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Financiamiento de la política

Quiénes pagaron las campañas presidenciales

Domingo 11 de diciembre de 2016 • 23:10
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Nadie quiso quedar rezagado en la carrera presidencial de 2015. Candidatos, empresarios y operadores diseñaron su propia estrategia para quedar lo más cerca posible de la Casa Rosada. Y para cualquiera de esas estrategias fue indispensable -en términos terrenales- la "billetera".

La mayoría eligió moverse entre las sombras con la compleja logística de los maletines. Transitar por la banquina para evitar los controles que impone la ley, según pudo reconstruir la nacion tras reiterados diálogos con los protagonistas. Los partidos políticos tuvieron que aceitar una ingeniería de blanqueo para justificar esos millonarios ingresos.

Otros miles, en cambio, estuvieron dispuestos a hacer públicas sus donaciones. LA NACION Data analizó durante las últimas semanas casi 10.000 registros de aportantes de las principales alianzas para descubrir quiénes financiaron la campaña electoral del 2015. ¿Cómo se hizo? Se tomaron los informes finales que Cambiemos, Frente para la Victoria, Frente Renovador y Compromiso Federal presentaron ante la Justicia, se exportaron los listados de cada partido a un formato amigable y después se aplicaron los filtros necesarios para establecer un ránking entre las miles de personas físicas que facilitaron dinero a la campaña.

La piñata de donantes incluye a grandes empresarios y reconocidos funcionarios, pero está invadida, sobre todo, por un ejército de miles de empleados públicos. La Justicia investiga ilícitos en la campaña sobre dos tendencias: por un lado, las donaciones indirectas de empresas -prohibidas por la ley- y, por el otro, lavado de dinero de actividades ilícitas como la corrupción que -sospechan- se pudo haber blanqueado con el uso de empleados públicos como pantalla para justificar los aportes.

Empresarios al poder

Por Iván Ruiz

Cambiemos fue la fuerza política con más ingresos declarados durante 2015: $ 286 millones. Utilizó $ 162 millones para hacer frente a las tres campañas electorales y, además, recaudó otros $ 124 millones en las cuentas de Pro en 2015. Este último dinero -según declararon sus autoridades- también fue invertido en la campaña. Cambiemos sinceró parte de los millonarios gastos, con aportes cercanos a la realidad que en muchos casos permiten seguir la trazabilidad del dinero, coinciden las fuentes especializadas que consultó LA NACION.

El oficialismo se apoyó en empresarios de confianza de Mauricio Macri . ¿Quiénes financiaron la campaña del Presidente? Jorge Pérez Alati fue el donante más generoso: aportó $ 2,7 millones en 2015. Pérez Alati, un hombre que suele compartir encuentros con Macri durante sus descansos en Cumelén Country Club, de Villa La Angostura, desembolsó en febrero y en marzo una suma total de $ 1,7 millones a Pro. Además, el estudio "Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnstsen y Martínez de Hoz (h.)" aportó casi $ 1 millón al partido.

Diez días antes del ballottage, Daniel Awada, el cuñado del Presidente, desembolsó $ 2,6 millones para financiar el último tramo de la campaña. El alto monto de la donación llamó la atención de la Justicia, que ahora investiga al empresario textil. Una denuncia de la Procelac indicó que Awada recibió en los últimos meses "acreditaciones bancarias" por apenas un millón de pesos. La defensa de Awada ya se presentó ante el fiscal Jorge Di Lello para conocer más detalles sobre la investigación en curso, informaron fuentes judiciales.

El candidato bancó su propia campaña. Mauricio Macri aportó $ 2 millones para Cambiemos. La misma cantidad de dinero donó la familia Ferioli-Ostry, otro de los grandes aportantes. Jorge Ferioli, ex titular de petrolera San Jorge, es una fuente de consulta del Presidente en temas energéticos. Su nombre sonó para YPF, pero su llegada no se concretó.

También aparecen empresarios vinculados a Despegar.com con donaciones al partido por $ 1,9 millones: el CEO, Roberto Souvirón ($ 900.000), Christian Vilate ($ 500.000), otro de los fundadores, Martín Rastellino ($ 300.000) y Alejandro Tamer ($ 200.000).

