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Impulsan el debate sobre el Derecho al Olvido en Internet en Argentina

Los temas que destacaron en el epicentro de las discusiones digitales son: un sistema judicial expeditivo, jueces que decidan si se puede remover contenido de Internet y pobreza digital cero

Martes 30 de agosto de 2016 • 16:31
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LA NACION
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Ibarra y Pinedo impulsan el debate
Ibarra y Pinedo impulsan el debate.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dio comienzo a un nuevo espacio de diálogo y discusión sobre políticas de Internet. Junto al ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, y el secretario del ministerio de Comunicaciones, Héctor Huici explicaron el rol del sistema judicial en el derecho al olvido, la importancia de que finalmente se apruebe un proyecto de ley de responsabilidad de intermediarios de Internet y el acceso para toda la población a Internet.

"De la misma manera que el poder judicial ordena un allanamiento, también puede ordenar un bloqueo de información en Internet", explicó Pinedo, argumentando que la Constitución establece que el Poder Judicial es el único que puede limitar los derechos de las personas, y por lo tanto, puede emitir una medida cautelar que borre un contenido de Internet. "Sin embargo, la gente que sufre daños en Internet, o es agredida online, necesita de herramientas rápidas para proteger sus derechos: hay que hacer un sistema judicial extremadamente rápido que permita resguardar los derechos de forma inmediata", especificó el senador.

El debate inaugural de los grupos de trabajo multisectoriales de Internet, tuvo una alta concurrencia del sector digital, judicial y muchos especialistas en temas de derecho informático. Entre los presentes se destacaban: el titular de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Eduardo Bertoni, el jefe de políticas públicas de Facebook, Martin Waserman, y la directora de políticas públicas de Google, Eleonora Rabinovich.

"No podemos instalar sistemas de censura de contenidos, para borrar información de Internet, los fiscales deben pedir permiso al juez", resaltó Pinedo. Sus dichos dieron lugar a muchos comentarios del público, entre ellos, uno de los cuatro fiscales especializados en cibercrimen, Horacio Azzolin, quien comentó a LA NACION que, en algunos casos existe una necesidad de remover contenido de Internet, sin embargo, es una decisión que afecta los derechos constitucionales, y por lo tanto debe ser tomada por un juez.

También hizo hincapié en un proyecto para modificar el código procesal de la Ciudad, que permitiría que los fiscales puedan sacar información de la red. "Existen contenidos en Internet que pueden ofender a personas o ser violatorios de la ley, por ejemplo: un sitio web que aliente el nazismo, u otro como Uber, que ofrece un servicio prohibido en una determinada jurisdicción", ejemplificó el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI). Sin embargo, indicó que también existen algunas páginas que pueden tener contenidos ofensivos pero no necesariamente delictivos, donde la decisión de eliminarlo debería ser tomada por un juez.

Una red sin atajos

Pinedo continuó con la presentación, destacando el rol de Internet: "Ha venido a cambiar el mundo, es imposible recordar cómo era todo antes de la revolución digital". También indicó que, algo tan extraordinario requiere que todos nos preocupemos de algunos aspectos negativos que puedan limitar su uso.

"Nos preocupa la responsabilidad de los prestadores de servicios, ya que nadie se puede hacer responsable, económicamente, del daño que puede provocar el contenido digital a otras personas", dijo Pinedo, buscando limitar la responsabilidad de los intermediarios, ya que si se los hace responsables de todo lo que se publica, se va a generar que la Red se apague. Ante este dilema, el senador propone un proyecto de ley de responsabilidad de intermediarios de Internet. En 2010, cuando Pinedo era diputado, presentó un primer proyecto sobre el tema, que prescribió; sin embargo, en las próximas semanas, se tratará una nueva normativa propuesta junto con la senadora Liliana Fellner, del Frente para la Victoria.

La iniciativa del ministerio de Modernización de crear grupos de trabajo para tratar estos temas fue bien recibida por el público. "Festejo que se abran estas oportunidades para que todas las partes interesadas puedan tener un espacio donde discutir los proyectos de ley que tengan que ver con la problemática de Internet", dijo a LA NACION Daniel Monastersky, abogado especializado en derecho informático y creador de la ONG No Encontrado.

"Uno de los focos de trabajo es el derecho al olvido, algo que tiene que ser regulado en el país, porque hay muchas personas que se ven revictimizadas al no contar con una norma que pueda alterar su situación", indicó el especialista. Además enfatizó que no se tienen que crear estructuras que le den más poder a las empresas de Internet y recordó el fallo de Mario Costeja, un ciudadano español, quien, cansado de que Google lo considere un moroso cuando sus cuentas ya estaban saldadas, reclamó al buscador que hiciera borrón y cuenta nueva. Cinco años después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le concedió su deseo.

Por su parte, el ministro Ibarra, argumentó que la posibilidad de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos depende de que Internet esté al alcance de todos, como parte de la política de pobreza digital cero, para reducir la brecha informática. "Hoy es una herramienta clave para el desarrollo del país. Distintas áreas del gobierno están llevando adelante un plan para comunicar a 1200 municipios, con el desarrollo del plan País Digital", anunció Ibarra. Además habló de la colaboración de grupos de trabajo participativos, algo fundamental para corregir decisiones y tener más iniciativas.

El asesor legal de OLX, Santiago Gini, coincidió con los panelistas y dijo que le parecía "destacable la iniciativa de convocar a actores de los distintos sectores como son: el público, privado y académico, para discutir estos temas; además, Pinedo fue claro cuando explicó cómo se puede dar una herramienta de protección de derechos, a personas afectadas por contenido ilegítimo".

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