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Ordenan el "urgente" inicio del juicio por el asesinato de un policía

El Tribunal de Casación bonaerense requirió que no se dilate más el segundo juicio por el homicidio del subcomisario Jorge Gutiérrez, ocurrido en Avellaneda, en 1994

Lunes 22 de febrero de 2016
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El Tribunal de Casación bonaerense ordenó a la Cámara Penal de La Plata que inicie "en forma urgente" el segundo juicio por el asesinato del subcomisario de la policía bonaerense Jorge Gutiérrez, ocurrido hace casi 22 años cuando regresaba a su casa en un tren, en Sarandí. La víctima investigaba la posible vinculación de un depósito fiscal ubicado en la localidad de Avellaneda con la denominada "Aduana Paralela" por la que circulaban armas y drogas.

Los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini, de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, ordenaron a la Cámara platense que inicie sin más dilaciones el segundo juicio, suspendido el año pasado tras declararse la nulidad de la indagatoria del imputado Francisco Severo Mostajo, de 62 años, un mecánico que está en libertad.

"Se continúa retaceando a las víctimas su derecho a una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron en la ejecución de Jorge Omar Gutiérrez", dijeron los magistrados en el fallo, según informó la agencia Télam.

Para los jueces de Casación, la "pretendida protección de derechos del imputado -que de ninguna manera se advierten vulnerados- termina por desnaturalizar los de los damnificados, demorando una vez más su efectiva realización, ya reclamada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".

Sin embargo, la abogada defensora, Silvia Petroff, adelantó que apelará ante la Corte Suprema provincial la decisión de Casación porque en la indagatoria de 2009 a Mostajo "no se le detallaron las pruebas" en su contra. "Para nosotros la causa ya prescribió" debido a la dilación de la investigación, sostuvo la letrada.

La CIDH sentenció en 2013 al Estado argentino y dispuso que se debía indemnizar a la familia del subcomisario "por las violaciones de sus derechos humanos".

"La CIDH estableció que el proceso estuvo absolutamente viciado y que todo fue una farsa, por eso es que el primer juicio debe hacerse nuevamente y Mostajo tiene que ser juzgado cuanto antes", afirmó el abogado Luis Valenga, representante de Nilda del Valle Maldonado, viuda del subcomisario, de sus hijos y de sus dos hermanos, uno de ellos, el ex intendente de Quilmes Francisco Gutiérrez.

El principal sospechoso de haber efectuado el disparo mortal, identificado como Alejandro Daniel "Chiquito" Santillán, un cabo de la Policía Federal, fue absuelto en 1996 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

Disparo a traición

El hecho ventilado en ese debate, en un proceso en el cual aún no se encontró al culpable o los culpables del crimen, ocurrió el 29 de agosto de 1994, cuando Gutiérrez fue encontrado muerto con un tiro en la nuca en el vagón de un tren en la estación La Plata del ferrocarril Roca.

Según Valenga, el subcomisario había conseguido pruebas respecto de que en un depósito situado junto a la comisaría 2» de Avellaneda, en la que revistaba, circulaban drogas y armas. El jefe policial se había retirado cerca de la medianoche de la seccional y se dirigió en tren a su casa de Quilmes, pero a la altura de Sarandí fue abordado por dos hombres. "Santillán era integrante de la División Seguridad Ferroviaria y siempre estaba con Mostajo. Dos testigos los vieron hablar con Gutiérrez hasta que el cabo sacó un revólver con el que le dio un disparo en la nuca", sostuvo Valenga.

Esos testigos, llamados Alejandra Chumbita -pasajera del tren- y David Silva (un vendedor ambulante), señalaron en un primer momento a Santillán como el autor del disparo, aunque luego lo negaron.

Tres meses después del veredicto absolutorio, el vendedor dijo ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que había sido obligado a cambiar su testimonio debido a que había sido amenazado en una comisaría de Constitución.

La CIDH consideró que "la investigación y la causa penal realizadas con motivo de la ejecución extrajudicial de Gutiérrez estuvieron plagadas de irregularidades y omisiones por parte de los agentes estatales en la recaudación de prueba, en el seguimiento de líneas lógicas de investigación y en el análisis de los hechos del caso".

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