Otros dos empresarios aparecen entre los aportes más acaudalados. Ivana Román, representante del holding de logística y grúas Grupo Román SA, donó $ 1,5 millones. La misma cantidad aportó el abogado Ricardo Mihura Estrada. Ambos son investigados por la Justicia por sus altos aportes. Más atrás figura la familia Zorraquín ($ 1,4 millones).

La Justicia intentará determinar si los aportes de estos empresarios se hicieron a título personal o si, en realidad, esconden dinero que sus empresas transfirieron al candidato, acción penada por la ley.

Negocios puntanos

La siempre polémica relación entre políticos y empresarios tomó otra dimensión en San Luis. El gobernador Alberto Rodríguez Saá sentó a su lado el martes 12 de abril a los empresarios que construirán el megaproyecto parque La Pedrera, una obra de $ 1500 millones que incluye la construcción de un estadio, un autódromo, lagunas artificiales, escuelas y un hospital. Seis meses antes, buena parte de esas empresas puntanas habían desembolsado los millones que permitieron financiar la campaña presidencial de Adolfo Rodríguez Saa, el hermano del gobernador.

¿Cómo se hicieron los aportes? Como la ley no permite el aporte de empresas, las compañías utilizaron a empleados. A diferencia de lo que sucedió con el Frente para la Victoria, los puntanos eligieron pocas personas de confianza para realizar donaciones por altos montos. Por ejemplo, Cecilia Ciccarone, empleada de Rovella Carranza SA, aportó $ 385.000. También aparecen aportes similares de al menos otros dos empleados que trabajan para proveedores que la constructora suele subcontratar en las obras públicas.Rovella Carranza construirá el estadio único ($ 600 millones) y el autódromo de San Luis. Pero los vínculos de Rovella Carranza con la política no se limitan a esta provincia: ganó obras públicas por $ 17.000 millones durante el kirchnerismo.

Las refacciones en el parque La Pedrera ($ 300 millones) quedaron a cargo de Lumma SA, una empresa puntana que suele construir casas para la provincia. Meses antes, la familia Moreno -a cargo de la firma- había desembolsado $ 700.000 para la campaña de Rodríguez Saá.

Soldados del Estado

Un ejército de empleados públicos. Cuatro mil doscientos cuarenta y ocho soldados aportaron pequeños montos para financiar las campañas electorales de Daniel Scioli en 2015. Nadie aportó más de $40.000. Sólo Julio Garramuño, un empleado de la Uocra que vivía en Villa Lugano, se estiró hasta los $60.000. La mayoría aportó $10.000. Así justificó el sciolismo los $110 millones declarados oficialmente como gastos en proselitismo, más otros $ 5 millones que declaró el Partido Justicialista en su balance partidario.

Más del 70% de los "grandes aportantes" -con contribuciones de hasta $ 40.000- que declaró el oficialismo son empleados públicos. Hay desde docentes hasta cuadros técnicos del Consorcio de Gestión Del Puerto La Plata, una de las principales cajas a la que echó mano el sciolismo para justificar sus gastos de campaña.

"Smurf laundry" o "lavado pitufo" lo llaman los especialistas. Es decir, blanqueo a través de pequeñas cantidades de dinero sobre un amplio universo de personas físicas que permiten justificar fácilmente esos ingresos. Sobre esa hipótesis trabajan distintos estamentos de la Justicia. A pesar de manejar pequeños montos, el Frente para la Victoria (FPV) ya quedó en jaque: la Cámara Electoral detectó más de 700 monotributistas de las categorías más bajas que llegaron a donar hasta $ 40.000 cuando su límite de facturación anual era inferior a los $ 48.000.

La administración bonaerense domina la planilla del FPV. Entre los nombres más salientes aparecen siete directores del Banco Provincia que figuran entre los donantes más generosos, con aportes por $ 40.000 cada uno. También seis empleados del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata.

La manipulación de los empleados públicos llegó a la Justicia cuando tres empleados de ARBA denunciaron haber sido incluidos en la nómina oficial sin su consentimiento y sin haber realizado donación alguna. El artículo 15 de la ley de financiamiento de partidos políticos prohíbe que las fuerzas reciban "contribuciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la donación por sus superiores jerárquicos".

Aunque en menor medida, también figuran entre los aportantes empresarios vinculados a proveedores del Estado. como el caso de Cirujía JFS, Arx Arcillex o Angiocor. Hay también cinco directivos de Havanna SA, entre ellos el ex funcionario Chrystian Colombo. Cada uno aportó $40.000 Y, por último, donaron una decena de empresarios vinculados a transportistas de residuos especiales.

