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La cátedra y la calle

Premiado por su trayectoria, el prestigioso constitucionalista ha tonificado la prédica por la libertad de prensa en el país, y su opinión subyace en muchas de las conquistas obtenidas en este asunto crucial para la vida democrática

Miércoles 22 de junio de 2016

Palabras del autor al presentar, anoche, al doctor Gregorio Badeni en el acto en que la Legislatura de la ciudad lo declaró Personalidad destacada de las Ciencias Jurídicas

La Legislatura de la ciudad de la que soy vecino me ha invitado a presentar al ciudadano a quien declara formalmente en este acto Personalidad destacada de las Ciencias Jurídicas. He recibido esa invitación con la alegría que expresé en su momento y con los prejuicios que paso a revelar ahora.

Como sentimiento anterior a esta decisión de la Legislatura, debo decir que mantengo con el doctor Gregorio Badeni una larga amistad. La abonan motivaciones morales y afinidades suficientes para sentirme honrado por esa larga relación. Hay, además, otra valoración de vieja data. Concierne al rasgo singular que lo define. Es el de la generosidad con la cual se entrega a quienes aguardan el consejo jurídico y político institucional que él pueda impartir. Creo no haber conocido otro caso igual en que la laboriosidad y la velocidad se aúnen en grado tan llamativo y sin mengua de las habilidades reflexivas. Más de una vez me he preguntado si el límite inexorable de que todo día haya de contar con 24 horas, salvo contingencias mínimas que fundamentan los cosmólogos, rige para quien no pospone nunca una consulta, nada dilata en el tiempo de su trabajo pese al asedio al que lo sometan.

Hace treinta años, en la asociación que nuclea a los diarios, periódicos y revistas de todo el país bajo el nombre de ADEPA, entendimos que era el momento de contar con un asesoramiento jurídico permanente. Los argentinos teníamos (y tenemos) en la Constitución Nacional un baluarte del carácter estratégico del derecho a la libertad de prensa, pero la jurisprudencia vacilaba en exceso. Se me encargó hallar al jurista indicado para la batalla por el cambio.

Por intercesión del destacado laboralista que fue José Luis Caputo, ex presidente como Arturo Frondizi y como Carlos Fayt de la antigua Asociación de Abogados, pedimos una opinión al doctor Alberto Antonio Spota. "No lo duden –dijo el maestro–. Acudan al doctor Gregorio Badeni. No tiene más de 45 años, y como constitucionalista, no sólo es catedrático; es también excelente abogado. Hablaré con él."

ADEPA fue fundada en 1962 para defender la libertad de prensa, conquista que debe reasegurarse a diario. Las acechanzas de riesgo abundan. Anidan en las esferas concomitantes en que se conjuga algún tipo de poder, pleno o limitado, con origen en la legalidad institucional desbarrada o entre en las sombras más siniestras de la sociedad, donde se enseñorean las mafias. La última mafia en hacerse sentir contra la prensa ha sido el narcotráfico. Resistiremos. Cuando la libertad de prensa es agredida, sabemos que el hecho reviste gravedad institucional. Si el agravio se judicializa cabe por eso dejar expedito el recurso que conduzca, en última instancia, a la intervención de la Corte Suprema.

ADEPA necesitaba, pues, de un constitucionalista de primer orden. Debía tratarse de alguien consustanciado con la teoría del poder, que conociera a fondo la Constitución como sustento legal de gobiernos y del desenvolvimiento de las instituciones. Se requería un candidato experimentado en las condiciones fácticas a las que la realidad somete día tras día al ejercicio de informar e interpretar lo que sucede, y con la tolerancia liberal de quienes amparan aun a aquellos que sustentan otras ideas que las propias. En las palabras de introducción de Spota se anticipaban las cualidades del constitucionalista que no sólo preside el Servicio de Orientación Legal de ADEPA, sino que ha sido investido, en reconocimiento a su labor inmensa, como miembro honorario de la institución. Lo que no sabíamos de "Goyo", al momento de vincularse con ADEPA, era que en su adolescencia de pupilo en el Colegio Marín había incursionado en el periodismo clandestino. Lo había hecho en San Isidro como distribuidor de un inquietante panfleto, redactado por dos religiosos: "El Cocodrilo", que se editó hasta septiembre, en los turbulentos meses de 1955.

