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El doble castigo de las mujeres en prisión

Un informe de la Defensoría General de la Nación da cuenta de las situaciones de violencia y discriminación que sufren las mujeres que están detenidas

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LA NACION
Martes 08 de marzo de 2016 • 14:17
Las mujeres presas sufren situaciones de violencia y discriminación
Las mujeres presas sufren situaciones de violencia y discriminación. Foto: Archivo

"Al maltrato que caracteriza al régimen carcelario, en el caso de las mujeres se suma también la violencia de género, que muchas veces se traduce en agresiones físicas y, otras tantas, en agresiones de carácter simbólico". Así lo manifiesta la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en la presentación del informe "Punición y Maternidad", que será presentado el próximo jueves.

El informe analiza la situación de particularidad vulnerabilidad que viven las mujeres detenidas, fundamentalmente las embarazadas y madres.

Entre otras cuestiones, el informe destaca los siguientes conflictos que viven esta mujeres:

En el caso de las mujeres detenidas que son madres, la destrucción del vínculo materno-filial constituye una "pena" anticipada para aquellas que esperan su juicio detenidas de modo preventivo, y una forma de "punición" añadida para las condenadas; penalidad que las trasciende y alcanza a sus hijos e hijas.

En los casos en que se les permite a las madres permanecer en prisión junto con sus hijas e hijos, no se consideran los efectos que las condiciones carcelarias pueden tener sobre ellos y sobre el ejercicio de la maternidad. En particular, en las severas consecuencias que produce la prisión en el desarrollo de las aptitudes físicas, mentales y afectivas de niños y niñas, ni en que la cárcel constituye un espacio absolutamente inadecuado para su crianza, dadas sus condiciones de violencia estructural.

"Existe una seria desproporción entre las penas que sufren las mujeres en el encierro carcelario y el daño producido por los delitos que se les atribuyen"
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El ejemplo paradigmático de este tipo de violencia específica hacia las mujeres se refleja en las requisas vejatorias a las que usualmente las internas son sometidas. Dichas prácticas se suelen trasladar a sus hijas e hijos cuando conviven con ellas en las cárceles o cuando las visitan.

Existe una seria desproporción entre las penas que sufren las mujeres en el encierro carcelario y el daño producido por los delitos que se les atribuyen

La vulnerabilidad de las mujeres presas se manifiesta de diversas formas: en la fragilidad que se registra ante los cambios originados en el contexto sociocultural por la prisionización, en el desamparo institucional, y en el debilitamiento de las relaciones interpersonales y familiares

Madres presas

Los hijos de mujeres presas también sufren el impacto de la privación de la libertad
Los hijos de mujeres presas también sufren el impacto de la privación de la libertad. Foto: Archivo

La privación de libertad de cualquiera de sus progenitores impacta seriamente en la relación filial [de los niños y niñas], pero los efectos que el encarcelamiento de una madre tiene en las familias son, en general, más devastadores que los que habitualmente se producen con el encarcelamiento de un padre.

Generalmente, las hijas y los hijos de personas encarceladas son discriminados y estigmatizados, y sus cuidadores, maestros y otras personas suelen brindarles menor contención que a los niños cuyos padres no están en la cárcel

La preocupación por sus hijas e hijos y la pérdida de la responsabilidad maternal son algunas de las causas que provocan una alta incidencia de problemas psicológicos, autolesiones y crisis de ansiedad entre las detenidas

La separación de las niñas y niños (que en la mayoría de los casos es casi total), y los padecimientos que ellos atraviesan tras el encierro de la madre provocan un alto costo que hace que la adaptación y la vida en la cárcel resulten especialmente difíciles para esas mujeres. Esto genera un pluspunitivo que en general no es reconocido por la ley ni considerado por las y los operadores judiciales.

