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Diputados apura leyes clave para la lucha anticorrupción

Trata hoy de urgencia la ley del arrepentido y el proyecto de extinción de dominio; ayer fueron aprobados en comisión; la oposición podría imponer cambios

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LA NACION
Jueves 23 de junio de 2016
Camaño, ayer, durante el debate en comisión de las leyes que impulsa el Gobierno
Camaño, ayer, durante el debate en comisión de las leyes que impulsa el Gobierno. Foto: Telam / Fernando Sturla
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En la primera derivación legislativa concreta del caso José López, la Cámara de Diputados aprobó ayer en comisión y tratará hoy de urgencia dos proyectos presentados como herramientas para fortalecer el combate de la corrupción y otros delitos complejos: la ley del arrepentido y la ley de extinción de dominio de bienes de origen ilícito.

Distintas versiones de los dos proyectos usados para la elaboración del dictamen de mayoría fueron presentadas en los últimos años y contaban con estado parlamentario, a la espera de que se les diera impulso. La detención del ex secretario de Obras Públicas y segundo de Julio De Vido operó como un catalizador del debate parlamentario. Los proyectos empezaron a tratarse ayer y serán votados hoy en el recinto. La sesión es a las 11.

El oficialismo reunió la mayoría junto con el Frente Renovador, el Bloque Justicialista y el Frente Amplio Progresista (FAP), aunque varios diputados hicieron objeciones a algunos artículos en particular, por lo que podría haber cambios en el recinto.

El Frente para la Victoria (FPV) cuestionó aspectos centrales de los dos proyectos y anunció que presentaría dictámenes de minoría.

El dictamen que instaura la figura del arrepentido en los casos de corrupción propone beneficiar con una reducción en su pena a todo aquel imputado o condenado en una causa (tenga o no sentencia firme) que brinde información "precisa, útil y verosímil" que le permita a la Justicia avanzar en una investigación.

El beneficio no incluirá, en ningún caso, la eximición de la pena para el arrepentido. Tampoco podrán acogerse a esta figura aquellos funcionarios susceptibles al proceso de juicio político (como el presidente, los ministros del Poder Ejecutivo o los jueces que integren la Corte Suprema).

Además, la información que se aporte a la causa deberá referirse a personas o delitos penados con una pena igual o superior a la pena a la que se imputa al arrepentido.

En rigor, la figura del arrepentido ya existe en el Código Penal en los casos de lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo y traición a la patria. Los legisladores proponen extender esta figura a otros delitos, como los cometidos contra la administración pública, entre los que se encuentran el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, el enriquecimiento ilícito, la exacción ilegal, el prevaricato, el fraude contra la administración pública. También se podrá aplicar en casos de asociación ilícita y falsificación de monedas y títulos.

La iniciativa también extiende el beneficio al llamado "colaborador eficaz", es decir, a aquel individuo imputado o condenado que incrimina a otros en una organización delictiva, pero que, a diferencia del arrepentido, no es parte de la causa, aunque sí de causas conexas.

Beneficios

Los beneficios penales propuestos en el dictamen consisten en la suspensión de la acción penal y/o la reducción de un tercio del mínimo a la mitad del máximo de la pena de que se trate. A quien fuese condenado a prisión perpetua, por ejemplo, la pena podrá reducírsele hasta 15 años de prisión.

Por el contrario, aquel arrepentido que suministre información falsa será reprimido con prisión de cuatro a diez años.

En tanto, la figura de extinción de dominio habilita al Estado a decomisar, sin esperar hasta la condena penal, bienes (muebles, inmuebles o dinero) que se presuma que tienen origen ilícito. Se trata de una herramienta del derecho civil que apunta no contra la persona acusada en una causa penal, sino contra el bien que en apariencia es producto de ese hecho ilícito. En casos en los que el Estado quiera recurrir a la extinción de dominio, la persona bajo sospecha deberá demostrar el origen lícito del objeto.

"Lo que tenemos ahora es la vía del decomiso. Es un trámite largo y engorroso, atado a la suerte de la causa penal. Lo que proponemos es una herramienta fundamental para la lucha contra el narcotráfico", sostuvo en el inicio del debate Graciela Camaño, del Frente Renovador, autora del proyecto. "La plata de los corruptos y de los narcos tiene que volver a la gente en educación y prevención", reforzó más tarde Sergio Massa.

La diputada Margarita Stolbizer, por el FAP, y Diego Bossio, por el Bloque Justicialista, apoyaron la iniciativa, pero plantearon algunas dudas. Stolbizer criticó el trámite exprés. Bossio pidió que se aclarara a qué tipo de delitos iba a aplicarse la nueva figura.

La izquierda, por su parte, consideró que se trata de una sobreactuación de parte del gobierno de Mauricio Macri.

El FPV planteó que el proyecto es "inconstitucional" porque viola el principio de presunción de inocencia. "¿Qué pasa si después el juez de la causa penal dice que no hubo delito?", planteó Luis Cigogna.

En sentido similar, integrantes de la UCR pidieron que se aplique sólo en casos de procesamiento firme. Sin embargo, en Pro creen que eso podría neutralizar el objetivo del proyecto.

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