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Un operativo judicial contra Lula agrava la crisis política en Brasil

La policía lo llevó a la fuerza a declarar, bajo sospecha de que se benefició en la trama de corrupción de Petrobras; "me sentí un prisionero", dijo

Sábado 05 de marzo de 2016
Por momentos con furia y por otros con lágrimas, Lula enfrentó a la prensa en la sede del PT, en San Pablo
Por momentos con furia y por otros con lágrimas, Lula enfrentó a la prensa en la sede del PT, en San Pablo. Foto: AP / Nelson Antoine
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RÍO DE JANEIRO (De nuestro corresponsal).- Fueron casi cuatro horas que mantuvieron en vilo a Brasil. Sospechado de haberse beneficiado del colosal esquema de corrupción en Petrobras, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva fue sacado de su casa ayer a la mañana por la Policía Federal y llevado por la fuerza a declarar ante la justicia.

Se trató de un hecho inédito, que agravó la crisis política del gobierno de Dilma Rousseff y llevó tensión a las calles de San Pablo, donde seguidores y detractores del ex presidente se enfrentaron.

El terremoto político se inició poco después de las 6 de la mañana, cuando el rugido de los motores de la camionetas de los agentes federales despertó a los vecinos del edificio donde viven Lula y su esposa, Marisa, en San Bernardo del Campo, cerca de San Pablo.

Comenzaba así el operativo bautizado "Aletheia" (por el concepto filosófico griego de búsqueda de la verdad). Unos 200 policías participaron de allanamientos en varios lugares del país, ordenados por el juez federal de Curitiba Sergio Moro, que lleva adelante la ya célebre investigación del petrolão.

Lula, el carismático sindicalista que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y logró emplazar como sucesora a Dilma, fue trasladado de inmediato a la sede de la policía en el aeropuerto paulista de Congonhas. Allí, tranquilo, el ex presidente respondió a todos los requerimientos judiciales mientras agentes revisaban su vivienda, los departamentos de varios de sus hijos y el Instituto Lula.

Los fiscales del petrolão pusieron a Lula bajo la lupa luego de que descubrieron sospechosos gastos realizados por dos de las constructoras implicadas en la red de coimas de la compañía estatal Petrobras, OAS y Odebrecht.

Están en la mira un departamento en el balneario paulista de Guarujá y una casa de campo en Atibaia, interior del estado de San Pablo, a los que Lula solía ir con mucha frecuencia a pesar de no estar a su nombre. Los investigadores creen que estas lujosas propiedades fueron adquiridas por testaferros y sus reformas, pagadas por las constructoras en agradecimiento por favores.

"Hay evidencias de que el ex presidente Lula recibió favores surgidos del esquema de Petrobras por medio de la reforma de un departamento tríplex y de una finca en Atibaia, de la entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y del almacenamiento de sus bienes por una empresa de transportes", señaló el Ministerio Público del estado de Paraná en un comunicado.

"Lula, además de líder partidario, era el responsable final de la decisión de quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de los delitos. De hecho, surgieron evidencias de que los delitos lo enriquecieron y financiaron campañas electorales y la caja de su grupo político", agregó la fiscalía, en referencia al oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Se calcula que desde 2003 por lo menos unos 2000 millones de dólares fueron desviados de Petrobras por un esquema a través del cual directivos de la petrolera estatal y políticos oficialistas cobraban sobrefacturación y sobornos a grandes empresas que querían garantizarse jugosos contratos con la compañía.

Por el caso ya fueron detenidos más de una veintena de ex dirigentes de Petrobras, ejecutivos de las mayores constructoras de Brasil y algunas figuras políticas vinculadas al PT, como el ex tesorero del partido João Vaccari Neto; el publicista João Santana, gran estratega de las campañas electorales de Lula (2006) y Dilma (2010 y 2014), y el senador petista Delcídio Amaral, ex jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta.

Según explicó luego del interrogatorio a Lula el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, en Curitiba, las mismas constructoras que participaron del petrolão pagaron a Lula unos ocho millones dólares en forma de donaciones u honorarios por dictar conferencias.

