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Prohibir los despidos desalentará el empleo

Los proyectos legislativos para declarar la emergencia laboral y aumentar fuertemente las indemnizaciones tendrán un efecto contrario al buscado

Jueves 14 de abril de 2016
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Dos proyectos de ley para declarar una emergencia laboral se encuentran en análisis de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. El presentado por Facundo Moyano, del Frente Renovador, propone prohibir los despidos por 180 días. El otro, elaborado por otro diputado de extracción sindical, como Alberto Roberti, propicia su prohibición por 12 meses. En ambos casos no estaría contemplada excepción alguna en el sector público. Y si en el sector privado se produjeran despidos por una circunstancia de fuerza mayor, Moyano propone duplicar la indemnización, mientras que Roberti postula que sea dos veces y media la que correspondería normalmente.

Una propuesta semejante fue apoyada por los líderes de tres centrales sindicales -Antonio Caló, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo- que se reunieron ayer en Olivos con el presidente Mauricio Macri.

La intención voluntarista de pretender cambiar por una ley o un decreto los acontecimientos que impone la realidad siempre termina en consecuencias no deseadas, más perjudiciales que el objetivo perseguido.

Un ejemplo fue el todavía recordado congelamiento de los alquileres y la prohibición de desalojos durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Se favoreció a los que ya eran inquilinos y se arruinó a los propietarios, pero también a los potenciales locatarios, por cuanto se desplomó la inversión en viviendas para alquilar y nadie quería aceptar un inquilino nuevo. De esta forma, se perjudicó a cientos de miles de personas y de nuevas familias a las que se les hacía imposible adquirir una vivienda. Por otro lado, se empobreció a quienes habían invertido sus ahorros en inmuebles.

La prohibición del despido o su encarecimiento desmedido crearían una prevención de los empleadores a contratar nuevo personal o siquiera a reemplazar a los que renuncien o se retiren.

De esta manera, aparentemente se beneficiaría a los que ya están trabajando, pero se castigaría a quienes estén desempleados, ya que les resultaría mucho más dificultoso salir de esa situación.

En alguna medida, este efecto se puede visualizar en el resultado de las diferentes políticas de protección del empleo en distintos países. En los Estados Unidos, el despido no tiene costo y es libre, a excepción de que se produzca por motivos asociados con discriminaciones de tipo racial o religioso. En compensación, hay un seguro de desempleo elevado eficiente. En Europa, por el contrario, existe en general una política de protección frente al despido, que le genera un costo al empleador. La tasa media de desempleo en los últimos cinco años fue del 5% en los Estados Unidos; del 9,5% en Francia, y del 16% en España. Históricamente, siempre se mantuvo una relación similar.

Cuando las empresas de un país deben previsionar sumas importantes para eventuales despidos, de alguna forma reducen el nivel real de los salarios para evitar que sus costos laborales no les impidan competir. Esto deberían saberlo los políticos y legisladores cuando propugnan cambios en los regímenes laborales para favorecer a los trabajadores, con el supuesto de que el dinero para solventarlos viene del aire.

En épocas de crisis deben evitarse, con más razón, estas rigideces y sobrecostos. Si lo que se pretende es una política laboral de promoción del empleo, deberían estudiarse mecanismos de flexibilización y, particularmente, la descentralización de las negociaciones de salarios y condiciones de trabajo, privilegiando los acuerdos a nivel de empresa.

Debe ponerse todo el empeño en promover la inversión, que es el único camino para crear empleo genuino y mejorar los salarios. El gobierno de Macri se ha movido en esa dirección en su esfuerzo por salir del default y retornar a los mercados internacionales de capital. El costo del dinero seguramente se reducirá en beneficio de la inversión, aunque también deberá disminuirse el gasto público como condición necesaria para asegurar un horizonte fiscal de equilibrio. Sólo de esta forma se logrará vencer el desempleo, la inflación y la pobreza, que algunos creen poder resolver mágicamente con viejas recetas populistas.

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