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La hora de la reforma política

Urge transformar nuestro degradado sistema electoral en un mecanismo moderno, transparente y verdaderamente respetuoso de la voluntad popular

Lunes 09 de mayo de 2016
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Con la exitosa vuelta de página dada por el gobierno nacional al sacar a la Argentina del default, son numerosos los temas que pugnan ahora por ocupar los primeros puestos de la agenda política. Sin duda, la inflación, la generación de empleo genuino, el combate contra el narcotráfico y el delito en general siguen siendo prioridades. Pero hay otro tema que fue uno de los ejes de la última campaña electoral y que también ocupa un lugar especial en la consideración general: la reforma política y electoral.

En el núcleo de ese cambio, cuyo proyecto de ley se estima que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso durante el mes actual, figuran como prioridades la instrumentación de una boleta única electrónica, el cambio en la autoridad de aplicación de los procesos electorales, la obligatoriedad de los debates presidenciales y la regulación del uso de la cadena nacional para que se la prohíba durante las campañas electorales. Podría decirse que esos temas constituyen la esencia de la reforma, cuya discusión puede derivar, incluso, en la sanción de leyes complementarias y en un pacto federal con los distritos, pues hay cuestiones que hacen a la decisión soberana de las provincias.

Desde ya, el reemplazo del vetusto sistema de elección con boleta de papel, con la enorme burocracia que genera -no exenta de sospechas de fraude, robo de urnas y de parcialidad de quienes han tenido a su cargo los escrutinios-, es un tema clave. Entre otras cuestiones, debe ser definido con prontitud pues, de establecerse una boleta única electrónica, se necesita tiempo para encarar todo el proceso de prueba, instrumentación y desarrollo y, también y muy especialmente, para llevar adelante una completa y clara campaña de concientización, ya que una cosa es ponerlo en práctica en una zona urbana y otra muy distinta es hacerlo en parajes del interior profundo donde el contacto con las nuevas herramientas tecnológicas es escaso, cuando no inexistente.

Con vistas a la reforma política y electoral, el Gobierno ya realizó una serie de reuniones con presidentes de partidos políticos, con ministros de gobierno de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con miembros de la Cámara Nacional Electoral y jueces electorales de todo el país. En el encuentro con los magistrados, uno de los planteos giró en torno de la necesidad de analizar en profundidad si realmente se quiere reemplazar a la Dirección Nacional Electoral por un ente autónomo como autoridad de aplicación de los procesos electorales. Y, también, que la ley garantice un estricto control sobre qué tipo de tecnología y software serán usados en caso de optarse por la boleta electrónica.

Una de las cuestiones que también impulsa el Gobierno es la limitación de las reelecciones provinciales y la unificación del calendario electoral. Cabe recordar que el año pasado, sólo en la Ciudad de Buenos Aires hubo seis convocatorias a elecciones. Es en ese punto que se trata de llegar a un acuerdo federal, a una adhesión voluntaria de las provincias, ya que algunas tienen prohibido por leyes locales unificar sus elecciones.

Lejos de agotarse en esos temas, la reforma en cuestión promete una larga discusión parlamentaria. Por ejemplo, la diputada nacional Carla Carrizo (UCR-Ciudad de Buenos Aires) presentó un par de proyectos de ley que plantean otras exigencias. Uno propone regular la sucesión parlamentaria para que, ante el fallecimiento o renuncia de un legislador, lo reemplace su suplente y no quien le sigue en la nómina de titulares. La intención es que el escaño vacante se ocupe con una persona del mismo partido de quien lo abandona. Se trata de un largo debate, nunca cerrado, en el Congreso. Sucede que, como consecuencia de los cada vez más constantes hechos de "transfuguismo" y de la enorme fragmentación política distrital, muchos partidos y alianzas se han quedado con menos bancas de las obtenidas como resultado de la voluntad popular.

La segunda iniciativa propicia lo que se denomina "premio a la competitividad", que consiste en favorecer con mayor financiamiento a alianzas y partidos que usen las PASO para dirimir candidaturas. En rigor, ésa debería ser su finalidad, pero la propia ley que impulsó en su momento el kirchnerismo no ha servido siempre para ofrecer a la ciudadanía un menú de opciones entre las cuales elegir. El propio Frente para la Victoria, en el orden nacional, ha concurrido a primarias con una fórmula única presidencial en 2015 violando su propio proyecto.

Entre otros temas por considerar figura la eliminación de la ley de lemas, aunque ello también depende del pacto federal al que pueda arribarse en pos de la transparencia de los comicios en todo el país. Hoy tres provincias mantienen ese injusto sistema que termina ungiendo ganador a quien individualmente no obtuvo la mayor cantidad de votos. Ocurrió, por caso, con Alicia Kirchner, quien finalmente se alzó con la gobernación santacruceña, distrito donde el tema ha sido judicializado. En Formosa y Misiones también rige ese sistema, utilizado para que un frente presente varios candidatos -o listas "colectoras"- de modo de que entre todas sumen votos para un mismo lema.

Si bien no hay plazos taxativos para concretar todo este proceso, no hay duda de que urge producirlo rápidamente. Como ya hemos dicho desde estas columnas, la reforma política y electoral es mucho más que la respuesta a una promesa de campaña: es una necesidad impostergable para que nuestro degradado sistema se transforme en un mecanismo moderno, transparente y respetuoso de la voluntad popular.

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