La situación de las mujeres embarazadas genera una preocupación particular

"La situación de las mujeres embarazadas genera una preocupación particular"
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La situación de las mujeres embarazadas genera una preocupación particular, ya que las cárceles son per se un lugar inadecuado para garantizar el acceso a los recursos y atención especializada que ellas requieren, mientras que el alumbramiento en el encierro - por los niveles de ansiedad y estrés que genera- tiene directa incidencia en la salud física y emocional de los niños y niñas

Las reclusas embarazadas o que conviven con sus hijas e hijos en el penal deben enfrentar mayores dificultades que el resto de la población detenida, pues los servicios previstos para esos grupos no satisfacen todas las necesidades que presentan por la condición particular de ser gestante, estar en período de lactancia, o por los deberes que demanda la atención y cuidado de sus hijas e hijos

En el caso de quienes permanecen en la cárcel con sus madres, ese impacto es obvio, ya que padecen las mismas condiciones deficientes del encierro.

Las Reglas de Bangkok exigen que se tenga en cuenta de qué manera inciden el contexto y las historias de vida de las mujeres al analizar la comisión de un delito, así como las graves consecuencias que tendrá el encarcelamiento no solo en sus vidas, sino también en las de las personas que se encuentran -con frecuencia- bajo su cuidado.

En los casos de reclusas con hijas o hijos menores de edad u otras personas a su cargo, es preciso considerar, entre otras cuestiones, el impacto del encierro carcelario en su integridad psíquica y moral, dadas las serias secuelas que suele acarrear la prisionización para ellas y para su grupo familiar. En tales condiciones, la pena carcelaria podría configurar un trato cruel e inhumano.

Las Reglas de Bangkok recogen esta especial preocupación y contienen exigencias específicas en la atención de las necesidades especiales de las mujeres gestantes, y establecen, entre otras cosas, que "se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas. En caso de no prosperar medidas que no sean restrictivas de la libertad, el arresto domiciliario se presenta como una alternativa al encierro carcelario

Medidas alternativas

Distintos actores y mecanismos internacionales recomiendan a los Estados diseñar medidas de coerción y de ejecución de la pena alternativas a la privación de libertad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó la necesidad de implementar medidas ajenas a la privación de la libertad en casos de mujeres con responsabilidades familiares

La Comisión ha observado, por ejemplo, que en los hechos un alto porcentaje de las mujeres privadas de libertad que tienen niños a su cargo han sido detenidas por delitos no violentos, como el microtráfico de drogas

"Los Estados deben diseñar medidas de ejecución de la pena alternativas a la privación de libertad"
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Aunque el arresto domiciliario no constituye un cese de la detención cautelar ni su suspensión, configura una alternativa para situaciones especiales en las que el encierro carcelario es sustituido por uno domiciliario.

El arresto domiciliario es una respuesta que se ofrece frente a las afectaciones diferenciales que sufren las mujeres por motivos de género. De esta forma, se evita un tratamiento neutral en términos formales que, en los hechos, tiene consecuencias discriminatorias, si no se consideran las trayectorias y vivencias propias de las mujeres.

Mujeres extranjeras en prisión

Las reclusas extranjeras constituyen un grupo que, por sus condiciones particulares (falta de lazos afectivos y familiares cercanos, posible desconocimiento del idioma y del funcionamiento de las instituciones, hostilidad social por su condición de migrante, etcétera), está expuesto a una mayor vulnerabilidad

La intersección entre sexismo y racismo exacerba los problemas que comúnmente enfrentan las mujeres privadas de libertad y agrava las condiciones en las que viven el encierro

"Las mujeres extranjeras presas están expuestas a una mayor vulnerabilidad""
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Las Reglas de Bangkok también se ocupan de las afecciones específicas que afrontan las mujeres extranjeras, y las pertenecientes a grupos minoritarios o a pueblos indígenas. En cuanto a las primeras, la Regla 53 señala que, cuando existan acuerdos bilaterales o multilaterales, se estudiará la posibilidad de trasladar lo antes posible a las reclusas extranjeras no residentes a su país de origen, en particular si tienen hijas o hijos en él y ellas así lo soliciten. Con relación a las segundas, la Regla 54 prevé la necesidad de contar con programas y servicios que atiendan a las diversas tradiciones religiosas y culturales de esas mujeres.

