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Ordenan relevar todas las causas federales de hechos de corrupción

El Consejo de la Magistratura auditará el estado de los casos contra funcionarios y ex funcionarios desde 1996

Viernes 01 de julio de 2016
Tonelli (Pro) en la sesión del Consejo de la Magistratura; a su lado, Rozas
Tonelli (Pro) en la sesión del Consejo de la Magistratura; a su lado, Rozas. Foto: Silvana Colombo
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El Consejo de la Magistratura ordenó ayer una auditoría sobre todos los juzgados federales penales del país, incluidos los doce de Comodoro Py, donde se investigan las causas más sensibles para el poder político.

Se relevarán los expedientes iniciados entre 1996 y 2016 (hasta ayer) contra funcionarios públicos nacionales.

La medida, apoyada por el macrismo, se tomó sin oposición. Los representantes del kirchnerismo Virginia García (cuñada de Máximo Kirchner) y Héctor Recalde eligieron no estar en la votación. Todos los legisladores de Cambiemos, los jueces y los abogados y el académico suscribieron la auditoría. El representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, fue el vocero de una advertencia a los jueces. "Seremos los primeros en pedir el juicio político y la destitución de los que se apartaron de la ley", anunció. El delegado de Mauricio Macri agregó, no obstante, que los jueces deben actuar con tranquilidad y prometió que el Gobierno no iba a interferir en ninguna causa.

Esta auditoría había sido propuesta por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires el 12 de abril pasado.

En aquella presentación, señalaron la preocupación por la "excesiva dilación" de los trámites judiciales. El pedido original alcanzaba sólo a los juzgados y a la Cámara Federal Penal porteña; los magistrados de Comodoro Py.

Después, sumaron su apoyo al proyecto varias organizaciones de la sociedad civil y del mundo del derecho, como la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El pedido se amplió para que se incluyeran las causas de todo el país.

Hubo reuniones previas y ayer por la mañana, en un plenario encabezado por el presidente del Consejo, el abogado Miguel Piedecasas, se aprobó la auditoría.

El trabajo se le encargó al Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación. No se estableció un plazo para que esté terminada, pero el jefe de los auditores, Jorge Meydac -hombre de estrecha amistad del radical Ernesto Sanz- presentará un plan de acción en los próximos días, informaron fuentes del Consejo. Después, el plenario hará un seguimiento de los trabajos. Este organismo tiene hoy seis auditores, pero el plan es designar al menos tres más, adelantaron.

El informe encomendado deberá precisar el número total de causas iniciadas discriminadas por juzgado, incluyendo el detalle de los "recursos" (humanos, técnicos y tecnológicos) que tenga a disposición cada tribunal, el delito específico que se investiga en cada caso, las fechas de inicio y fin de cada expediente, el dato de cómo terminó la causa y el "plazo promedio" de duración de los casos culminados, con el detalle correspondiente a cada juzgado. En cuanto a las causas que estén en trámite, se relevarán, entre otros datos, cuántas tiene cada juzgado, de cuándo es el requerimiento de instrucción del fiscal en cada caso, cuántas personas fueron citadas a indagatoria y cuándo; cuántas están procesadas, cuántas presas; cuántas faltas de mérito, sobreseimientos y prescripciones se dictaron, y si el caso fue elevado a juicio.

También, cuántos recursos se plantearon durante la instrucción y cuánto tiempo estuvo el expediente en Cámara para resolverlos. Además del estado actual de cada caso y la fecha del último acto de impulso procesal, y el "plazo promedio" de duración de las causas en trámite.

Antecedentes

En la resolución que aprobó la auditoría, los consejeros recordaron que en otras oportunidades se habían rechazado pedidos de relevamientos similares. El argumento fue entonces que el Consejo tiene entre sus atribuciones centrales controlar el desempeño de los jueces, pero que cuando los audita lo hace "en casos concretos" por "denuncias puntuales" y que la independencia de los magistrados se vería amenazada si se abrieran causas por meras conjeturas generalizadas.

No obstante, los consejeros advirtieron que el 14 de junio pasado la Corte Suprema les había pedido una auditoría de gestión sobre los juzgados nacionales de trabajo y que hoy "resulta indudable" la competencia expresa del Consejo para auditar, siempre y cuando el objeto y los alcances de la auditoría estén bien determinados por el plenario y tengan la debida "precisión".

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