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El proceso de paz colombiano sufre una demora

PARA LA NACION
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Emilio Cárdenas
Jueves 17 de marzo de 2016 • 01:59
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Después de tres años de tan intensas como arduas negociaciones, existía una natural expectativa por la posibilidad de que el gobierno de Colombia y las FARC pudieran, como lo habían anunciado en septiembre pasado, suscribir el acuerdo final de paz el 23 de marzo próximo.

Ambas partes, sin embargo, acaban de confirmar que ello no ocurrirá, puesto que en las conversaciones bilaterales que se desarrollan en La Habana aún no se han alcanzado todos los consensos que se requieren respecto de los temas pendientes.

Lo cierto es que todos creen, con razón, que no deben firmar un "mal acuerdo" apretados por plazos que ciertamente pueden prorrogarse. Pese a la presión política que de alguna manera ejerce la inminente visita a Cuba del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

En rigor, no estamos frente a una sorpresa mayúscula desde que, en su visita a Washington de febrero pasado, el propio presidente Juan Manuel Santos había ya insinuado que esta demora podía llegar a suceder.

No obstante, el 23 de marzo podría eventualmente haber algún anuncio, aunque sólo sobre temas particulares, como: el cese definitivo del fuego, el proceso de desarme de la guerrilla y la determinación de las zonas de concentración de las fuerzas insurgentes con ese propósito. Además de lo relativo a la mecánica que finalmente se utilizará para refrendar lo que finalmente resulte acordado. Para esto los negociadores permanecerán en sesión continua, hasta por lo menos el 23 de marzo.

"El apoyo de la opinión pública colombiana al proceso de paz todavía es aparentemente débil"
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Hay quienes sugieren que existe también otro factor a considerar, que no debe dejarse de lado. Me refiero al apoyo de la opinión pública colombiana al proceso de paz. Que todavía es aparentemente débil.

Nada menos que el 57% de los entrevistados por los encuestadores considera que las negociaciones "van por mal camino". En cambio, hay un 37% que cree que ellas avanzan razonablemente bien. Esto, como era de suponer, se refleja además en el nivel de apoyo popular al presidente Juan Manuel Santos. Hay nada menos que un 69% de los colombianos que hoy desaprueba abiertamente su gestión. Esa es la cifra más baja de apoyo desde agosto del 2013. En diciembre pasado esa cifra era del 52%. Mal momento para la popularidad del presidente Santos, entonces.

No hay, hasta ahora al menos, otra fecha de cierre fijada. Pero, cuidado, la situación está muy lejos de sugerir que el proceso se ha interrumpido. No es así. La propia guerrilla comunista está diciendo públicamente que espera que, para fines de año, puede admitirse que "la guerra terminó". Hablamos de poner fin a nada menos que medio siglo de enfrentamientos violentos que han lastimado -muy profundamente- al pueblo colombiano.

Los temas aparentemente ya acordados no son menores: el problema rural; los cultivos ilegales con los que las FARC se financiaran; la imprescindible reparación a las víctimas; la participación del comunismo en el mundo de la política; y la justicia transicional.

Ellos dejan y dejarán lecciones que seguramente trascenderán a Colombia. Porque, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes, en Colombia ambas partes han respetado -como corresponde- las normas de las Convenciones de Ginebra que regulan las conductas en los conflictos armados internos y definen los delitos de lesa humanidad que las partes (todas) puedan haber cometido durante los mismos y las responsabilidades consiguientes. A lo que cabe agregar que las FARC no sólo han pedido específicamente perdón (frente a sus víctimas, que fueron protagonistas centrales de las negociaciones) por sus crímenes sino que, además, se han comprometido a no repetirlos y a repararlos. No es poco.

Por el momento las hostilidades armadas entre las FARC y el gobierno de Colombia se mantienen sustancialmente dentro de lo que podría definirse genéricamente como una suerte de "tregua de hecho", no totalmente hermética. Pero el ELN sigue en el camino de la violencia, así como algunos grupos paramilitares que lo enfrentan.

Colombia, por lo demás, está ya trabajando activamente en el llamado "post-conflicto", tema de una quizás insospechada envergadura que requerirá contar con recursos y esfuerzos importantes, aunque más no sea porque la guerra civil colombiana ha generado más de seis millones de personas que revisten la condición de "desplazados internos".

Como novedad, muy positiva a mi modo de ver las cosas, el partido del ex presidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático -que nunca estuvo a favor de las negociaciones de paz en curso- por primera vez se ha plegado al resto del espectro político colombiano al sumar -sin mayores condiciones- su apoyo a conceder el visto bueno unánime a la ley del Congreso que, como cuestión de orden público, confiere al presidente Santos la facultad de decretar cuáles serán las zonas de concentración de los guerrilleros de las FARC a efectos de su desarme y para hacer el inventario de las armas en su poder.

Esta actitud parecería dejar atrás la polarización constante que hasta ahora había prevalecido a nivel del Poder Legislativo. Es una buena señal.

La norma mencionada también apodera al presidente de Colombia para suspender las órdenes de captura contra los guerrilleros que todavía están en vigor. Las referidas zonas de concentración, cabe señalar, no deberán estar próximas a los centros urbanos, ni a las zonas de frontera. Ni estar emplazadas en aquellos rincones de Colombia en los que aún hay cultivos ilegales o donde se realizan tareas de minería subrepticia.

Las partes, frente a la realidad descripta, deberán esforzarse por mantener el ritmo de trabajo como hasta ahora o acelerarlo. Y por hacerlo visible, para evitar que alguno pueda pensar en aquello tan conocido de que "por la calle del después, se llega a la plaza del nunca".

Todo sin embargo parece indicar que la intención clara de ambas partes es la de seguir avanzando decididamente en dirección a la paz, sin pausas. Frente a la demora, la región debería, creemos, mantener su apoyo y solidaridad a todo lo que permita culminar con éxito las negociaciones de paz.

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