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Sin salida: tienen su alta médica, pero igual viven en neuropsiquiátricos

Por falta de recursos, casa o familia, pasan años internados; la ley nacional de salud mental obliga a transformar estas instituciones en nuevos dispositivos comunitarios antes de 2020; hoy las alternativas son insuficientes

Jueves 21 de julio de 2016
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LA NACION
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Hugo tiene el alta médica hace ocho años y sigue internado en el Hospital Neuropsiquiátrico Colonia Domingo Cabred
Hugo tiene el alta médica hace ocho años y sigue internado en el Hospital Neuropsiquiátrico Colonia Domingo Cabred. Foto: LA NACION / Soledad Aznarez

"Todos los días pasan igual: no hay nada para hacer. Me gustaría salir rápido, tener una casa y volver a trabajar", dice Hugo Pérez, que tiene 55 años y desde hace ocho vive en el Hospital Neuropsiquiátrico Colonia Domingo Cabred, en Open Door.

En 2008, a Hugo lo internaron después de sufrir una descompensación por haber dejado de tomar la medicación que necesita por su trastorno de salud mental. A los pocos meses, estaba en condiciones de ser dado de alta. Pero su esposa se negaba a recibirlo en la casa que compartían con sus tres hijas y no tenía a dónde ir.

Hugo es uno de los tantos rostros que se esconden en los neuropsiquiátricos del país. No existen cifras oficiales, pero serían cerca de 20.000. Muchos están allí desde hace décadas: son pacientes con trastornos severos que, tras sufrir un "brote", fueron internados y, superado el episodio, no lograron volver a la comunidad.

Los motivos son diversos -falta de recursos económicos, vivienda, trabajo y una red familiar de contención- pero tienen un denominador común: la escasez de dispositivos comunitarios de salud mental donde, una vez que son dados de alta, puedan continuar con su tratamiento según sus necesidades, insertos en la sociedad.

Lejos de cumplir

Pese a que la ley nacional de salud mental establece la necesidad de crear dispositivos alternativos y comunitarios -que para 2020 deberían sustituir a los neuropsiquiátricos (prohibiendo abrir otros nuevos)- e indica que las internaciones son un recurso de carácter restrictivo, que tienen que realizarse durante el menor tiempo posible; hoy la letra dista mucho de cumplirse.

Esta situación, llevó a Soledad Fernández Mele y Adelina Navarro Lahitte, dos defensoras públicas curadoras de la Defensoría General de la Nación a denunciar, a fines de 2014, a los ministerios de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para que provean de estos dispositivos alternativos a Hugo y a otras tres mujeres, también en condiciones de volver a la vida en sociedad.

Aunque en 2015 la Justicia falló a su favor en primera y segunda instancia, la sentencia sigue lejos de efectivizarse. A la demanda, se sumaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

Navarro Lahitte, explica que el resultado del recurso de amparo presentado tiene un alcance colectivo. "Cualquier persona con trastornos de su salud mental que no sea externada debido a la falta de dispositivos intermedios donde ser derivada, tiene esta sentencia a su favor", dice.

Al día de hoy, los ministerios continúan sin otorgar las vacantes para los cuatro amparistas, a pesar de que la Cámara de Apelaciones puso en diciembre pasado un plazo de 30 días. Hace una semana, el juez ratificó que deben otorgarse de forma inmediata, y que el Estado tiene que poner manos a la obra para dar respuesta a los casos similares.

"Si bien la ley de salud mental establecía que, en un plazo de 180 días a partir de su sanción, el Estado debía hacer un censo de las instituciones de internación públicas y privadas, y la Justicia volvió a ordenarlo durante el proceso legal que estamos llevando adelante, aún no se hizo. Es imposible diseñar políticas públicas y determinar cuántos dispositivos deben crearse si se desconoce esos números", afirma.

Sobre el incumplimiento en la realización de este censo, Andrew Blake, director nacional de Salud Mental y Adicciones, asegura: "Ni bien asumimos la nueva gestión, convocamos al lndec para hacerlo, ya que ni siquiera estaba presupuestado. Probablemente en marzo del año que viene tengamos el número de todas las personas institucionalizadas en servicios de salud mental del país".

Fernández Mele sostiene que los cuatro casos de los amparistas son representativos de la necesidad de muchas otras personas: "Algunas llevan 30 o más años internadas, por no tener la posibilidad de volver a su casa o vivir solos, y dada la ausencia de dispositivos comunitarios. Reclamamos que el Estado cree estos lugares donde puedan rehabilitarse, recuperando habilidades que perdieron en la internación [desde manejar plata, hasta salir a la calle], haciéndose foco en la reinserción social".

El año pasado, a Hugo le entregaron cajas con medicación y quedó en la calle. A los 15 días, se desestabilizó y volvió a ser internado. Hoy, compensado, la convivencia con el resto de los 80 hombres en el pabellón del Cabred, se le hace muy difícil. Anhela mudarse a una "casita", con el acompañamiento necesario para sostener su tratamiento: "Quiero trabajar y vivir dignamente", dice.

Las defensoras detallan que los recientes fallos judiciales en su favor, buscan dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley nacional de salud mental, que establecen que las internaciones sólo puede llevarse a cabo cuando aporten mayores beneficios que el resto de las intervenciones realizables en los entornos familiares y sociales.