"Los favores son muchos y difíciles de cuantificar", señaló el fiscal. "Nadie está exento de ser investigado en este país. Cualquiera en Brasil está sujeto a investigación cuando existen indicios de un delito", resaltó.

Lula saludó ayer a sus seguidores al regresar a su casa
Lula saludó ayer a sus seguidores al regresar a su casa. Foto: Reuters / Paulo Whitaker

Mientras Lula declaraba, afuera de su departamento, de su fundación y del aeropuerto de Congonhas se juntaron militantes petistas en señal de apoyo a su líder. La tensión en las calles aumentó cuando luego llegaron manifestantes opositores a Lula que empezaron a cantar consignas como "cárcel para el bandido". Estallaron enfrentamientos entre los dos grupos que dejaron por lo menos tres detenidos y dos heridos, y la policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos para dispersar a la muchedumbre.

Al terminar el interrogatorio, ya visiblemente indignado, Lula se dirigió a la sede del PT, en el centro de San Pablo, desde donde habló a sus seguidores.

"Me sentí un prisionero esta mañana. Creo que merecía un poco más de respeto en este país. Si querían escucharme, sólo tenían que llamarme y yo iba; no debo y no temo", afirmó el ex presidente, rodeado de simpatizantes vestidos de rojo que coreaban: "¡Lula, guerrero del pueblo brasileño!".

Lula prometió no bajar la cabeza y mantenerse firme en su defensa, mientras la dirigencia del partido calificó a Lula de "preso político", condenó el "show mediático" al que fue expuesto, y lo consideró una "agresión al Estado de Derecho".

Hasta ese momento, Dilma había mantenido un cauto silencio. Pero por la tarde emitió un comunicado a través del cual repudió las órdenes del juez Sergio Moro.

"Manifiesto mi integral disconformidad con el hecho de que el ex presidente de la república haya sido cometido a una innecesaria conducción coercitiva para prestar declaración", señaló la presidenta, que aprovechó para condenar una filtración que la había involucrado también directamente en el petrolão. Anteayer, la revista Istoé publicó el supuesto acuerdo de delación premiada negociado con la justicia por el defenestrado senador Delcídio Amaral, que a cambio de una reducción en su condena reveló que tanto Lula como Dilma habían estado al tanto de la red de sobornos en Petrobras, y los acusó de intentar bloquear las investigaciones judiciales del caso.

Dilma no había sido implicada hasta ahora en la trama, pero sí enfrentó un pedido de juicio político en el Congreso por haber manipulado las cuentas oficiales para esconder el déficit fiscal, y encara una investigación en el Tribunal Superior Electoral (TSE) por supuestos abusos políticos y económicos durante su campaña de reelección en 2014, que la oposición alega habría sido financiada con dinero desviado de Petrobras.

Todos estos problemas político-judiciales sumieron a su segundo mandato en una profunda crisis política que no le permitió encontrar una salida para la aguda recesión económica que vive el país desde el año pasado, con una caída del PBI del 3,8%, y una tasa de inflación y un índice de desempleo que rondan el 10%.

Encabezada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la oposición volvió a pedir ayer la salida de Dilma del poder por su incapacidad y la protección de aliados corruptos. Y reiteró el llamado de varios grupos cívicos para una "megamanifestación" contra la presidenta para el domingo 13 de marzo.

Al aplaudir la citación de Lula por la justicia, el senador Aécio Neves, presidente del PSDB, afirmó: "Es un paso definitivo para que los brasileños puedan acceder a la verdad que hace mucho tiempo se le oculta al país. Brasil merece conocer la verdad".

La policía federal, durante el operativo en la casa del ex presidente
La policía federal, durante el operativo en la casa del ex presidente. Foto: AP / Andre Penner

Portazo de los socialistas

El Partido Socialista Brasileño (PSB), que durante años fue uno de los principales aliados del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), anunció ayer su ruptura definitiva con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff ante el "deterioro ético" del país.

"Los hechos de los últimos meses vuelven evidente un escenario de deterioro ético que escapa a la normalidad", señaló la nota divulgada por Carlos Siqueira, presidente del PSB.

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