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Vergonzosa búsqueda de impunidad para Lula

La designación por Dilma Rousseff del ex presidente brasileño, investigado por corrupción, como jefe de gabinete fue una decisión tan torpe como cínica

Viernes 18 de marzo de 2016
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Con el tan lamentable como evidente objetivo de garantizarle algún tipo de impunidad al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva -asediado por acusaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y falsificación de documentos- la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, acercó su país al caos, al designarlo recientemente como jefe de la llamada Casa Civil, una suerte de jefe de Gabinete e interlocutor central del Poder Ejecutivo con el Parlamento. Su designación, que desató una nueva ola de protestas callejeras, ha tenido el propósito de sustraerlo rápidamente de la jurisdicción del juez federal de Curitiba, Sergio Moro, quien estaba presumiblemente a punto de ordenar su detención, y de que el ex mandatario tenga la posibilidad de reclamar para sí el fuero privilegiado del Tribunal Superior de Brasil.

La decisión de Dilma Rousseff, tan audaz y perversa como cínica, fue suspendida velozmente, como resultado de una expedita medida judicial notificada al gobierno de Brasil tan sólo 40 minutos después de la asunción del cargo por parte de Lula. La oportuna difusión previa de una escucha telefónica referida a una vergonzosa conversación mantenida pocas horas antes por ambos políticos brasileños había revelado a la sociedad toda cuál era el propósito real de la designación de Lula: conferirle inmunidad e impunidad.

Como era de suponer, la afrenta presidencial al Estado de Derecho provocó una rápida y masiva reacción de indignación en todo el territorio brasileño. En primer lugar, porque, sin perjuicio de los mañosos disfraces, estamos frente a una obvia interferencia del Poder Ejecutivo en el ámbito propio de la justicia de Brasil, que afecta seriamente la gobernabilidad del país y deteriora la estructura central del sistema democrático, al poner los intereses partidarios -y las amistades personales- por sobre los intereses permanentes del país.

En segundo término, porque procura obstaculizar, si no frustrar, la investigación que está en curso por parte del mencionado juez Moro, quien el domingo pasado recibió el apoyo de inmensas manifestaciones que estallaron en casi todas las principales ciudades de Brasil, a las que se tienen como las mayores protestas de la historia política brasileña reciente.

La obstaculización de la acción de la justicia mediante una deplorable maniobra política configura un acto de enorme gravedad. No resulta extraño que lo sucedido haya actuado como un catalizador de la veloz conformación de la comisión de la Cámara baja que llevará adelante el juicio político contra la presidenta Rousseff.

Algunos en el Partido de los Trabajadores sostienen que, con el regreso de Lula al poder, Brasil podría ahora estar frente a un giro hacia la izquierda en la política económica, destinado a desplazar el eje de las controversias que dividen a la sociedad brasileña y, al propio tiempo, a distraer respecto de las investigaciones sobre la extendida corrupción que afectan tanto al país y dan cuenta de la virtual conformación de una estructura de corrupción sistémica.

Por sus alcances, el intento de desviar la atención pública ha sido calificado por la más alta dirigencia del sector industrial de San Pablo como "un golpe contra la nación brasileña".

Atento lo que sucede en Brasil y teniendo en cuenta el dramatismo que han tomado los acontecimientos, el presidente venezolano Nicolás Maduro salió presuroso en defensa de Dilma Rousseff y Lula da Silva, lo que es toda una señal. Lo hizo repudiando aquello que -en su particular forma de ver las cosas- califica como un presunto "golpe mediático-judicial".

Está claro que, para quienes recelan de la independencia de los jueces y sólo los conciben como sumisos agentes del Poder Ejecutivo, a lo que frecuentemente suman un fuerte resentimiento respecto de los medios periodísticos independientes, la frase de Maduro parece resumir un modo tan peculiar como autoritario de ver las cosas.

Lo que está en juego es nada menos que tratar de desterrar la profunda corrupción que azota a Brasil, objetivo que procura evitar que la actividad política sea apenas un capítulo más del crimen organizado.

En momentos en que en la propia Argentina avanzan investigaciones muy parecidas en materia de corrupción que parecen afectar a las figuras centrales de la administración pasada, los sucesos brasileños deben ser seguidos de cerca. Porque pueden ayudar a que se consolide en la región una necesaria corriente moralizadora, en procura de poner coto a la corrupción y devolver a la política las pautas éticas centrales que nunca debieron abandonarse. La política no debe ni puede parecer una forma de hacer negocios subalternos a espaldas del pueblo, al que se traiciona cuando las gestiones de gobierno terminan enriqueciendo a quienes, en rigor, son esencialmente tan sólo servidores de la sociedad toda.

No es imposible que la inmensa gravedad que esconde la torpe designación de Lula da Silva en el gabinete de Dilma Rousseff termine acelerando los tiempos de una crisis profunda, extendida y compleja que viene debilitando a Brasil y genera inquietud dentro y fuera de sus fronteras.

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