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La libertad religiosa y la Justicia

Es necesario respetar la vocación por una vida monástica, evitando caer en actitudes ofensivas o escandalosas que distorsionen su recta intención

Sábado 24 de septiembre de 2016
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A causa de la publicación de una investigación periodística que recoge el testimonio de familiares y ex monjas que denunciaban supuestas torturas, la Justicia ordenó, semanas atrás, el allanamiento del Convento de las Carmelitas Descalzas en Nogoyá, Entre Ríos. El operativo policial, a todas luces desproporcionado, incluyó patrulleros que rodearon la manzana y la asistencia de 50 efectivos pertrechados con cascos y armas que forzaron la puerta para ingresar en el convento ante el estupor de 17 mujeres que transcurren allí en vida de clausura.

En el contexto de la investigación y para garantizar la transparencia de las actuaciones, el juez Gustavo Acosta ordenó el desplazamiento de la superiora, imputada por privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre. El arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, deberá decidir sobre el futuro inmediato de la religiosa.

La Sociedad Argentina de Derecho Canónico dio a conocer un comunicado en el que destaca que la forma en que procedió la Justicia atenta contra la libertad religiosa, pues allanó un monasterio autónomo y con personería jurídica, regido por el derecho pontificio. A un mes de los hechos, la cúpula del Episcopado también criticó el procedimiento y pidió a la Justicia que "respete la libertad religiosa", y aclaró que la Iglesia Católica no busca ningún privilegio frente a la legítima acción del Estado ante eventuales delitos. En el entendimiento de que no hubo ni hay motivos para allanar del modo en que se lo hizo una casa de oración legítimamente constituida, reafirmaron el valor de la vida religiosa contemplativa y pidieron que la Justicia se expida con prontitud en un hecho "que presenta instancias canónicas que deben ser tenidas en cuenta".

La respuesta vocacional al llamado de Dios a la vida consagrada es un acto de libertad. Durante siglos, muchos de los santos y mártires que la grey católica venera adoptaron distintas formas severas de penitencia, convencidos de que los conducían a la salvación, junto con la disciplina y el ayuno, entre otras prácticas. No se puede, de ninguna manera, asimilar la tortura a la penitencia.

Ciertamente, como tantas otras elecciones de vida, resultan de muy difícil comprensión para muchos. ¿Cómo no cuestionar si prácticas que incluyen elementos para infligir dolor al cuerpo, como el cilicio o la mordaza, que nos llegan desde la antigüedad y que fueron frecuentes en la Edad Media, reportan algún beneficio cuando no se comparte la espiritualidad sobre la cual se sustenta su uso? Pero si son fruto de la libertad de elección, como un acto personalísimo de un adulto, debería respetarse de no mediar imposición o coacción que ponga en duda la existencia de un delito tipificado en el Código Penal.

La milenaria vocación por una vida monástica demanda respeto. Sería deseable que la intervención judicial ante los hechos evite caer en actitudes ofensivas o escandalosas que distorsionen su recta intención. Las reglas propias de una comunidad como la referida no encubren o encierran delito alguno. Por eso mismo, ante la duda, está muy bien que se investigue.

La plataforma Citizengo abrió la recepción de apoyos para una moción que exige al fiscal que interviene en el caso el respeto a la libertad religiosa, destacando que las monjas que aún permanecen en el convento afirman que nunca se han sentido coartadas en su libertad como se desprende de un video que han subido a Facebook.

Como en tantos otros terrenos, el límite parece cuanto menos difuso y claramente plantea cuestiones de conciencia. La libertad religiosa, como cualquier otra, debe defenderse siempre. Algo no estaría funcionando bien si ésta se viera penalizada sin las pruebas incontrastables que surjan de una investigación seria e independiente.

Está visto que, para muchos, algunas acciones pueden resultar incomprensibles y arcaicas, pero no por ello se las puede criminalizar ni condenar, mucho menos antes de comprobar la existencia fehaciente de un delito. De lo contrario se incurriría en una forma de persecución religiosa.

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