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Macri quema las naves e inaugura su propio relato

LA NACION
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Fernando Laborda
Domingo 03 de julio de 2016
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Cercada por los escándalos de corrupción y los potenciales arrepentimientos de narcotraficantes que pueden arrastrar a algunos de sus ex funcionarios, Cristina Fernández de Kirchner empieza a ser historia. Como ocurrió con Carlos Menem tras su derrota electoral, la ex presidenta y sus seguidores comienzan a resignarse a que los nuevos tiempos que corren la tendrán muy atareada en los tribunales y la alejarán de la posibilidad de liderar el principal partido opositor. El kirchnerismo afronta una dura transición: la fuerza política relevante de oposición que parecía constituir en los inicios de la gestión de Mauricio Macri podría quedar reducida a una secta de fanáticos, como el referente de Quebracho Fernando Esteche, quien confesó en un acto público que "el Gobierno va hacia una crisis segura que ayudaremos a desatar", mientras el multiprocesado Amado Boudou no dejaba de sonreír a su lado.

Los subyugantes episodios del naufragio kirchnerista, cuyos protagonistas de carne y hueso superan a cualquier personaje de ficción, han sido hasta ahora funcionales al proceso de idealización del gobierno de Macri por un amplio porcentaje de la ciudadanía. Pero el presidente de la Nación sabe que las alternativas del culebrón kirchnerista no distraerán eternamente a la opinión pública de las dificultades socioeconómicas diarias.

La agonía del kirchnerismo no sólo es un problema para el kirchnerismo, sino también para el macrismo. De cara a las elecciones legislativas del año próximo, los estrategas del oficialismo no desconocen que un derrumbe del sector liderado por Cristina Kirchner no es el mejor negocio, pues habrá que medir fuerzas con un peronismo renovado y tal vez unificado. Y frente a esta hipótesis, hay dentro del macrismo algunos convencidos de que sólo se puede enfrentarlo con recetas heterodoxas que no renieguen del asistencialismo ni de la inyección de recursos estatales para obras públicas.

Se advierte en las últimas semanas que el Gobierno está más preocupado por ganar las elecciones de medio término de 2017 que por paliar el elevado déficit fiscal. Hombres del oficialismo intentan que se vea como comprensible esa postura: "Las grandes empresas nos aclaran que sólo harán fuertes inversiones cuando tengan certezas de gobernabilidad para el mediano plazo. Todos los esfuerzos y acuerdos que hicimos en estos seis primeros meses para asegurar esa gobernabilidad de nada servirán si perdiéramos las elecciones".

Instrumentados los aumentos tarifarios y el fin del cepo cambiario, cualquier atisbo de shock parece haber sucumbido ante el gradualismo, y las palomas desarrollistas se han impuesto sobre los halcones liberales. El economista de FIEL Daniel Artana lo describió de esta manera: "El Gobierno ha decidido quemar las naves en aras de asegurar la reactivación de la economía, dejando de lado la mejora gradual de las cuentas fiscales anunciada en enero". La tan esperada lluvia de dólares para inversiones productivas del sector privado ha sido reemplazada por anuncios de una tormenta de pesos para apuntalar la obra pública.

La apuesta del Gobierno fue, en los últimos meses, insuflar esperanza para el segundo semestre. Una estrategia discursiva parecida a la utilizada por Menem en los primeros tiempos de su presidencia, cuando afirmaba: "Estamos mal, pero vamos bien". Macri lo hizo: pese a que en distintas encuestas la imagen de su gestión cayó 15 puntos desde que llegó a la Casa Rosada -aunque se mantiene en niveles elevados-, casi seis de cada diez argentinos creen que el país estará mejor dentro de un año.

El exceso de expectativas con que las autoridades nacionales han cargado al segundo semestre que acaba de iniciarse puede convertir al propio Macri en esclavo de sus consignas. El propio embajador en los Estados Unidos, Martín Lousteau, formuló una elíptica crítica a esos mensajes, al sugerir que obsesionarse con el segundo semestre es sintomático de un problema derivado del cortoplacismo argentino y de un futuro que nunca llega.

El famoso segundo semestre llegó con la aprobación de la ley de reparación histórica a los jubilados y de blanqueo de capitales. También, con un nuevo relato. En la Casa de Gobierno, para dar cuenta de lo revolucionaria que es la medida, se recalca que mientras en los últimos tiempos del kirchnerismo se venían pagando 40.000 sentencias favorables a jubilados por año, a partir de septiembre se resolverán 100.000 casos por mes. De este modo, según las proyecciones oficiales, lo que se hubiera resuelto en sesenta años ahora se solucionará en sólo dos, con beneficios para 2.400.000 abuelos.

Nadie podrá negar que es una decisión saludable y justa para uno de los sectores más postergados durante años. Pero si se estima que esta política de compensaciones a jubilados provocará un aumento en el gasto público permanente de 1,5 puntos del PBI, a lo que deberá sumarse la devolución a las provincias del 15% de la masa coparticipable que antes iba a la Anses, cuesta imaginar que se pueda cumplir la meta de mantener el rojo fiscal primario en torno del 4,8% del PBI, aunque fuentes de la Jefatura de Gabinete juren que será así.

El economista Agustín Monteverde hace notar que, entre enero y mayo de este año, el gasto corriente creció el 32,8% en forma interanual, mientras que los ingresos sólo aumentaron el 30%. Pero pronostica que las erogaciones se potenciarán en los próximos meses a raíz del impulso a la obra pública que quiere darle el Gobierno y a las negociaciones entabladas con diferentes gobernadores, además de los aumentos salariales y el pago de aguinaldos en el sector público y las reparaciones a los jubilados.

La apuesta del Gobierno para generar recursos no es otra que el blanqueo. Entre los 20.000 millones de dólares que Alfonso Prat-Gay estima conservadoramente que se exteriorizarán y los aproximadamente 60.000 millones que vaticinan economistas como Javier González Fraga, hay funcionarios que prefieren partir diferencias y que esperan que se blanqueen entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. Se funda este optimismo en el miedo que las nuevas condiciones internacionales debería despertar en quienes hasta ahora le ocultaron al fisco sus fortunas en el exterior. Se señala que, con los acuerdos entre unos cien países para intercambiar información fiscal de forma automática desde 2017, la evasión se convertirá en un precedente del lavado de dinero y que, en poco tiempo, ningún banco o contador querrá ayudar a quien no tenga declarados sus fondos en su país de residencia, sin arriesgarse a ser declarado cómplice de un delito.

La ilusión del Gobierno es que una buena parte de los fondos exteriorizados retorne al país a través de la adquisición de los llamados "bonos mágicos". Se trata de títulos públicos en dólares, intransferibles y a tres años de plazo, que no pagarán intereses, pero que les evitarán a sus suscriptores las penalidades por el dinero blanqueado. Esto le aseguraría al Estado la alternativa de financiarse en forma gratuita, al menos por esos tres años. Sin embargo, algunos analistas se preguntan si no es más ventajoso abonar las multas que van del 5 al 10% del monto exteriorizado e invertir estos fondos en otros bonos que hoy rinden cerca del 7% anual.

El segundo semestre llegó también en medio del maremoto provocado por la decisión de los británicos de alejarse de la Unión Europea y la posibilidad de que crezca el proteccionismo en el Viejo Continente, caiga el precio de las materias primas y los capitales busquen destinos más seguros. Ante esta situación, el relato macrista ya ha encontrado una respuesta: afirmar que la Argentina es hoy la única buena noticia en el mundo.

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