Las cualidades de las que había hablado Spota referían al modo en que han convergido, en una misma personalidad, la devoción por los estudios del derecho constitucional y el ejercicio empírico de abogar, aprendido al lado de Alberto Molinario, por justicia y libertad. Reunión, pues, de la cátedra y la calle. En su Tratado de derecho constitucional, Badeni ha dejado constancia de gratitud a quienes distingue como maestros en esa disciplina: Segundo Linares Quintana, en primer lugar, y luego, Juan Aguirre Lanari, Alberto Rodríguez Galán, Germán Bidart Campos, Mario Justo López, Alberto Rodríguez Varela, Carlos Fayt.

Badeni ha sido continuador de Linares Quintana en la escuela por aquél abierta entre nosotros, de traer la ciencia política al estudio del derecho constitucional, de imbricar el análisis del orden y la evolución de los asuntos políticos con el estudio del ordenamiento normativo fundamental. Ahí ha estado la clave para modernizar la teoría del Estado con una visión dinámica aplicada a los estudios constitucionales. Fue la manera de consagrar lo que el gran maestro alemán Karl Loewenstein predicaba en la primera parte del siglo XX: toda teoría de la Constitución debe contemplar necesariamente el espíritu de la propia época.

Desde El pensamiento político francés en vísperas de la caída del Imperio Napoleónico, el primero entre sus libros, Badeni ha producido una obra caudalosa, casi abrumadora para quien siga en actualizado detalle la evolución del derecho constitucional. Además de libros, entre los que descuella el tratado, una veintena de folletos y casi seiscientos artículos especializados.

Badeni es abogado por la Universidad de Buenos Aires, de la que hoy es profesor emérito. Su tesis para el doctorado, que concluyó bastante después de haber abandonado el rugby que jugaba en la tercera línea de la cuarta división de Alumni, o de que el rugby lo hubiera abandonado a él, se concentró en La opinión pública. El jurado la recomendó para el Premio Facultad. Se licenció luego en Ciencia Política en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido profesor titular de las materias de su dominio en esas casas de estudio. También ha dictado cátedra en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Argentina de la Empresa. Es miembro de tres academias nacionales: la de Derecho y la de Ciencias Morales y Políticas, a las que ha presidido, y la de Periodismo. En este punto volveré a detenerme.

Lo haré para señalar la feliz coincidencia de que desde mediados de los 80, cuando el autor de un libro ya clásico, como Libertad de prensa, iniciaba su fructífera relación con el periodismo argentino, la jurisprudencia respecto del desenvolvimiento de este oficio y de sus oficiantes tomó mejores rumbos. No debe extrañar. Ocurrió a renglón seguido de la recuperación democrática de 1983 y del lento, pero sostenido declive, de los impulsos que provocaron, desde 1930, sucesivas interrupciones constitucionales. La democracia y los contenidos republicanos que legitiman su ejercicio aportan la base más propicia para las libertades que pueda brindar cualquier otro sistema de organización política y social que se conozca.

Hasta promediar los años 80 era perceptible entre los jueces una tendencia a decidir en cuestiones de prensa con pautas estrictamente personales, subjetivas, como en la causa en la que se condenó a Maitena por el guión televisivo en que se parodiaba el comportamiento de los funcionarios de un juzgado en lo civil. El magistrado sentenció que Maitena no había reflejado la realidad, como si el humor, con el soplo disparatado que le insufla razón de vida, debiera ajustarse a lo que un juez malhumorado considere "realidad".

