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La Corte debe decidir qué juez sigue el caso

Un juez de Jáchal y otro federal se disputan el proceso por posible contaminación

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LA NACION
Viernes 11 de marzo de 2016
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La causa por la posible contaminación del ambiente que habría generado el derrame de un millón de litros de agua con cianuro en septiembre pasado en el río Potrerillos, en San Juan, aguas abajo de la mina Veladero, generó una contienda entre la justicia local de Jáchal y la federal de la Capital.

El juez Pablo Oritja, de la localidad sanjuanina, y el juez federal en lo Criminal y Correccional N° 7 de Capital Federal, Sebastián Casanello, reclaman la competencia en el caso. La decisión sobre quién atenderá la cuestión debe tomarla la Corte Suprema de Justicia, previo dictamen de la Procuración General de la Nación, conducida por Alejandra Gils Carbó, quien ya estaría analizando el expediente.

En las últimas semanas fue Casanello el que dictó varias medidas, con peritajes incluidos, que causaron gran revuelo en San Juan. Incluso se conoció un peritaje de la Policía Federal realizado después del derrame que detectó sustancias tóxicas en ríos sanjuaninos. "Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 [de residuos peligrosos], por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", sostiene el informe.

Esa causa está radicada en el juzgado de Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González. Además de participar en este caso, González es el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), la única especializada en la materia. En este expediente también se aceptó como querellantes a los vecinos reunidos en la asamblea Jáchal no se Toca y se exhortó a las autoridades provinciales y nacionales a que repartieran agua segura y alimentos a la población de esa localidad y del departamento de Iglesia.

Ayer se conoció un fallo de Oritja que toma la misma ley como base para su acusación. Él entendió que los nueve imputados actuaron de manera negligente, además de transgredir el artículo 56 de la ley nacional de residuos peligrosos, la 24.051, por eso los procesó. Ese artículo impone una pena de un mes a dos años de prisión en suspenso a quienes causen una adulteración peligrosa para la salud del agua, el aire o el suelo "por imprudencia o negligencia... o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas". Además, a cada uno de los procesados, cuatro de los cuales están desvinculados de la empresa, les trabó un embargo de 100.000 pesos. Entre ellos no figura el imputado en la causa de Casanello, Guillermo Caló, ex director ejecutivo de la Barrick.

Desde hace ocho años, la Corte tiene en análisis un expediente por incumplimiento de la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares por el proyecto Pascua Lama.

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