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Auditarán a la justicia federal por las causas sobre corrupción

De manera unánime, el Consejo de la Magistratura dio luz verde a la iniciativa; tiene el apoyo del presidente Macri

Jueves 30 de junio de 2016 • 12:15
La Magistratura votó hoy a favor de auditar la Justicia
La Magistratura votó hoy a favor de auditar la Justicia. Foto: LA NACION / Silvana Colombo
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El Consejo de la Magistratura aprobó hoy por unanimidad una resolución que da inicio a la realización de una auditoría a las cámaras federales penales de todo el país que tengan causas por presuntos casos de corrupción.

La aprobación de la resolución se logró con el voto unánime de los consejeros presentes, pero sin los de los consejeros kirchneristas Héctor Recalde y Virginia García, que se retiraron minutos antes de la votación.

El pedido de auditoría había sido presentado en abril de este año por el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y reiterado esta semana. Como publicó hoy LA NACION, el presidente Mauricio Macri adelantó su respaldo a la iniciativa.

También acompañaron organizaciones de la sociedad civil (OSC); entre ellas Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil Usina de Justicia, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec); y Asociación Civil Conciencia Fores, entre otras.

Representantes de todas estas organizaciones se hicieron presentes esta mañana en el salón Lino Palacios del edificio de Libertad 731, donde funciona la sede del consejo.

"Asumimos nuestra responsabilidad institucional en el Consejo por eso voto afirmativamente estas auditorías", dijo el presidente del cuerpo, Miguel Piedecasas, al votar la iniciativa.

Con diferentes fundamentos, los consejeros expresaron su acompañamiento a la resolución, que implica un relevamiento de todas las causas penales relacionadas con delitos de la administración pública que se tramitan en las diferentes cámaras del país.

El proyecto inicial presentado por el Consejo de Abogados y apoyados por la veintena de OSC abarcaba solamente las causas penales por delitos de corrupción en la ciudad de Buenos Aires, pero los consejeros decidieron extenderlo a todo el país.

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