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El ajuste pendiente

El Estado todavía tiene Empresas que pierden

Economía

Aunque es un lugar común decir que "el Estado argentino se retiró de la actividad empresarial", la realidad es otra. La Argentina sigue teniendo empresas públicas, y no son nuevas, sino casi las mismas que privatizó, que siguen funcionando. Tal vez parezca mentira, pero si esta vez se cumplen las previsiones oficiales, a finales de este mes dejarán de existir, funcionar y gastar el Banco Nacional de Desarrollo (Banade), Agua y Energía Eléctrica, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, ELMA, Obras Sanitarias de la Nación y Ferrocarriles Argentinos.

Todas estas empresas han sobrevivido, muchas de ellas tienen sede, empleados, presupuesto y hasta atienden al público. Y no son las únicas. Todavía están en la órbita estatal Astilleros Ministro Domecq García, Entel, el frigorífico CAP, Ferrocarriles Metropolitanos y el Instituto Nacional de Reaseguros (Inder).

Hasta personas muy informadas podrían creer que ninguno de estos entes existe ya. En realidad, cuando se las privatizó o disolvió porque nadie las quería quedaron unidades que se encargaban de recibir reclamos por deudas o gestionar acreencias estatales. Eran las empresas "residuales" o "en liquidación".

Pero tras casi una década de privatizaciones, los entes "residuales" no han dejado de funcionar, en la mayoría de los casos. A fines de 2000 se cumplirán diez años del paso a manos privadas de la telefónica estatal Entel. Pero el expediente que decrete oficialmente desaparecida esa entidad todavía no está completado.

En 1999, estos fantasmas del ex Estado empresarial costaron al presupuesto no menos de $ 20.568.000. Aunque la cifra de costo público debe ser mayor. Por ejemplo, el ex Banade debería dar superávit, ya que se ocupa de recobrar acreencias, pero con los beneficios que obtiene debe soportar la pérdida de la ex Ferrocarriles Metropolitanos.

Porque es curioso. En el recuerdo popular, la Argentina tenía una empresa ferroviaria que concesionó tras dividirla. Pero resulta ser que pasados los años no sólo tiene una, sino dos, cuando todo el mundo cree que no posee ninguna.

Como antes de las privatizaciones la empresa se dividió en Ferrocarriles Metropolitanos SA (Femesa) y Ferrocarriles Argentinos SA, quedaron dos "residuales".

No se puede decir que el gobierno de Menem no haya previsto cerrarlas de una vez por todas. En el presupuesto de 1996 se comprometió a hacerlo el 31 de diciembre de ese año como fecha límite. Pero luego se pospuso para seis meses más tarde. A continuación la fecha pasó para el 31 de diciembre de 1997.

Pero desde la Jefatura de Gabinete se usaría el poder concedido a su titular para continuar alargando la agonía. El final debió ocurrir en diciembre de 1999. Pero no sucedió. Rodolfo Terragno debió entonces emitir la decisión administrativa número once del presente año, que puso la fecha límite en el 30 del actual.

De algún lado habrá que sacar dinero para cubrir los déficit de los entes fantasma, ya que el presupuesto 2000, que los daba por fenecidos a partir del 1º de enero último, no les fijó partidas.

En algunos casos parecen faltar sólo unas firmas. Así ocurre con los Astilleros Domecq García y Entel, que están reducidos a sólo una carpeta que espera ser archivada.

Entel residual le costó al Tesoro $ 2 millones en 1999.

En el mismo caso que las dos anteriores están Agua y Energía y la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA). Esta última disponía en 1999 de $ 130.000 anuales para pagar a su personal, que se reducía a un solo agente.

En cambio, funciona y atiende al público Obras Sanitarias de la Nación. Tiene sede en el mismo edificio en que también estaban Agua y Energía y ELMA residual. Como si todas las ex empresas públicas relacionadas con el agua debieran encontrarse en el mismo sitio.

Ferroviarios y administrativos

Y si las privatizaciones en el sector de trenes dejaron sin trabajo a muchos ferroviarios, no parece haber ocurrido lo mismo con los administrativos. Femesa en liquidación empleaba en 1998 a 885 personas y en 1999 tenía previsto pagarles salarios a 517 agentes de la planta permanente.

