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El resurgimiento parlamentario

LA NACION
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Carlos Pagni
Jueves 10 de marzo de 2016
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La derrota del peronismo determinó una nueva configuración de la política. Del monopolio de poder que ejerció Cristina Kirchner se pasó a un pluralismo cuya mejor expresión está en la Cámara de Diputados, donde la mayoría no está bajo control de bloque alguno. Esta descentralización es funcional y territorial. El Congreso vuelve a ser relevante y los gobernadores recuperan capacidad de decisión. En este contexto, si quiere alcanzar sus objetivos, Mauricio Macri debe administrar un paralelogramo de fuerzas en el cual ningún actor puede, por sí solo, fijar el rumbo colectivo.

Hoy en la Casa Rosada volverá a advertirse esta nueva escena. Los mandatarios provinciales serán recibidos por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y por el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, para analizar un nuevo acuerdo fiscal.

La clave del encuentro hay que buscarla en el Congreso. El Gobierno cree tener asegurada la derogación de las leyes que permita un acuerdo con los holdouts. Es, acaso, la única urgencia parlamentaria que tendrá durante el año. Dicho de otro modo, es la única casilla de peaje en la que el peronismo federal puede detener a Macri para arrancarle aquello que pretende: reducir la discrecionalidad en la distribución de los recursos. El ensayo previo de esta transacción tuvo lugar en Buenos Aires: los intendentes del PJ facilitaron la autorización del endeudamiento a María Eugenia Vidal, a cambio de la transferencia automática de parte de los nuevos créditos.

Los gobernadores ofrecen el mismo pacto. Gobernabilidad a cambio de autonomía federal. Por eso exigen que la Nación restituya a la masa coparticipable de impuestos el 15% que se deriva a la Anses. Macri aceptó una devolución progresiva en cinco años. Lo que parece un trueque burocrático encierra un problema central de los caudillos peronistas: cómo garantizarse los recursos para enfrentar a los candidatos que apoyará en sus distritos el gobierno nacional el año próximo. Detrás de la discusión sobre el reparto de la plata está el conflicto sobre el reparto de los votos.

Macri debe pulsear para que el PJ no logre su máximo objetivo: un país de provincias ricas y gobierno nacional pobre. Por eso para la reunión de hoy la Casa Rosada fijó varios criterios. Primero, que no participe el Presidente, quien, a lo sumo, pasaría a saludar; tampoco estaría el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Segundo, que la restitución del 15% siga siendo progresiva, aun cuando se flexibilice el plazo de cinco años. Tercero, para esa devolución se analizará caso por caso. Es decir, habrá una fórmula para cada distrito, considerando también la deuda que tenga con la Nación.

Macri estableció, además, un principio general para este debate: no aceptará que la oposición, en cualquiera de sus formas, obtenga sus conquistas tomando de rehén la ley que permitirá la salida del default. El Presidente transmitió un mensaje terminante: "No voy a suplicar que deroguen el cerrojo. Si se niegan, iremos a una economía de guerra, en la que lo primero que voy a cortar son los giros especiales a las provincias".

El primero en toparse con ese límite fue Sergio Massa. Ansioso como siempre, cometió el error de exigir en público la modificación de la escala del impuesto a las ganancias y el establecimiento del 82% móvil para los jubilados. Para establecer esas condiciones se asoció con Margarita Stolbizer. Pero no consiguió lo que se había propuesto. Además de chocar contra la rigidez de Macri, amenazó intereses de los gobernadores: el recorte en la recaudación del impuesto a las ganancias afecta los ingresos provinciales. Es el mismo inconveniente que planteó ayer el kirchnerismo al rechazar el decreto oficial para discutir un régimen más generoso en el recinto. Curiosa conversión: si algo caracterizó la gestión laboral de Cristina Kirchner fue el empecinamiento para cobrar a los trabajadores el impuesto a las ganancias. "Si no, la plata se la gastan en Miami", decía la ex presidenta.

La contradicción que contenía el pliego de Massa fue aprovechada por el peronista disidente Diego Bossio, quien se ha convertido en el puente entre Cambiemos y los caudillos del PJ en Diputados. El Gobierno terminó acordando con él el dictamen que se aprobó anteayer. Las concesiones a la oposición fueron algunos controles parlamentarios bastante redundantes. De todos modos, Massa obtuvo lo que pretendía: Frigerio le ofreció el Ministerio del Interior para que se exhiba como quien modera a Macri en nombre de "los intereses de la gente".

Para el Presidente, la derogación del cerrojo es estratégica. Le permite despejar la gran incógnita de su administración: si es capaz de gobernar con la oposición del peronismo. Es verdad que en este caso hay intereses convergentes. Sin salir del default es imposible obtener crédito internacional. Y sin crédito el ajuste fiscal sería severísimo y afectaría, sobre todo, a las provincias. Además, los mandatarios del PJ están expuestos a una amenaza siempre tácita: que Macri se sirva de su popularidad actual para recordar a la opinión pública el compromiso de esos caciques con el desaguisado que dejó Cristina Kirchner. El acuerdo Nación-provincias se sostiene en la ficción consentida de que el kirchnerismo fue una aberración que los peronistas debieron, indefensos, soportar. Igual que el menemismo.

