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Blanqueo: denuncian al GAFI el "desmantelamiento" del sistema antilavado

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica concentró sus críticas en el decreto que habilitó que familiares de funcionarios públicos puedan acceder al blanqueo

LA NACION
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Hugo Alconada Mon
Miércoles 07 de diciembre de 2016 • 12:34

El Gobierno cosechó una nueva crítica a su política oficial contra el lavado de activos. Pero esta vez, con destinatarios internacionales. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) alertó al principal foro antilavado del mundo sobre "el desmantelamiento del sistema" en el país mientras que la Casa Rosada alienta una "amnistía", planteo al que de inmediato salieron al cruce desde el oficialismo.

El Cipce concentró sus críticas, en particular, en el decreto 1206/16 que habilitó que familiares de funcionarios públicos puedan acceder al blanqueo, lo que viola "claramente el espíritu de la ley sancionada por el Congreso", estimó. "El Poder Ejecutivo está otorgando una amnistía por delitos económicos, cuando los legisladores habían prohibido esto expresamente".

Desde su publicación, el decreto 1206/16 generó críticas desde la oposición -entre otros, del Frente Renovador y el Frente para la Victoria-, como así también de colaboradores de Lilita Carrió -uno de los pilares de Cambiemos- y de expertos independientes, dadas las características inherentes a las denominadas "personas políticamente expuestas" o PEP.

Para el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, esa crítica carece de sustento. "El decreto no contradice la ley, y hemos consultado a constitucionalistas al respecto, del mismo modo que respeta los estándares internacionales", replicó Federici a LA NACION.

Ahora, las objeciones del Cipce, una organización de la sociedad civil que estudia y alerta desde hace años sobre los efectos en la Argentina de la corrupción, el lavado y otros delitos económicos, apuntan no a la esfera local, sino a un destinatario en el exterior: el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), mientras que se encuentra reunido su capítulo para América Latina (Gafilat).

Para eso, el Cipce envió hoy una nota al presidente del GAFI, Juan Manuel Vega Serrano, en la que también lamentaron que la unidad antilavado local, la Unidad de Información Financiera (UIF) afrontó un "recorte de funciones", con la consiguiente "disminución de los controles en materia de delitos económicos".

Según Federici, esa objeción es "injusta" y basada en una "motivación política". "El Cipce carece de imparcialidad desde que defendió las dos postulaciones de José Sbattella para presidir la UIF, la segunda vez aún cuando ya se sabía todo lo que Sbattella estaba haciendo en la unidad, utilizándola como una herramienta política", remarcó.

Desde el Cipce, en tanto, tras recordar que la Argentina ingresó a la denominada "lista gris" del GAFI que abarcaba a los países en riesgo sobre los que debían aumentarse los controles, supervisión de la que sólo salió después de tres años en 2014, Cipce indicó que las medidas oficiales adoptadas durante el último año podría provocar un retroceso.

"Entendemos que todas estas acciones [del Gobierno] generan el claro riesgo de que la Argentina vuelva a integrar las listas de países que no cumplen con sus obligaciones internacionales antilavado", indicó la entidad que dirige Agustín Carrara, en alusión a lo que ya ocurrió durante el kirchnerismo.

Ahora, tras la asunción de Mauricio Macri, el Cipce observa múltiples signos preocupantes. "Durante el último año, la Unidad de Información Financiera -y el Poder Ejecutivo en general- han tomado una serie de medidas con efectos extremadamente negativos en materia de prevención del lavado de dinero".

En ese sentido, desde el Cipce solicitaron al GAFI "que intime al Poder Ejecutivo argentino a que cumpla verdaderamente los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos".

Según Federici, sin embargo, ese argumento "no hace más que confirmar que están equivocados y los mueve un interés político. Cada paso que hemos dado contó con el aval del GAFI, con un apego total a la ley argentina y siguiendo los estándares internacionales. El traspaso de la UIF del Ministerio de Justicia al de Hacienda que Cipce critica es un ejemplo de ello -destacó-. Porque prácticamente todas las UIF del mundo y en especial en el continente americano se encuentran bajo la órbita de Hacienda para promover una mejor coordinación regulatoria".

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