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La ley del arrepentido duerme en un cajón

Pese a las promesas electorales y a las campañas ciudadanas, la iniciativa que propone reducir penas a cambio de ayuda para esclarecer casos de corrupción no logra alcanzar estatus firme y corre el riesgo de quedar en la nada

Viernes 12 de agosto de 2016
PARA LA NACION
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El proyecto de ley del arrepentido que contempla reducciones de penas para aquellos imputados que ayuden a esclarecer casos de corrupción duerme la siesta en el Senado de la Nación. Luego de que más de 110.000 personas firmaron para pedir su promulgación a través de distintas iniciativas ciudadanas; luego de que políticos de distintos espacios, como Sergio Massa y Margarita Stolbizer, se pronunciaron públicamente en favor de la ley; luego de que el propio Mauricio Macri la incluyó en sus promesas de campaña y en el discurso de inauguración anual de las sesiones del Congreso; luego del grotesco escándalo de las valijas de López, y, sin duda, como consecuencia de una profunda indignación extendida en casi toda la población, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto con una celeridad propia de los países escandinavos. Sin embargo, la ley del arrepentido descansa encarpetada, desde hace exactamente un mes, en algún cajón del Senado que nadie parece estar dispuesto a abrir. Son demasiados los personajes con poder -político y económico, tantas veces asociados- que alientan la esperanza de que el tema se vaya diluyendo en la agenda política y mediática argentina. Algo nada difícil, por cierto, en un país que nos tiene ya acostumbrados a que cada nuevo escándalo empuje con injusta celeridad al olvido a los que nos sorprendieron e indignaron días o semanas atrás. Hablar de meses en la Argentina es referirse al largo plazo.

Para complicar aún más la situación, se anticipa en los medios que cuando finalmente llegue -si llega- el momento de tratar la ley del arrepentido el Senado no la aprobaría tal como la sancionó la Cámara de Diputados, sino que le haría varios cambios. Esto obligaría a que el proyecto tuviera que volver a Diputados, obligando a un nuevo tratamiento en esa Cámara, que, a su turno, deberá decidir si acepta las modificaciones del Senado o si insiste en su media sanción original. Si todo este trámite no se concreta antes de que finalice el año, el proyecto quedará sin sancionar y el procedimiento debería volver a comenzar en 2017 como si nada hubiera sucedido. De ser así, no sería posible por un largo tiempo utilizar la figura del arrepentido en los casos que la sociedad quiere ver resueltos lo antes posible y la norma quedaría postergada de manera indefinida.

¿A quiénes les conviene que no se sancione esta ley? ¿Cómo es posible que habiendo sido aprobada por la Cámara de Diputados con 194 votos a favor (incluyendo los bloques de Pro, del Frente Renovador, del Frente para la Victoria y del PJ) y apenas cinco en contra, ahora en el Senado el trámite se dilate y amenace eternizarse? ¿Qué presiones están recibiendo los senadores para mirar hacia otro lado? ¿Por qué ni la mayoría justicialista ni el oficialismo presionan para apurar su tratamiento?

En las redes sociales se perciben el escepticismo y la incertidumbre del común de la gente: "No es que los senadores estén siendo presionados para no sancionar la ley, lo que pasa es que si la ley se sancionara todos tendrían que salir corriendo a acogerse a la figura del arrepentido", dicen algunos, reflejando el descrédito general hacia los políticos. "Si se sanciona esa ley, nadie se salva de ir preso", dice otro. "Los senadores son cómplices: en su mayoría son del PJ, representan a las provincias y ahí la corrupción fue aún mayor que en la Nación." Son expresiones vertidas, por ejemplo, en las redes sociales de una sociedad que no entiende de tiempos políticos o que, en realidad, se ha cansado de tratar de entenderlos.

La ley no preocupa sólo a senadores, funcionarios, ex funcionarios y políticos. Recordemos que en países como Italia o Brasil, entre muchos otros, la figura del arrepentido contribuyó con fuerza a romper con los pactos de silencio. Dirigentes políticos y empresarios que ocupaban desde antigua data destacadas posiciones, que por largas décadas parecían intocables, fueron juzgados y condenados. En Brasil, esa ley resultó fundamental en casos de corrupción que involucraron a empresarios hasta entonces intocables: en marzo, el magnate Marcelo Odebrecht, CEO de la empresa constructora más grande de América del Sur, fue sentenciado a 19 años de prisión por el escándalo de Petrobras. La posibilidad de una ruptura del sistema corrupto alerta -y con razón- a cada uno de los involucrados, directa o indirectamente, tanto en los diferentes estratos de poder político, empresarial y sindical como en instituciones fuertemente sospechadas, como la AFA.

La combinación de la financiación de la política con grandes intereses económicos sólo puede enfrentarse con una total transparencia en la gestión pública y desarticulando las complicidades mafiosas que ocultan a los principales responsables de las maniobras. Por eso es preciso que exista la herramienta legal del arrepentido, para estimular a los que puedan aportar pruebas serias y contundentes, aptas para identificar a los mayores artífices de crímenes tan repudiables y para desnudar quiénes son los que -tanto desde el Estado como desde el sector privado- organizan y hacen funcionar el sistema en su beneficio.

La tardanza del Senado viene acompañada por una enorme dosis de desencanto y desconfianza de la sociedad civil hacia la política. ¿Por qué la gente que tanto se ha indignado al ver los impúdicos fajos de millones de dólares contados en cuevas, arrojados al interior de un convento o descubiertos en cajas de seguridad no se escandaliza también con la tardanza del Senado y reclama a sus representantes que cumplan con las promesas de la campaña electoral y sancionen una ley que, precisamente, ayudaría a aclarar esos casos y también otros de los que aún no tenemos noticia? Es mucho más fácil quedarse en la pura indignación que tomarse la molestia de hacer algo para combatirla, pero además, en este caso, pedirle a la sociedad que reclame una ley como ésta implicaría pedirle que se movilice por un tema que parece lejano, casi abstracto. Todos hablan mal de la corrupción, pero no todos se dan cuenta de que no hacer nada por evitarla equivale a permitir que nos priven, cada día, de un trocito de vida.

La sociedad necesita recuperar algo de confianza en las instituciones y en la política. Para preservar su credibilidad, el Gobierno debe reforzar la presión para que se sancione la norma, a pesar de los poderosos intereses que buscan impedirlo. Pero no se trata sólo del Gobierno: es hora de que los ciudadanos comunes también comprendamos que podemos ser protagonistas en la lucha contra la corrupción. No basta con indignarnos por las obscenas exhibiciones de millones de dólares o las grotescas evidencias de actos corruptos. Debemos escandalizarnos también ante la demora en sancionar leyes vitales como la del arrepentido y reclamar a nuestros representantes que la sancionen de inmediato. Mencionamos antes que varias peticiones efectuadas a través de la plataforma Change.org reunieron más de 110.000 firmas en reclamo de la sanción urgente de esta norma indispensable. Con la sanción de esta ley, podrían acogerse a la figura del arrepentido personajes como Ricardo Jaime, Lázaro Báez, López y quién sabe cuántos otros. Aún pueden agregarse adhesiones a esas iniciativas (https://www.change.org/todosloscandidatoscontralacorrupcion).

Para la dirigencia política, y en particular para el Senado de la Nación, sancionar la ley del arrepentido representa una gran oportunidad de demostrar que realmente existe la voluntad de terminar con un sistema de corrupción de alcances inimaginables, de devolver credibilidad a la política y de demostrar que los corruptos pueden ser aislados y combatidos.

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