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No basta con condenar la impunidad

Si tras el impacto de los escándalos lo que sigue es el silencio o la inoperancia de los distintos brazos del Estado, aumentarán la desconfianza hacia las instituciones y el descreimiento en la política

LA NACION
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Natalio Botana
Viernes 24 de junio de 2016
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Mientras la opinión pública se estremece por los escándalos de corrupción y el kirchnerismo ya no sabe cómo ocultar el sistema de enriquecimiento ilícito que implantó en el país, la política está a la espera de un efectivo cambio de rumbo. La palabra "rumbo" no sólo alude a una dirección sino también al sujeto que la encarna; implica, por tanto, un conjunto de medios puestos en ejecución.

En nuestros debates muy pocos discuten los fines deseables a perseguir y todos se interrogan acerca de los medios conducentes a esos objetivos. Sólo el kirchnerismo recalcitrante y algunos sectores de izquierda no firmaron el compromiso para el bicentenario de la Independencia propuesto hace pocos días por la Iglesia Católica en Tucumán. Suscribieron en cambio los 10 puntos estipulados la vicepresidenta Gabriela Michetti, el arco del Justicialismo con Sergio Massa, José Luis Gioja y el peronismo federal, la UCR y Pino Solanas.

Estos auspicios consagraron aspiraciones relevantes: la lucha contra la pobreza, el narcotráfico, las adicciones, la trata de personas, la corrupción y la impunidad; el impulso a la educación, a la generación de empleo, al acceso universal a la salud y al agua potable, al cuidado del ambiente que nos rodea y, en fin, a la cultura del encuentro. Se trata de un primer paso que nos debería llevar de la confrontación a un mínimo de consenso sobre metas comunes. En rigor, si calamos más a fondo, un primer paso fácil de enunciar y extremadamente difícil de activar y mantener en el tiempo.

El riesgo pues no está en la enunciación sino en la praxis y en la herencia de un pasado que, hasta este momento, no produjo acuerdos entre fuerzas dispares. A diferencia de lo que postuló un texto clásico de la teoría política, la Argentina se gobernó más por el accidente y la fuerza que por la reflexión y la experiencia. Y aunque la libre y constante elección de nuestros gobernantes fue la gran novedad que aparejó la instauración democrática de 1983, siguen pendientes los acuerdos nacidos de una reflexión acerca de nuestras carencias y oportunidades.

Sería exagerado pretender que este decálogo contuviese un repertorio completo de propósitos (falta, por ejemplo, una referencia al crucial problema del federalismo, una política de Estado que el Gobierno estaría proponiendo a los gobernadores para avanzar en el complicado trámite de una ley de coparticipación federal), pero, salvadas estas omisiones, convendría destacar el urgente tema de los medios institucionales puestos al servicio de esos propósitos.

La política de los medios en relación con los fines aconsejables de la política es un tema que recorre gran parte del momento fundador de nuestra nación. En los tiempos del Bicentenario que hoy recordamos, la política de los medios más adecuados para consolidar la independencia y darnos una forma de gobierno con cimientos sólidos fue la obsesión de San Martín a lo largo de sus campañas. En la época de la organización nacional, cruzada por el fervor constituyente de 1853, el afán para detectar los medios institucionales propios de una república posible guió el pensamiento de Alberdi.

En estos días, después de soportar los efectos de una visión agonista basada en la enemistad de los contendientes, el acierto para incorporar a las leyes y comportamientos medios eficaces, respaldados por mayorías sólidas, debería provenir de un cambio de mentalidades y de una modificación en el estilo de los partidos.

¿Cómo se debería entender el combate contra la corrupción y la impunidad sin atender a una reforma de la justicia federal capaz de sortear el riesgo de la sospecha, la complicidad o la inoperancia? ¿Cómo se debería entender la lucha contra el narcotráfico sin atender a una política de seguridad pactada entre la Nación y las provincias que tenga en la mira la coordinación entre las fuerzas y la erradicación de las corrupciones que anidan dentro de sus filas?

¿Cómo entender, por otra parte, el acceso a la salud y al agua potable, o el impulso a la educación, sin tomar en cuenta la debilidad fiscal de un Estado que soporta un empleo público superior a los tres millones y medio de agentes y una masa a sostener con impuestos que representa alrededor del 41% del PBI? ¿Cómo entender, en fin, la generación de empleo sin doblegar el flagelo de la inflación y sin promover la inversión de recursos genuinos en un contexto previsible? Podríamos abundar en esta serie de interrogantes que ponen en carne viva una incapacidad práctica para abordar las cosas que perturban nuestra vida y arrojan a la intemperie a millones de conciudadanos.

Acaso se imponga al respecto un cambio de perspectiva. La batalla contra la pobreza debería resultar de varias políticas convergentes y no de una sola y excluyente orientación. Esta última es característica de una política declamatoria; la otra, de retórica menos estridente, es característica de una política coherente que aúna la fortaleza para mantener los objetivos y la disciplina para administrar recursos escasos con sentido universal y no prebendario. De aquí se infiere que una política atenta a los medios institucionales debe enlazar una visión de largo plazo con una adhesión a la eficiencia en la administración de la cosa pública.

El caso de la Justicia a que aludimos en relación con la trama de la corrupción es, en este sentido, ejemplar. La corrupción es un mal y la Justicia, se sabe, es una función del régimen republicano destinada a prevenir su desarrollo y, llegado el caso, sancionarlo. Semejante prevención no existió en la Argentina al menos durante una larga década; por su parte, la sanción y los procesos conducentes estuvieron aletargados por defecto o, acaso, complicidad. Sobre este vacío estallaron las denuncias e investigaciones de los medios de comunicación, mucho más significativas –lo son todavía– que las tareas propias de la administración de justicia.

Éstas son señales de una falla en el sistema de separación de poderes previsto en nuestra Constitución. Si al ruido de los escándalos sucede el silencio e inoperancia de los brazos del Estado, aumentará la desconfianza hacia las instituciones y los sentimientos de ilegitimidad proseguirán erosionando las creencias en torno a la política. No basta, por consiguiente, con condenar la impunidad. Es preciso poner en funcionamiento los engranajes de una ética reformista para disponer de tribunales que, realmente, persigan el delito y logren que la verdad se conozca.

Las verdades que se debaten en la arena pública son diferentes a la verdad que, luego de un debido y eficaz proceso, se pronuncia desde las alturas de la Justicia. Pese a que algunos agentes de un grosero patrimonialismo están detenidos, lo que hoy más resplandece es el torneo entre las verdades en disputa a través de los medios de comunicación. ¿Quién tendrá la última palabra en este trance? Por cierto, deberían tenerla un gobierno con vocación reformista y un Congreso con la aptitud suficiente para modificar por la vía legislativa un régimen político dañado por una mezcla de latrocinio e incuria.

Tal vez sea ésta la prueba más exigente que afrontamos en este nuevo período constitucional: un Congreso dividido que, sin embargo, adquiere la virtud suficiente para afrontar reformas y dar en el blanco con medios institucionales efectivos. Sería un signo maduro para responder al proverbio que dice: "Quien quiere los fines quiere los medios".

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