El otro beneficio que obtiene Macri con el levantamiento del cerrojo y la superación del default es que podrá exponer su programa de financiamiento. Es decir: podrá explicar con mayor contundencia que su gradualismo es sustentable. Es la incógnita clave del programa de Alfonso Prat-Gay: despejada la incertidumbre fiscal se vuelve mucho más creíble que habrá una reducción de la emisión y, por lo tanto, un límite más severo a la inflación. Y a la expectativa devaluatoria. En la Casa Rosada apuestan a que el Congreso autorizará el pago de los holdouts en la última semana de este mes. Prat-Gay y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, ya están diseñando el bono que colocarán en el mercado para saldar la deuda en efectivo.

Para que el paisaje fiscal termine de aclararse falta completar los aumentos de tarifas. Quedan pendientes el del agua, el del transporte público y el del gas. Estaba previsto para el jueves, pero se postergó para abril por una razón previsible: el impacto que tuvo en las encuestas el ajuste en el precio de la luz. Esta normalización es crucial para que Macri supere uno de los aspectos más endiablados de la herencia kirchnerista: una crisis energética que, por el impacto de las importaciones de combustibles sobre las reservas, se convirtió en un drama macroeconómico. La discusión sobre este problema se reabre ahora por un episodio lateral: el alejamiento de Miguel Galuccio, el presidente de YPF.

Ayer Galuccio mantuvo una amigable reunión con Marcos Peña. Después se anunció que, a partir de abril, sus funciones se desdoblarán. Miguel Gutiérrez será el nuevo presidente. Gutiérrez acredita una brillante y extensa carrera internacional, que lo llevó, entre otras posiciones, desde la conducción de JP Morgan -tiempos en los que el economista jefe de esa casa en la Argentina era Prat-Gay- hasta la presidencia de Telefónica. Su retirada de ese cargo se produjo después de que, en un discurso pronunciado en IDEA el 30 de septiembre de 2004, defendió la calidad institucional y la seguridad jurídica. Néstor Kirchner lo entendió como una crítica a su gestión y pidió su relevo, razón por la cual Gutiérrez se integró al board internacional de Telefónica en Madrid. Gutiérrez es ahora director de YPF y tiene a cargo la búsqueda de un CEO, que fue el otro rol del "Mago", como se hacía llamar Galuccio.

La Casa Rosada ya tenía prevista la salida de este ingeniero desde hace tiempo. Los principales colaboradores de Macri, encabezados por Aranguren, impugnaron su gestión por tres razones principales. La primera es haber realizado inversiones desacertadas, orientándose a la extracción de petróleo, más que de gas. La segunda, haber sido generosísimo con los sindicatos petroleros, con consecuencias negativas para toda la industria: "Hoy la Argentina tiene un costo salarial en dólares superior al de Houston", apuntan en el Gobierno.

El tercer desacierto de Galuccio, según los técnicos del gabinete, habría sido asumir un elevado nivel de deuda, que obliga a un aumento permanente en el precio de los combustibles. El "Mago" alega que ese endeudamiento es razonable si se lo compara con empresas similares. Y si se tiene en cuenta que el Estado le debe 1000 millones de dólares. No considera, sin embargo, que YPF se beneficia, como todo el sector hidrocarburos, de un subsidio generosísimo para neutralizar la caída del precio internacional de los productos.

Galuccio se enteró de su relevo el lunes pasado. Se lo comunicó Aranguren. Se había resuelto el viernes, durante una reunión en Olivos, que encabezó Macri. La decisión tuvo allí un solo crítico: Ernesto Sanz. Además de una visión más positiva del comportamiento del "Mago", Sanz expuso un razonamiento político: "Deberíamos esperar a fin de año para sacarlo. De lo contrario, pagaremos el costo de todas las restricciones que deben ejecutarse desde YPF. Y le daremos al kirchnerismo el argumento, falso, de que los ajustes se hacen por haber echado al presidente que designó Cristina. Cuando todos sabemos que ellos lo querían sacar". En este detalle hay una coincidencia: todos reconocen a Galuccio haber evitado que la empresa fuera capturada por La Cámpora.

Aparte del debate técnico, en la Casa Rosada pretenden investigar los gastos de Doris Capurro en comunicaciones. También el sueldo de Galuccio es motivo de polémicas. Hay quienes lo critican por haberse llevado una montaña de dólares cuando lo contrataron. Para otros, sus honorarios son los habituales en una empresa como YPF. El contrato es uno de los problemas de su retirada. El Gobierno espera que renuncie para no pagarle los beneficios acordados para el caso de un despido.

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