La alianza UNA (Sergio Massa) vaya si hizo uso de los recursos del Estado. En su lista de aportantes (menos de 40 nombres) aparecen algunos funcionarios cercanos al candidato, pero también figuran una buena cantidad de empleados públicos. La mitad de los aportantes -todos con bajos montos- están en la planta de empleados de Tigre, territorio propio para el líder opositor.

A pesar de que la instalación de Massa en la calle y en los medios estuvo a la altura de sus competidores, el Frente Renovador declaró la campaña más económica entre los candidatos con más posibilidades de llegar a la Casa Rosada: $57 millones; menos de la mitad que Macri y Scioli.

Incluso, la Cámara Electoral remarcó en la auditoría sobre las PASO que la lista de Massa incurrió en llamativos gastos de pre-campaña, es decir, aquellos desembolsos realizados antes del período permitido por ley. Decenas de carteles en la vía pública, gastos en aviones privados y hasta el alquiler del estadio de Vélez para su acto de lanzamiento fueron señalados por la Justicia por no haber sido declarados. La Justicia ahora investiga cómo se pagaron todos esos gastos.

Pero la mayor cantidad de fondos recaudados por el Frente Renovador no se concretaron mediante el aporte "hormiga" de empleados públicos, sino por las transferencias internas de los partidos de la alianza. Fueron $ 25 millones; una buena parte girado desde el Frente Renovador bonaerense. Especialistas y funcionarios judiciales coinciden: como no existe ley que regule el financiamiento electoral en las provincias, la recaudación en los distritos como el bonaerense se convierten en un verdadero "agujero nego" de la política.

El circuito del dinero sucio

Por Hugo Alconada Mon, Iván Ruiz y Maia Jastreblansky

El candidato nunca, jamás, debe tocar el dinero. Como máximo, lo ve pasar. Pero cuanto menos sepa sobre los detalles, mejor. Porque hay datos que es preferible no conocer. Así, si algo sale mal, eso le permitirá despegarse de una operatoria que incluye valijas con millones de dólares, cuevas financieras para cambiarlos a pesos -al valor del entonces dólar blue-, servicios extraoficiales de camiones de caudales y ningún recibo. Y, claro, algo puede salir mal. Porque la red informal de financiamiento de las campañas electorales funciona siempre cerca de la ilegalidad.

Sebastián Forza podría confirmarlo si no lo hubieran ejecutado de ocho tiros en agosto de 2008. Como muchos otros, él puso el rostro -y los cheques- para blanquear millones de pesos que terminaron en las cuentas de la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007. Pero el dinero no era de él -quebrado y sin fondos-, sino de otros. ¿De quiénes? Algunos miran a los narcos; otros, a los grandes empresarios. Porque la campaña puede ser una inversión redituable a mediano plazo que se retribuye con negocios jugosos. Ocho años después de aquella campaña dominada por Forza y sus amigos de las droguerías, la red clandestina de financiamiento electoral continúa a pleno, entre otros motivos porque por primera vez en 12 años nadie de apellido Kirchner tendrá el bastón presidencial. Entonces todos quieren quedar bien con los potenciales sucesores.

Por eso, los grandes empresarios aportaron millonadas, aunque ninguno aparece en las largas listas oficiales de donantes. Algunos, solitarios, facilitaron hasta US$ 7 millones, según confirmaron los recaudadores a LA NACION bajo estricta reserva de sus nombres, porque admitirlo los llevaría a Tribunales. Otros, más austeros, aportaron entre US$ 3 y 4 millones, y varios más desembolsaron "apenas" US$ 1 millón en nombre de las cámaras sectoriales que integran.

En esta operatoria, sin embargo, participaron al menos dos decenas de los más grandes empresarios del país. Sólo entre ellos financiaron más de la mitad de las campañas de Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa, que por lo bajo admiten que sus números reales para llegar a la Casa Rosada superaron los $ 1000 millones, aunque los números oficiales sean muy distintos.