El presupuesto estimó una pérdida (déficit) anual de casi tres millones de pesos.

El Banade gastó $ 2.251.440 en personal en 1998. Y en 1999 tenía asignados $ 1.586.000 para remuneraciones. Si cumplió con las proyecciones oficiales, hoy no debería tener más de 36 agentes.

Tanto en el gobierno de Menem como en la actual administración hay quienes sostienen a capa y espada que de una vez por todas hay que cerrar las "empresas residuales", según señalaron fuentes de la Alianza.

Son los que dicen que no sólo generan gastos, sino que además, mientras estén allí y funcionen, aparecerán reclamos de viejas deudas, juicios, querellas y sentencias en contra que hay que terminar pagando con la emisión de títulos Bocon. Es decir, con aumento de la deuda pública.

Los partidarios del cierre sostendrían que por esta vía se mantienen abiertas algunas vías de posibles corruptelas. Y aumenta la deuda pública.

Curiosamente, el ministro de Economía, José Luis Machinea, apenas hizo una breve mención y no demasiado específica sobre el cierre de las ex empresas estatales, para contribuir a reducir el déficit fiscal.

Hay que decir, por ejemplo, que en 1996 -el año de más rojo fiscal de la convertibilidad después de 1999- Agua y Energía Eléctrica perdió casi $ 5.800.000 y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro debió recibir un aporte de poco más de $ 5.428.000 para no terminar en rojo.

También en 1996, Obras Sanitarias -que fue privatizada en 1993- perdió, tres años después, poco más de $ 11.700.000.

En 1999, la Caja de Ahorro residual recibió todavía casi $ 2.500.000, y la Administración General de Puertos obtuvo del Tesoro $ 1.800.000. ELMA se llevó $ 2.700.000 y Femesa, $ 7.000.000.

Repetidos

Si este año se repitiera el gasto previsto en el ejercicio anterior en la jurisdicción denominada Obligaciones a Cargo del Tesoro habría un gasto aproximadamente a la mitad del presupuesto previsto de la agencia oficial de noticias Télam.

El Gobierno sostiene que esta vez se cumplirá el plazo para el cierre. "Una vez decretada la liquidación, desaparece la entidad y una oficina específica de la administración continuará atendiendo los trámites que puedan surgir relacionados con lo que fue una empresa", sostienen los informantes.

El caso es que mientras eso no ocurre "hay que mantener a un liquidador, una planta mínima de personal y atender los gastos de funcionamiento".

La mayoría de las veces es a pérdida. A veces, como con el Banade, hay acreencias que se cobran. Pero la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que tal vez todavía esté persiguiendo y ejecutando morosos, también se lleva un aporte estatal para poder equilibrar sus cuentas.

Y la verdad es que si durante una década se gastan $ 20.000.000 anuales en sostener entidades a las que sólo resta cerrarlas, se consume en el período una suma casi idéntica a lo que se obtuvo en 1990 y en efectivo en pago por una de las dos partes en las que se dividió Entel.

También hay que recordar que por otras empresas se obtuvo mucho menos dinero e incluso algunas no pudieron ser vendidas.

Por ejemplo, el Ferrocarril General Belgrano sigue funcionando y en 1999 se llevó $ 32.600.000 para cubrir sus gastos corrientes, ya que da déficit y está en manos de la Unión Ferroviaria.

Sin embargo, cuando el Estado lo ofreció en la licitación que resultó desierta no proponía, como ahora, cubrir el rojo operativo y las inversiones.

Curiosamente, toda la vida "extra" que han tenido estas empresas públicas ha estado signada -al menos desde 1994- por sucesivos ajustes, reestructuraciones, racionalizaciones, reducciones de organismos, recortes presupuestarios, subejecuciones de partidas y toda clase de instrumentos encaminados a recortar los gastos.

Pero las empresas en liquidación o residuales parecen haber tenido una gran habilidad para escapar a las tijeras. .

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