Qué dice la legislación

Organismos de Derechos Humanos sugieren priorizar medidas alternativas a la privación de la libertad, sobre todo en el caso de las mujeres
Organismos de Derechos Humanos sugieren priorizar medidas alternativas a la privación de la libertad, sobre todo en el caso de las mujeres. Foto: Archivo

Los estándares internacionales referidos a la situación de mujeres privadas de libertad embarazadas o que son madres de niñas o niños pequeños se han introducido y reglamentado, parcialmente, en el ámbito nacional por medio de la sanción de la ley Nº 26.472. La norma introdujo modificaciones en el Código Penal de la Nación, en el Código Procesal Penal de la Nación y en la Ley de Ejecución Penal (ley Nº 24.660), que habilitan al juez a disponer el arresto domiciliario para las mujeres embarazadas, para las madres de niñas y niños hasta los cinco años de edad, o que tengan a cargo a personas con discapacidad.

Con las modificaciones introducidas, el derecho positivo argentino ha receptado parcialmente los estándares internacionales en la materia. En esa medida, ha demostrado una mayor sensibilidad en la temática y una vocación legislativa para solucionar el problema de las mujeres con hijas e hijos en prisión.

Sin embargo, la reforma no elude algunas críticas. Uno de los principales cuestionamientos es que parece conferir discrecionalidad al juez a la hora de otorgar el arresto domiciliario.

Otra de las críticas que podría formularse a la normativa es que solo prevé el arresto domiciliario para las madres de niñas y niños hasta los cinco años de edad. Es poco razonable estipular un límite -ya sean cuatro o cinco años-, cuando lo que fundamenta la previsión del arresto domiciliario en estos supuestos es la vulnerabilidad del niño o niña en razón de su edad, junto con la posible pérdida de vínculos con su madre y las consecuencias que ello acarrearía

La ley Nº 26.472 también puede ser cuestionada por no ofrecer respuestas explícitas para una serie de circunstancias especiales. A modo de ejemplo, no propone soluciones a la problemática de las mujeres extranjeras embarazadas sin residencia previa en el país o que tienen hijas o hijos menores de edad que se encuentran en el exterior.

Otro supuesto que no ha sido regulado por la ley Nº 26.472, cuya problemática resulta en algunos aspectos similar a la anterior, es el de aquellas mujeres que no cuentan con un domicilio o con un domicilio "adecuado" (según la visión judicial), en donde cumplir con su detención.

Interpretaciones estereotipadas

En ocasiones las solicitudes de arresto domiciliario son rechazadas por concepciones estereotipadas acerca del comportamiento que se espera de una "buena madre". Según estos prejuicios, las mujeres que se presentan en conflicto con la ley penal han sido desaprensivas con respecto al futuro de sus hijas e hijos, implican un "factor de riesgo", tienen una "personalidad" perjudicial, o significan un "peligro moral" para ellos.

Algunas investigaciones han señalado que cuando las mujeres cometen delitos son percibidas por las agencias de seguridad y por los propios tribunales como "niñas malas", es decir, como mujeres que se han alejado de la imagen (estereotipada) del "deber ser" femenino.

Las consideraciones acerca del modo en que las mujeres deberían ejercer su maternidad cuando no se afecten los derechos de las niñas y niños no encuentran asidero en nuestro ordenamiento jurídico. Por el contrario, parecen responder a un modelo de Estado de tipo perfeccionista y al deseo de ciertas operadoras y operadores jurídicos de imponer sus propias valoraciones morales por sobre los estándares de derechos humanos aplicables al caso.

El informe completo

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