Claro que a la hora de financiar campañas hay nombres que siempre suenan: Paolo Rocca (Techint), los hermanos Bulgheroni, Jorge Brito, Cristóbal López, Eduardo Eurnekian, Benito Roggio y Daniel Vila son apenas algunos, como antes lo fue Amalia Lacroze de Fortabat, mientras que Enrique Pescarmona conoció tiempos mejores. Pero todos ellos -o sus colaboradores- negaron cualquier rol al ser consultados por LA NACION, del mismo modo que el escándalo de corrupción que sacude a Brasil cerró otra canilla preciada en la Argentina. ¿Por qué? Porque algunas de las principales compañías que operan en el país están en manos brasileñas y se saben bajo la lupa judicial del otro lado de la frontera.

Pero ¿cómo funciona la operatoria? Como en una obra de teatro, los aportes de campaña suelen estar guionados. Primero ocurre un encuentro más o menos formal entre el candidato y el empresario o grupo de empresarios. El presidenciable habla de alta política durante un desayuno, almuerzo o cena, y repasa sus planes para el sector al cual pertenece el potencial aportante, que por supuesto no debe plantear cosas terrenales. Pero luego, cuando el candidato se marcha, llega el turno de un colaborador -como Nicolás Caputo con Macri, Luis "Chiche" Peluso con Scioli o José Ignacio de Mendiguren con Massa, entre otros con cada presidenciable-, que tira frases tales como "para que nuestro hombre pueda hacer eso, necesita de tu ayuda". Y de encontrar una respuesta positiva, entonces, llega el turno de un tercer actor: el valijero. Ya sea que lo aporte el equipo o la empresa.

¿Por qué se meten los empresarios, locales o extranjeros, en este baile? Porque quieren apostar a ganador y entonces ponen huevos en todas las canastas. Porque nunca se sabe si las urnas no deparan una sorpresa.

El problema no pasa sólo por aportar los millones, sino por cómo hacerlo. Y en la práctica el dinero -si no puede ser blanqueado a través de cenas con cubiertos pagos, por caso- ingresa en un laberíntico circuito "negro", muy distinto del declarado.

En "blanco" sólo aparecen algunos rubros -o incluso algunos números de ciertos rubros-, como la propaganda en Internet, la publicidad en vía pública, el alquiler de aviones o de grandes salones para los actos, entre otros. Estos gastos sí aparecen declarados ante la Cámara Nacional Electoral. Hay muchos otros, sin embargo, que jamás se declaran, como lo explica uno de los recaudadores que accedió a hablar con LA NACION. "¿Cómo vamos a declarar esto? Ellos no quieren aparecer de ninguna manera y a nosotros nos viene bien porque tenemos que pagar toda la mierda de la política. Eso no es algo que podamos facturar", razonó.

Del otro lado del mostrador, la mano derecha de uno de los grandes empresarios de la Argentina -pero también "valijero" más de una vez- amplió las opciones. "Hay veces que el traslado del «físico» [por el efectivo] se hace de nuestra empresa directo a, por ejemplo, la imprenta que se encarga de los afiches. Así le evitás un dolor de cabeza al candidato -que no sabe dónde guardar el dinero- y nosotros nos garantizamos que el dinero se usó para la campaña y que no se la «comió» ningún recaudador".

Aunque resulte paradójico, a menudo los candidatos no dan el primer paso en este minué de los billetazos. Son los empresarios los que quieren "contribuir" . Una vez expresado el interés, un dirigente de máxima confianza del candidato queda a cargo de la negociación, aunque luego puedan aparecer otros jugadores para las negociaciones más duras, y otros más para encargarse de los "detalles".

"Cuánto más plata tiene, más le pedimos", simplificó uno de los dirigentes que pasa la gorra para uno de los candidatos con posibilidades

No sólo se barajan cifras. También se define la forma de pago. ¿Un ejemplo? Son varios los equipos que prefieren cobrar en cuotas. Eso ofrece varias ventajas. Por un lado, no acumulan pilas de efectivo incómodo que no puede ser bancarizado; por el otro, les permite una mejor contabilidad. Pero eso sí: las cuotas incluyen un refuerzo para las fechas próximas a las elecciones. "No hay opción porque, si no, qué hacemos con toda esa guita", resumió uno de los cancerberos del dinero negro electoral.

