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Colapso de la justicia laboral

El imparable crecimiento de las demandas por accidentes laborales confirma la vigencia de la vil industria del juicio y el daño que ella provoca en las empresas

Martes 05 de julio de 2016
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Quienes acostumbran recorrer hasta dos veces los juzgados del fuero laboral y quienes allí desempeñan tareas pueden dar fe de que la justicia nacional del trabajo se encuentra colapsada. Si bien esta situación no es nueva, en los últimos tiempos no ha hecho más que agravarse, en buena parte por el impresionante aumento de los juicios por accidentes laborales.

En opinión de expertos, cada juzgado del fuero laboral administra alrededor del triple de los expedientes que debería tramitar para ubicarse dentro de los estándares normales, y esa proporción tiende a crecer. Cada mes ingresan en un juzgado laboral entre 80 y 100 nuevos expedientes, en tanto que se resuelven menos de 40, razón por la cual el stock continúa en permanente aumento.

Cada uno de los 80 juzgados de primera instancia cuenta con unos 12 empleados y un nivel de ausentismo estimado en el 15%, agravado en parte por cada vez más licencias psiquiátricas que son producto de la presión con la que se trabaja, en edificios que distan de ser adecuados, en los que se acumulan montañas de expedientes y donde faltan mínimas comodidades, más allá de la esforzada labor de muchos de los magistrados y los trabajadores del fuero.

Los juicios de primera instancia, que una década atrás demoraban un promedio de un año y medio, hoy se extienden a lo largo de un mínimo de dos a tres años y un máximo de cinco años.

Si bien no es la única razón, entre los motivos de este colapso figura el fuerte incremento del número de demandas judiciales por accidentes de trabajo. El mejor indicador de esto lo ofrece el hecho de que, sólo entre febrero y marzo de este año, se iniciaron unos 21.400 nuevos juicios de este tipo, una cifra que arroja una proyección de más de 122.000 nuevos casos para todo 2016, un 16% más que el año último, cuando se registraron 106.000.

Tras veinte años de funcionamiento del sistema de riesgos del trabajo, y con casi 10 millones de trabajadores cubiertos de acuerdo con datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), se produce una situación paradojal. Mientras los accidentes laborales disminuyen sistemáticamente y se cubren cada vez más enfermedades y se abonan montos indemnizatorios mayores por incapacidad, los juicios no paran de crecer.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra el 44 por ciento de los casos, y su crecimiento, del 25% entre marzo de 2015 y marzo de 2016, se ubica por encima del promedio total del país, que ronda el 16%. La provincia de Buenos Aires, en tanto, figura al tope del crecimiento, con un 30% más de nuevos juicios que un año atrás.

Uno de los factores que han desatado este notable crecimiento de la judicialidad en materia de accidentes de trabajo se relaciona con las diferentes interpretaciones judiciales que, junto con la disparidad pericial, alimentan las demandas.

En 1995, la primera ley de riesgos del trabajo fijó un sistema de reparación de los accidentes y enfermedades laborales mediante el cual la compañía aseguradora (ART) contratada por el empleador debía pagarle al trabajador una indemnización basada en la edad de la víctima, el sueldo que percibía y la medida en que quedó incapacitada para seguir trabajando. Cinco años después, se añadió a la indemnización así calculada el pago de una suma fija que variaría en función del mayor o menor grado de la incapacidad sufrida por el trabajador.

En octubre de 2012, este sistema experimentó, mediante la ley 26.773, un nuevo reajuste. De este modo, se dispuso que los importes del piso mínimo de las indemnizaciones variables y de los adicionales de suma fija, que habían sido actualizados hacia fines de 2009, fueran ajustados tomando en cuenta la variación del índice determinado por las remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables (Ripte) y actualizados cada seis meses.

El texto de la ley de 2012 aclaraba que estas nuevas disposiciones en materia de indemnizaciones regirían en adelante y serían aplicables a los accidentes y enfermedades laborales que se manifestaran a partir de la fecha en que la norma sería publicada en el Boletín Oficial. Pese a eso, varias salas de la cámara laboral porteña y otros tribunales del país resolvieron aplicar las disposiciones de la nueva ley a casos anteriores a aquella fecha.

Tras las apelaciones por parte de las ART, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Espósito, puso orden en la anarquía derivada de las dispares interpretaciones de los magistrados en la aplicación de la ley y su decreto reglamentario, en los juicios por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El máximo tribunal consideró adecuadamente que las indemnizaciones no podían actualizarse mediante el índice Ripte en aquellos casos anteriores a la ley sancionada en 2012, sino que esta actualización sólo podría tener lugar para los accidentes que ocurrieran y las enfermedades que se manifestaran con posterioridad a la entrada en vigor de la norma.

Es de esperar que esta sentencia del más alto tribunal de justicia del país ponga en parte coto al renacimiento de la vieja y vil industria de los juicios laborales y descomprima en algo a una justicia laboral que se halla desde hace años en emergencia.

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