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Ordenan investigar a Cristina por lavado en la ruta del dinero K

Para la Cámara Federal, Báez tuvo un enriquecimiento "colosal" gracias a la obra pública que recibió mientras tenía relaciones "cuando menos comerciales" con los Kirchner; críticas al juez Casanello

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LA NACION
Viernes 01 de julio de 2016
Lázaro Báez, una semana atrás, en su última declaración en Comodoro Py
Lázaro Báez, una semana atrás, en su última declaración en Comodoro Py. Foto: Archivo
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La Cámara Federal confirmó ayer el último procesamiento por lavado de dinero contra Lázaro Báez y ordenó que de ahora en más la investigación alcance también a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, autores del fallo, sostuvieron que Báez hizo una fortuna "colosal" gracias a "la larga lista de adjudicaciones de obras públicas" que recibió durante el kirchnerismo y que "es de la lógica más elemental" sospechar que hay una "íntima relación" entre esa cuantiosa adjudicación de obras y sus relaciones "cuando menos comerciales y personales" con Néstor y Cristina Kirchner.

Según ellos, pudo existir un "acuerdo" con "división de roles" y esa hipótesis nunca se profundizó.

El tercer integrante de la Sala II, Horacio Cattani, no firmó. Está de licencia por un problema de salud familiar, informaron en el tribunal.

El caso había llegado a la cámara por las apelaciones de Báez y sus supuestos cómplices contra los procesamientos que el juez federal Sebastián Casanello había dictado contra ellos. Según la hipótesis del juez, el dinero que lavó Báez era ilícito porque provenía de un fraude al fisco (armado con facturas falsas) y se lavó a través de la financiera SGI, conocida como La Rosadita. Una prueba central para sus procesamientos fueron los videos de seguridad de esa financiera, donde se ve a hombres muy cercanos a Báez -entre ellos su hijo Martín- contando pilas de dólares.

Ayer, los camaristas confirmaron lo dispuesto por Casanello, pero lo acusaron de "persistir" en un "enfoque errado de la investigación". Puntualmente, de tener una "consideración sesgada del delito precedente", por no haber incluido las sospechas sobre la obra pública. Dijeron que "no puede ignorarse" que en un dictamen reciente, el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, incorporó una nueva hipótesis y dijo que el delito precedente "puede encontrarse en los sobreprecios de la obra pública denunciados por Carrió". Es el fiscal quien fija el objeto de todo caso penal.

Irurzun y Farah dijeron que hay que investigar "sin más demoras" las operaciones que involucraron a Báez y "a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Obras Públicas". No queda claro en el fallo de ayer si la orden es que Casanello amplíe los presuntos "delitos precedentes" del lavado o que vaya más allá: abra una investigación y, por ejemplo, cite a indagatoria a ex funcionarios kirchneristas.

Los propios camaristas advierten un inconveniente para esta segunda opción porque hay otros jueces que ya están investigando eso. No puede haber dos magistrados investigando un mismo hecho. "Resulta pública y notoria la existencia de diferentes investigaciones que presentan puntos de contacto con esta causa", dijeron.

Mencionaron Hotesur, sobre presuntos alquileres falsos pagados por empresas de Báez por habitaciones en un hotel de la familia de la ex presidenta y la "megacausa" por asociación ilícita contra los Kirchner, vinculada justamente a supuestos manejos ilegales con empresarios amigos del poder; también, una reciente acusación de Vialidad Nacional sobre favores a Báez, y el caso por el fideicomiso del Banco Nación de Austral Construcciones.

Una opción sería la acumulación de todas estas causas. Ayer los camaristas dijeron que no. Que no sería bueno armar un "megaproceso". Al menos, no ahora. Que antes cada juez debe avanzar "sostenida y ordenadamente" en cada caso. Ofrecieron otra solución: que los equipos de los distintos juzgados mantengan reuniones periódicas para "compartir la información mutuamente pertinente" de sus causas sin formalismos. Todo, asegurando "el control o participación de las partes". El tribunal le encomendó la constitución de este grupo a Casanello. Ayer, fuentes del juzgado dijeron a LA NACION que iban a evaluar el pedido, que no tiene precedente, para ver cómo lo instrumentan.

La cámara también le recomendó al juez que delegue partes de su investigación a la fiscalía de Marijuan y que procure "no demorar" la elevación a juicio de los hechos que ya tenga suficientemente corroborados. Esto va en línea con lo que Casanello había adelantado en una entrevista con LA NACION, en la que dijo que podría ir elevando el caso de a partes y que la primera podría llegar a un tribunal antes de fin de año.

Ayer, los camaristas confirmaron además que seguirán presos Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín, y ratificaron los procesamientos sin prisión preventiva de Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Pérez Gadín. Además, sostuvieron los embargos y las inhibiciones ordenadas por Casanello, salvo el congelamiento de las cuentas bancarias que -dijeron los jueces- afectan "las necesidades" de los "grupos familiares".

Los elementos contra CFK

Los jueces destacaron las relaciones "comerciales y personales" que Báez tuvo con los Kirchner mientras era contratista del Estado

Recordaron que recibió el 78% de las obras viales de Santa Cruz. Dijeron que la "lógica más elemental" relaciona estos datos. Que pudo existir un "acuerdo" con "división de roles"

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