"Un neuropsiquiátrico no es un lugar para vivir. Es como una terapia intensiva de la salud mental: la persona debe permanecer allí el menor tiempo posible, hasta que se compense", asegura Navarro Lahitte.

Cuando las defensoras iniciaron la demanda en 2014, no existía ninguna norma que determinara qué características debían tener estos dispositivos comunitarios previstos en las legislación nacional y porteña.

"Recién en septiembre del año pasado, el Ministerio de Salud de la Nación estableció mediante una resolución (la 1484/15) los requisitos que tienen que tener", dice Fernández Mele.

Blake explica que como dicha resolución sólo se aplica en la CABA, se impulsó la creación de una comisión que debe elaborar una nueva a nivel nacional. La misma, detallará "las características que deben tener estos dispositivos en todas las jurisdicciones del país". Y agrega: "Participan técnicos con el acuerdo de las provincias: tienen 180 días, que corren desde los primeros días de julio, para elaborarla".

Para el funcionario, es necesario, además, incorporar al Plan Médico Obligatorio la figura de "vivienda asistida". "Así, su cobertura pasará a estar reconocida por las obras sociales, prepagas y la Cobertura Universal de Salud, que deberán financiarlas". Logrado eso, las jurisdicciones estarían en condiciones de crear dichos dispositivos y sostenerlos en el tiempo.

Algunos números y desafíos

20.000

Personas viven en neuropsiquiátricos del país

Es un número aproximado: aunque la ley de salud mental ordena realizar un censo, aún no hay cifras oficiales.

2.000

Son las internadas en territorio bonaerense

Unas 500 estarían en condiciones de alta en el mediano plazo.

Gustavo Lipovetzky

Presidente de Proyecto Suma

"Más allá de los dispositivos adecuados, que las personas con trastornos severos de su salud mental se inserten comunitariamente depende de la aceptación social. Hay que romper los estigmas"

Programas en la CABA

El Programa de Externación Asistida para la Inserción Socio Laboral (Preasis) del gobierno porteño otorga subsidios habitacionales a personas externadas de neuropsiquiátricos de la ciudad. "Pero sólo duran diez meses, luego tienen que tramitar un amparo, muchos no consiguen el patrocinio letrado y se quedan sin nada", dice Adelina Navarro Lahitte, defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación

La situación en la provincia de Buenos Aires

Hay cerca de 2.000 personas internadas en cuatro neuropsiquiátricos. "Estamos realizando un relevamiento de cuántas estarían en condiciones de ser externadas en el mediano plazo: serían unas 500", dice Patricia Segovia, subsecretaria de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones de la provincia.

Hace dos meses el gobierno provincial creó una mesa interministerial para trabajar en la plena aplicación de la ley nacional de salud mental.

Con respecto a la posibilidad de cumplir con el plazo establecido por ley para reemplazar los hospitales neuropsiquiátricos por dispositivos alternativos, dice: "Trabajamos en esa dirección. Tenemos que ir ampliando los dispositivos que existen para dar respuesta a la totalidad de la población. Los desafíos están en la implementación".

Vencer el estigma social: uno de los mayores desafíos

Proyecto Suma es una organización sin fines de lucro que nació en 2009, por iniciativa de un conjunto de profesionales (psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, músico-terapeutas y enfermeros, entre otros). Su misión es trabajar en la inclusión social plena de las personas con trastornos severos de salud mental, tendiendo puentes y derribando prejuicios y estigmas.

Gustavo Lipovetzky, presidente de Proyecto Suma, cuenta que a partir de los años 60 comenzó en Argentina y a nivel mundial un "movimiento de reforma psiquiátrica" con el objetivo de "desmanicomializar" a personas que están bajo tratamiento psiquiátrico en hospitales monovalentes (los llamados "loqueros"), para que empiecen a tratarse en, con y a partir de la comunidad. "Esto significa que deberían ser asistidos en centros comunitarios u hospitales polivalentes con servicios de psiquiatría, y que aquellos que no tengan dónde vivir tengan la posibilidad de ir a casas de convivencia o pensiones, y ser insertados social y laboralmente", dice el psiquiatra. "Está absolutamente comprobado que las personas tratadas de esta forma tienen menos reinternaciones psiquiátricas y, a mediano o largo plazo, consumen menos psicofármacos".

Sin embargo, sostiene que el trabajo que se está haciendo en este sentido "sigue dependiendo fuertemente del estigma social": "Más allá de que deben existir los tratamientos adecuados, la posibilidad de que la gente se inserte comunitariamente depende de la sociedad civil".

Martín Nemirovsky, coordinador de Suma, agrega que desde la organización se enfocan en un colectivo "muy abandonado": "Aquellas personas con trastornos severos de su salud mental y en situación de vulnerabilidad, para las cuales la sociedad no es receptiva, porque le resulta extraño, amenazante, tiene prejuicios, estigmas, etc.".

Gustavo Guardo, director de la organización, agrega: "Lo que buscamos es la recuperación de la autonomía y los derechos de estas personas, para que sea incluidas en la comunidad. Para eso, es necesario hacer un fuerte trabajo de concientización a nivel social: hay un largo camino por recorrer en este sentido".

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