Rompió el fuego en la nueva dirección la primera Corte Suprema de la democracia. Fue en 1986 con la doctrina Campillay. Se estipularon reglas objetivas, y abandonaron las presunciones de dolo o de culpa, a fin de evitar sanciones a medios y periodistas por la publicación de hechos inexactos. Deberían atenerse en adelante al cumplimiento alternativo de alguna de las tres normas que siguen: haber individualizado la fuente de la información desmentida, o utilizado un tiempo de verbo potencial en la conducta denunciada, o bien haber dejado en reserva el nombre de los presuntos implicados en la nota que se cuestionara. La doctrina Campillay tuvo el sello de uno de los jueces que más influyó en la contemporaneidad para la afirmación de la libertad de prensa: Carlos Fayt.

Hubo un segundo paso en igual dirección cuando nuestra Corte Suprema receptó la doctrina de la real malicia, sentada en 1964 por el más alto tribunal de los Estados Unidos en "The New York Times vs Sullivan". En ese caso el tribunal norteamericano había resuelto que no puede condenarse a un medio o periodista por haber incurrido en críticas incorrectas a un funcionario si se había actuado de buena fe. O sea: sin conocimiento de que la información publicada era falsa o sin una temeraria despreocupación sobre su verdad o falsedad.

Aquella célebre sentencia de la Corte norteamericana se resumía en la idea de que tanto los funcionarios como todas las personas de conocida actuación pública se encuentran en un sentido menos protegidas por el orden jurídico que los ciudadanos del común. Lo avala así el interés general por enterarse del comportamiento o de aspectos trascendentes de la intimidad de éstos. Después de algún fallo contradictorio, la Corte Suprema argentina terminó por hacer suya en 1996 la doctrina de la real malicia. La aplicó en el caso que involucraba a uno de nuestros más respetados periodistas, Joaquín Morales Solá.

Tal vez revele en este acto algo confidencial sobre la gestación del artículo 43 de la Constitución Nacional, que trata del habeas data, tal como lo sancionó la Convención de 1994, si digo que la palabra, y hasta la letra escrita de Badeni, influyeron para que al final de ese artículo se dispusiera: "No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística". La Justicia había sido renuente hasta allí a reconocer ese derecho, pero con los viajes de Badeni a Santa Fe, lugar de los debates, se ganaría otra batalla más por la libertad de prensa. Ignoro si Badeni conserva la lapicera con la cual se escribieron esas dos líneas de la Constitución, pero sí sé que en las convenciones constituyentes, como en todo cuerpo complejo, suele haber sofocones de última hora: eso explica que el secreto profesional de los periodistas haya entrado de rondón, poco antes del cierre, en una cláusula que discurría sobre otro tema.

Badeni ha tonificado la prédica constante de ADEPA por la libertad de prensa tanto en el plano legislativo como judicial. Su opinión subyace en algunas de las conquistas ya señaladas, y en otras más, como en la derogación legislativa del delito de desacato, que contemplaba de manera calificada las injurias o calumnias contra funcionarios públicos; en el criterio de que las acciones gubernamentales que dejan sin viabilidad económica a las empresas periodísticas ponen en riesgo la independencia de la prensa, y hasta en esa novedad que es el proyecto de ley de acceso a la información pública que el presidente Macri ha enviado al Congreso.

Gracias, doctor Badeni, por tantos alegatos para que podamos expresarnos libremente. Gracias por la sabia humildad que se percibe en la reticencia a encerrar el derecho constitucional en una autonomía con pretensiones soberanas. Usted ha actuado con la sensibilidad de que el más hondo conocimiento de las ciencias jurídicas ha de nutrirse por igual en otras caleras: en la economía, la psicología social, la sociología… Ésa es la grandeza del intelectual, he observado alguna vez siguiendo a Braudel, el gran historiador. Si hasta vemos que cuentan en la actualización de su pensamiento –cómo no habrían de contar– las nuevas tecnologías de la comunicación, que al irrumpir abrasivamente desde hace más de dos décadas en la cotidianeidad de las gentes, están poniendo a prueba la resistencia de instituciones políticas y culturales que se remontan a la Revolución Francesa, más de dos siglos atrás.

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