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Dan media sanción a un proyecto de ley que declara la emergencia en infraestructura bonaerense

Lo aprobó la Cámara de Diputados de la provincia; se extiende por un año; Vidal podrá ejecutar obras cualquiera sea el modo de contratación

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LA NACION
Jueves 17 de marzo de 2016 • 00:34
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LA PLATA.- Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que declara la emergencia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos del territorio, por un año.

La gobernadora María Eugenia Vidal busca con esta ley paliar el déficit existente en infraestructura y agilizar los trámites administrativos: podrá ejecutar obras y contratar la provisión de bienes y servicios, cualquiera sea el modo de la contratación.

Ministerios y demás entes podrán rescindir, renegociar, aumentar o bajar, hasta un 35 por ciento de las prestaciones y montos ofertados en los contratos por el contratista particular.

María Eugenia Vidal
María Eugenia Vidal. Foto: Archivo

Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer por un año la intervención de todos los entes, empresas y sociedades de propiedad exclusiva del Estado.

"Encontramos una Provincia devastada en materia de obra pública. Nos planteamos como objetivo invertir tres veces más con un ambicioso plan para obras hídricas, rutas y hospitales", dijo el diputado Manuel Mosca. "Para eso, estamos trabajando también para tener una ley nueva que nos permita acotar los plazos y que una ciudad no tenga que esperar 11 meses para que arranque una obra, mientras transcurre el largo proceso de licitación".

El proyecto original enviado por la gobernadora Vidal a la Legislatura fue modificado en la Cámara baja que creó una comisión bicameral de seguimiento, fiscalización compuesta por tres diputados y senadores, designados por los presidentes de Diputados y del Senado.

Ese organismo podrá pedir la información al Poder Ejecutivo, que deberá rendir cuentas cada dos meses sobre los procedimientos, contrataciones, obras y demás acciones que se encaren, con el fin esencial de evitar la "cartelización" empresarial en materia de obra pública.

La ley apoyada por mayoría del Cuerpo, autorizó a todos los ministerios, secretarías y entidades autárquicas, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios, cualquiera sea el modo de la contratación.

Propicia convenios de colaboración con organismos provinciales o nacionales, municipios, consorcios de gestión y cooperativas.

A ese fin, se podrán usar normas de excepción previstas en decretos, leyes, de contabilidad, obras públicas, expropiaciones, compras y contrataciones, pudiendo eximirse además del decreto ley relacionado con el Consejo de Obras Públicas.

Esos ministerios y demás organismos quedan exceptuados de publicar en el Boletín Oficial, pero difundirán en el sitio Web que determine la reglamentación de la ley, u otros órganos de publicidad.

Previo a la adjudicación de los contratos y por única vez en el proceso de contratación, el ministerio, secretaría o entidad autárquica, deberá dar cuenta de su actuación a los organismos de asesoramiento y control.

La Contaduría General, Asesoría General y Fiscalía, expedirán sus dictámenes en un plazo máximo de 7 días. Podrá requerirse su intervención simultánea remitiendo copia certificada del expediente a cada uno de esos entes provinciales.

Si esos organismos no remiten sus informes en el plazo fijado se entenderá que no existen objeciones, quedando el funcionario autorizado para continuar el trámite.

Se determina, asimismo, que todo procedimiento de contratación queda exceptuado también de la intervención obligatoria del Consejo de Obra Pública.

Ministerios y demás entes podrán rescindir, renegociar, aumentar o bajar, hasta un 35 por ciento de las prestaciones y montos ofertados en los contratos por el contratista particular.

Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer por un año la intervención de todos los entes, empresas y sociedades de propiedad exclusiva del Estado, medidas que deberán comunicarse a la Comisión Bicameral creada por la norma aprobada por Diputados.

Diputados también aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que convalida el tratado firmado en febrero último entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe, con el gobierno nacional vinculado con el manejo coordinado y racional de los recursos hídricos del noroeste de la llanura pampeana, como los del Río Quinto.

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