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Todos contra todos: más protestas y maniobras judiciales en Brasil

Mientras el Lula asumió, hubo incidentes entre seguidores del gobierno de Dilma y opositores; el oficialismo pedirá la sanción del juez Moro y Cunha reactivará el proceso de impeachment

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LA NACION
Jueves 17 de marzo de 2016 • 10:00
Ayer, miles de brasileños salieron a la calle tras el anuncio de la designación de Lula en el gobierno
Ayer, miles de brasileños salieron a la calle tras el anuncio de la designación de Lula en el gobierno. Foto: Reuters
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RIO DE JANEIRO.- Después de una noche agitada por la ola protestas espontáneas en contra de la designación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de Gabinete de Dilma Rousseff, los brasileños se despertaron expectantes a cómo continuará la saga que ha hundido al país en el caos político en medio de la peor recesión en 85 años.

Bien temprano, el Palacio del Planalto confirmó que la toma de posesión de Lula sería hoy mismo, a las 10 de la mañana, mientras grupos pro-gobierno y contra la presidenta Rousseff anunciaron nuevas manifestaciones. En el entorno de la sede de gobierno brasileño, donde el ex mandatario era esperado, ya hubo algunos enfrentamientos entre simpatizantes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y personas que exigían la renuncia de Rousseff.

Es que al ser nombrado ministro, Lula adquiriría inmunidad frente a la Justicia de primera instancia y su arresto sólo podría ser autorizado por el Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde Curitiba, el juez Moro es quien encabeza las investigaciones por el multimillonario esquema de corrupción que imperó en Petrobras. Lula está bajo sospecha de haberse beneficiado de los sobornos pagados por grandes constructoras a ex directivos de la petrolera estatal y políticos oficialistas a cambio de jugosos contratos con la compañía. La semana pasada, el Ministerio Público del estado de San Pablo ya había pedido la prisión preventiva del ex presidente (2003-2010) tras acusarlo de ocultamiento de patrimonio y falsificación de documentos oficiales en el caso de un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá que habría sido pagado por la constructora OAS para la familia de Lula; por su parte, los fiscales de Curitiba también lo investigaban en relación a una chacra en Atibaia, en el interior de San Pablo, que recibió costosas reformas a cargo de la constructora Odebrecht; ambas compañías están ya incriminadas en el escándalo del "petrolão".

Desde que anoche decenas de miles de personas salieron a las calles a pedir la renuncia de Rousseff y a repudiar a Lula, el gobierno intentó de todas las maneras posibles dar una explicación a las comprometedoras grabaciones telefónicas. Primero, aclaró que cuando Rousseff señaló que el certificado de la designación de Lula debería ser utilizado "en caso de necesidad" se refería a la eventualidad de que Lula no pudiera estar presente en el juramento, y que se lo había enviado para que lo firmara. Luego, se quejó de que la orden de Moro para intervenir los teléfonos de Lula había terminado ayer a las 12.18 del mediodía, pero la conversación que fue usada como prueba del "blindaje legal" era de las 13.32.

En un comunicado, la Policía Federal rebatió las críticas explicando que la orden del magistrado había sido de unos 45 minutos antes pero que la compañía telefónica que brindó las grabaciones sólo había recibido la comunicación más tarde e incluyó en su envío a la policía todas las cintas hasta ese momento. Moro ya adelantó que enviará las escuchas al STF como prueba de que la presidenta Rousseff intentó obstruir la Justicia mediante la designación de Lula como ministro.

Por su parte, el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, indicó que también pedirá al STF que se investigue a la jefa del Estado así como al ex presidente Lula.

Estos convulsionantes acontecimientos llegaron casi al mismo momento en que en la Corte Suprema se definió ayer el "rito" para el proceso de impeachment de la presidenta. En diciembre, la Cámara de Diputados había iniciado los trámites para enjuiciar a la mandataria por adulterar las cuentas públicas con el fin de esconder el déficit fiscal, lo que representa un crimen de responsabilidad según lo estipulado por la Constitución. Sin embargo, el STF intervino a último momento y alegando fallas en los procedimientos dejó en suspenso el impeachment. Hasta ahora.

Con las nuevas reglas establecidas, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, autodeclarado enemigo del gobierno y él mismo bajo investigación por el "petrolão", afirmó que hoy volverá a la carga con el impeachment. El primer paso sería la creación de una comisión especial de juicio político que debe estar integrada por 65 diputados.

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