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Unánime apoyo a la auditoría a la justicia federal

Urge acabar con las garantías de impunidad que han otorgado durante años numerosos magistrados, como lo reclama una treintena de entidades

Jueves 08 de septiembre de 2016
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En un hecho tan inédito como sintomático, una treintena de entidades, entre organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y colegios de abogados de primer nivel, liderados por el de la Ciudad de Buenos Aires, han adherido con firmeza a la necesidad de que el Consejo de la Magistratura lleve a cabo auditorías a juzgados y cámaras de la justicia penal federal.

Menos de un mes después de que el Colegio de Abogados de la Ciudad comunicara su iniciativa, el Consejo de la Magistratura la aprobó y decidió que su cuerpo de auditores examinará tanto causas que ya han concluido como otras aún en trámite.

A tal extremo ha llegado la desconfianza que merecidamente se han ganado varios jueces y camaristas de aquel fuero decisivo en el que se investigan, entre otras importantes causas, las de corrupción de funcionarios y ex funcionarios, que lo que en otros países podría considerarse anómalo, en la Argentina es visto como una necesidad perentoria para evitar los ya clásicos "cajoneos" de expedientes sensibles por sus consecuencias políticas y las demoras que en varias oportunidades han facilitado la prescripción de las causas y han contribuido de otras diversas maneras a garantizar la impunidad.

El control habitual de los juzgados está a cargo de sus superiores, que son las cámaras de apelaciones, pero ocurre que en nuestro país los vicios de las demoras alcanzan también a más de una sala dentro de las cámaras, y no sólo con inadmisibles tardanzas que pueden medirse en años, sino también con otras graves irregularidades.

Como señalamos en esta columna en abril pasado al encomiar la iniciativa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, firmada por la totalidad de su directorio, la entidad se basó, entre otras razones, en estudios que indican que desde la comisión de un presunto delito hasta su judicialización suelen transcurrir alrededor de 40 meses. A su vez, el tiempo promedio entre la denuncia de un hecho y el inicio de la etapa de juicio es de más de 86 meses; esto es, más de siete años. En definitiva, desde la comisión del hecho hasta el inicio del juicio transcurren, en promedio, poco más de diez años.

Tan relevante fue la propuesta de la auditoría a la justicia federal realizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que una treintena de prestigiosas asociaciones la apoyaron. El siguiente es el listado que da cuenta de la seriedad de la iniciativa:

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE)

Asociación de Abogados de Buenos Aires

Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)

Asociación Civil Conciencia

Asociación Civil Usina de Justicia

Asociación Empresaria Argentina (AEA)

Asociación Justa Causa

Asociación Justicia y Concordia

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)

Asociación Será Justicia

Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina

Cámara de Sociedades Anónimas

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec)

Colegio de Abogados de Córdoba

Colegio de Abogados de Rosario

Colegio de Escribanos de Buenos Aires

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

Consejo Empresario para América Latina

Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp)

Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)

Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores)

Fundación Carlos Pellegrini

Fundación Poder Ciudadano

Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea)

Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires

Sociedad Rural Argentina (SRA)

Unión Iberoamericana de Abogados

La magnitud de la tarea que enfrentarán los auditores requiere, con seguridad, la ampliación del cuerpo y la dotación de los recursos materiales indispensables. A su vez, sería importante que en un futuro próximo estas inspecciones abarquen también a las fiscalías, comenzando por las federales penales.

La tarea emprendida por el Consejo de la Magistratura a instancias de las entidades mencionadas no será nada fácil. Es sabido que algunos jueces federales han manifestado por lo bajo su desacuerdo y que resistirán con mil ardides rendir cuenta de sus actos.

Pero de la seriedad, objetividad e independencia con que procedan los auditores y la posterior acción del Consejo de la Magistratura dependerá que estas inspecciones contribuyan decisivamente a un comienzo del saneamiento de nuestra Justicia y a recuperar la confianza que alguna vez depositó en ella la ciudadanía.

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