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Un manto oscuro sobre la realidad del país

Domingo 21 de febrero de 2016
PARA LA NACION
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La manipulación del índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) está desde 2007 -cuando comenzaron a publicarse las mediciones apócrifas- en el foco de atención. Cualquier ciudadano sabe y percibe que, desde hace casi diez años, el Indec miente sobre la inflación. Sin embargo, y paradójicamente, dentro de las infamias, la manipulación del índice de inflación se encuentra entre las que tendrán consecuencias menos permanentes, sobre todo porque el dato oficial logró sustituirse con cierto éxito al existir tanto fuentes oficiales alternativas como mediciones privadas relativamente fiables.

La administración que fue liderada por Norberto Itzcovich afectó, con una combinación de acción, omisión, dolo e impericia, casi la totalidad de la producción estadística. En ese sentido, es difícil encontrar algún indicador oficial que salga del instituto que no esté viciado o presente sospechosas irregularidades.

Así, por ejemplo, hay serias sospechas sobre la medición del producto bruto interno (PBI). Es decir, no sabemos cuánto creció la economía ni en su conjunto ni en sus partes, qué pasa con la construcción, con el comercio minorista o con la industria. La ausencia de datos obliga a trabajar con otras fuentes secundarias, que ayudan pero no reemplazan el dato oficial. De las cuentas nacionales podríamos saber cuánto se invierte, se consume y se ahorra, algo que hoy no está vedado. No conocemos el reparto de ingreso entre capital y trabajo, la presión tributaria o el tamaño del déficit fiscal o de la deuda externa con relación al de la economía.

Así, todo índice que utilice el PBI en sus cálculos, algo muy común al realizarse comparaciones internacionales, está viciado. Asimismo, las recientemente publicadas estadísticas de comercio exterior, con datos ya revisados por la nueva administración, confirman lo que siempre se sospechó: que desde 2013 el Indec había sobreestimado las exportaciones en alrededor de US$ 4000 millones por año.

La alteración menos visible pero a su vez más irreemplazable es la de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), donde se relevan trimestralmente ingresos y condiciones de vida de 65.000 hogares de todo el país. No hay sustituto perfecto para esta encuesta -lo mejor que hay disponible es el trabajo del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA)- ni forma de reconstruir una foto mal sacada. La EPH es un gran compendio de anomalías, sesgos y resultados inconsistentes como, por ejemplo, subas inentendibles de los salarios de trabajadores en negro muy por arriba de los registrados, la desaparición de la muestra de una cantidad inexplicablemente alta de hogares pobres en 2012 y 2013, o la aparición de un extraño número de personas que habían encontrado empleo sin haber aparecido nunca como buscándolo.

La manipulación de la EPH genera un bache estadístico en innumerable cantidad de indicadores, bache que nunca podrá cubrirse. No sabremos nunca cómo fue la distribución del ingreso ni qué pasó con la pobreza y la indigencia. Hay oscuridad para una década sobre la situación del mercado laboral. No sabemos cuál fue el salario o la cantidad de trabajadores informales, ni siquiera sabemos si esa cantidad sube o baja. No tenemos datos confiables de empleo y desempleo, ni de que pasó con la subocupación, no conocemos la situación de precariedad en los jóvenes o cómo se reparten pobres y desocupados por grupo etario, nivel educativo o género. Esto también afecta los estudios de impacto de las políticas sociales (como la Asignación Universal por Hijo o la moratoria previsional), donde usualmente la EPH es una fuente clave de información.

No hay antecedentes en democracias republicanas de una degradación institucional equivalente a la del Indec, y sólo se encuentran en regímenes autoritarios -como en Chile durante la dictadura de Pinochet- o con Estados fallidos, que abandonan su rol de proveedor de este bien público. La destrucción del Indec convirtió el dato en una opinión y la realidad en algo maleable a conveniencia, amparado por un Estado que, sin herramientas, pretendía ser grande, eficiente y estar presente. Enorme oxímoron.

La tierra arrasada convierte a la reconstrucción del Indec en una tarea larga y repleta de desafíos, donde las necesidades técnicas colisionarán con las políticas. Esperemos que la nueva administración esté a la altura de las circunstancias y aproveche la gran oportunidad que tiene para revertir esta triste historia y contribuir a que se haga justicia allí donde algunos se creyeron por encima de la ley.

El autor es economista jefede la consultora Elypsis

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