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El operativo a la fuerza, eje de una polémica

Los expertos están divididos sobre la legitimidad del traslado

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O' Globo
Domingo 06 de marzo de 2016
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RÍO DE JANEIRO.- Constitucionalistas y académicos del derecho criticaron la decisión del juez federal Sergio Moro de recurrir a la figura de "conducción coercitiva" de Luiz Inacio Lula da Silva para llevarlo a declarar. Muchos sostuvieron que es práctica de la justicia invitar al investigado a prestar declaración, y que sólo en caso de negativa o de incomparecencia injustificada, se emite la orden de "coerción".

Sin embargo, asociaciones de profesionales del derecho -jueces, abogados y fiscales- salieron en defensa de la 24» etapa de la "Operación Lava Jato".

La Asociación Nacional de Fiscales de la República defendió al juez Moro, al afirmar que la medida fue tomada "de forma justificada y absolutamente proporcional". Con una nota, la Asociación de Jueces Federales de Brasil rechazó las críticas contra la operación "Aletheia". Según esa asociación, fueron respetados "los derechos de amplia defensa y debido proceso legal, sin ninguna especia de abuso o exceso". También negó que la operación tenga un tinte político.

La "conducción coercitiva" es un instrumento legal que obliga al ciudadano a declarar ante la justicia y que se cumple con presencia policial. El objetivo es ayudar al juez en las investigaciones y no implica encarcelamiento. En su decisión, Moro justificó la medida como una forma de preservar el orden público, y citó como ejemplo el enfrentamiento entre simpatizantes y opositores de Lula del 17 de febrero en Barra Funda, San Pablo. En esa ocasión, estaba prevista la declaración del ex presidente en otro proceso que tramita la justicia paulista, pero fue cancelada a último momento.

"Al optar por la declaración mediante conducción coercitiva son menores las posibilidades de que ocurra algo así, ya que esas manifestaciones no parecen ser del todo espontáneas", escribió Moro. En el caso de Marisa Leticia, esposa de Lula, el pedido de conducción coercitiva fue denegado, porque el juez entendió que una testimonial programada, en ese caso, no causaría riesgo al orden público. Pero esa justificación no tiene consenso entre los académicos.

"La preservación del orden público es fundamento para una prisión preventiva, y no para la conducción coercitiva. Moro está haciendo una lectura inventiva, creativa de la norma, con signos de abuso de poder. Es como crear una categoría light de prisión preventiva. Eso no existe", dice Beatriz Vargas, profesora de Derecho Penal de la UnB.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurelio Mello también criticó al juez. "Yo sólo concibo la conducción coercitiva cuando el intimidado se rehúsa a comparecer. Es una figura legal. Basta con leer el Código de Procedimientos, donde dice que es un último recurso. Cualquier ciudadano puede ser intimado a prestar declaración. Pero imagínense si en vez de expedir el requerimiento, lo mandan a buscar por la fuerza", dijo.

El ministro también recordó que nada indica que Lula se haya negado a prestar declaración, y destacó que el fin no puede justificar los medios. "Cuando se prioriza el objetivo a ser alcanzado en detrimento de la ley, es el punto de partida de un ajusticiamiento, y eso no se ajusta al espíritu democrático de la Constitución."

Traducción de Jaime Arrambide

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