cambio, es más difícil impedir las fugas y la corrupción interna porque neutralizar el poder corruptor del narcotráfico y del crimen organizado exige autoridades muy bien controladas, una imposición efectiva de sanciones penales a los responsables y un firme control político alineado con estas metas. Los períodos de transición son especialmente vulnerables. También aumentan las amenazas a las paz interna cuando se quiere desmantelar regímenes de prebendas.

En todos los países hay ocasionalmente motines, fugas y delitos desde las cárceles. La diferencia entre ellos es de grado. En nuestro país, afortunadamente, hay pocos motines, pero todos los años hay varias fugas. Cuando las condiciones carcelarias son brutales y deplorables (Honduras, Venezuela, Brasil) aumentan los motines. Aunque nuestro país no ha llegado a ese nivel, podría estar en camino. Las fugas, en cambio, resultan del bajo costo que pagan los directores penitenciarios por permitirlas o al menos por "desatenderlas".

Es hora de revisar a fondo la política penitenciaria antes que lo ocurrido en General Alvear pase de ser la excepción a convertirse en la norma.

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