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El caso de Raúl Romero Feris

Lunes 04 de julio de 2016
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Después de haber estado detenido con prisión preventiva tres años y un día desde 1999 por delitos que se le imputaban en el ejercicio de la intendencia de Corrientes, la justicia de esa provincia ha vuelto a ordenar la prisión de Raúl Romero Feris. Lo ha hecho al invocar un cúmulo de penas residuales en las causas que se le habían abierto por peculado de uso, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública. Por razones de salud, Romero Feris se encuentra internado en un sanatorio de Corrientes. En noviembre cumplirá 70 años.

Su defensa acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró admisible el examen. El caso, en una de sus vertientes, sigue abierto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de la acusación por peculado, en la cual ese tribunal pidió el envío del expediente respectivo al tribunal supremo de Corrientes. Ha debido reiterar el requerimiento en vistas de no haberse cumplido con lo ordenado. Esto trae a la memoria otros casos de similares incumplimientos en años recientes de organismos provinciales frente a disposiciones del más alto nivel de la justicia federal.

Sin entrar en el fondo de las imputaciones formuladas en su momento contra Romero Feris, es evidente que estamos ante una nueva situación en el país de dilatación de justicia. Al cabo de un largo proceso, el Tribunal Oral N° 2 de Corrientes lo había condenado a siete años de prisión con la accesoria de inhabilitación a perpetuidad para el ejercicio de funciones públicas. Cabe recordar que éste lidera el Partido Nuevo, con dos diputados y una senadora, que es su esposa, en la Legislatura local. En los últimos comicios, esa fuerza obtuvo algo más de 20.000 votos dentro de una concertación de partidos que apoyó al candidato presidencial del kirchnerismo, Daniel Scioli.

El enfrentamiento de Romero Feris con el gobierno correntino de Ricardo Colombi, de Encuentro por Corrientes (ECO), es notorio y se proyecta hacia el porvenir inmediato, en que el oficialismo local pretendería modificar la constitución correntina para abrir la posibilidad de un tercer período del actual mandatario. Las elecciones de gobernador están previstas para el año próximo.

Justicia y política se entremezclan, pues, en medio de la segunda detención del ex intendente y gobernador, que se produjo a 14 años de la primera. El Estado argentino contestó en su momento la notificación de la CIDH. Sostuvo que la pretensión de Romero Feris era inadmisible, pues pretendía hacer del tribunal interamericano un "tribunal de alzada".

La defensa insiste en las nulidades denunciadas por lo que califica de persecución política, juzgamiento por parte de jueces especiales, y no por los naturales de la ley, y por camaristas designados "en comisión" por una intervención federal. Y alega que el Estado violó en su momento el plazo de dos años de prisión preventiva previsto en la ley 24.390.

En este estado de cosas, cabe preguntarse por la oportunidad de la aplicación hace poco de la condena por otros siete años fundada en acumulación de penas. Cabe preguntarse también si todos los protagonistas de esta triste historia de la política correntina sabrán despojarse de inquinas provenientes de la pasión política y dejar que el derecho y la ecuanimidad cumplan al fin el papel que se espera en una democracia republicana. En ese sentido, habrá que confiar en los aportes que puedan provenir de la CIDH, a la que no podemos en principio sino señalar como desposeída de cualquier prejuicio en este largo y delicado asunto.

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