Uno de los ejemplos documentados más elocuentes de los aportes en cuotas lo ofreció Siemens en los 90.Ya en tiempos más recientes, los Cirigliano, el grupo Marsans o incluso la petrolera española Repsol aportaron a la campaña de los Kirchner, que delegaron los detalles en Ricardo Jaime, Rudy Ulloa, Claudio Uberti, Julio De Vido o Raúl Copetti, entre otros.

También se acuerda la moneda, porque muchos prefieren aportar en dólares -lo que permite manejar volúmenes más pequeños-, aunque eso conlleve otra dificultad para los equipos de campaña. "Debemos ser los únicos locos en este país que queremos pesos. No sabés los líos que nos trae cambiar tantos dólares", ironizó ante LA NACION un operador que conoce los vericuetos del sistema.

Como en tantos otros negocios de la Argentina, las cuevas encarnan hoy el atajo de los presidenciables para circular ese dinero negro. Allí cambian dólares al valor del blue. Y desde allí también salen los camiones blindados informales hacia las provincias para repartir los fondos frescos que se requieren en el terreno para pagar fiscales, punteros, periodistas -y sus "infomerciales" o "chivos"-, cartelería, los remises el día de elecciones, las viandas y mucho más. "El resto, lo que es negro cien por ciento, es lo que es imposible de facturar. La plata de la política", precisó el cancerbero. "La mayor parte va a la provincia de Buenos Aires", agregó.

A cambio, muchos aportantes confían en una retribución futura en sus áreas de interés, ya sean los negocios de seguridad, de la basura, del juego, los laboratorios, o el que fuera.

"Vino un empresario que ya tuvo problemas con la Justicia y nos dijo que iba a poner US$ 2 millones a la campaña, pero que le teníamos que garantizar que se iba a quedar con un negocio. Y que una vez que ganara la licitación, nos iba a entregar otros US$ 2 millones. Obviamente, le dijimos que no", relató orgulloso el recaudador de un presidenciable. Pero después confesó algo más. Le dijeron que no porque ese negocio ya había sido cedido a otro reconocido empresario por un favor similar.

Las propuestas de Cippec

Por Josefina Mignone y María Page, coordinadoras del Programa de Instituciones Políticas de Cippec

Desde la reforma electoral de 2009 tenemos un sistema de financiamiento de la política que en la ley se basa principalmente en aportes públicos. Los recursos de origen privado que los partidos pueden recibir y gastar en las campañas están limitados por monto y sólo pueden provenir de individuos.

Además, la reforma aumentó el compromiso del Estado con el financiamiento de la actividad proselitista: a los subsidios directos para las campañas y la impresión de boletas, se sumaron otros indirectos, como espacios de publicidad en medios audiovisuales.

Después de tres elecciones nacionales bajo el nuevo sistema, el balance es pobre. Por un lado, los subsidios funcionan sin problemas y permiten que todos los competidores accedan a la publicidad en los medios audiovisuales. Pero por otro, hay fuertes indicios de que en la práctica la mayor parte del financiamiento de los partidos y las campañas circula por canales informales.

Este nivel de informalidad es ineficiente y peligroso porque impide a los ciudadanos conocer los apoyos de cada candidato, ampara a quienes buscan influencia a través del dinero, y expone a los partidos a la captura y la penetración de dinero de origen ilícito.

Para avanzar hacia un financiamiento más transparente y eficiente no hace falta replantear todo el sistema. Se puede construir sobre lo que sí funciona y corregir los incentivos a partir de la experiencia. Repasemos qué es lo que no está funcionando y qué proponen Cippec y Argentina Elige para mejorarlo.

Sólo efectivo. El 99% de los aportes declarados por los partidos en la campaña electoral de 2015 fueron informados como aportes en efectivo. Esto es peligroso, porque facilita el anonimato del donante, la captura de la política pública por intereses particulares, y abre la puerta al ingreso de dinero de origen ilícito.

Para mitigar estos riesgos, debe exigirse la bancarización de los aportes, como hacen Estados Unidos, México, Chile, Austria, Bulgaria, Alemania, e Italia, y permitir el efectivo sólo para los pequeños montos.

Se declaran los aportes públicos. En 2015, los aportes privados declarados representaron apenas el 40% de los aportes informados en la PASO y el 50% de la general. Si miramos las elecciones legislativas, el aporte público explica entre el 90% y el 100% de los gastos declarados.

Sería más eficiente reconocer que la política cuesta dinero y que en Argentina hay actores dispuestos a pagar por ella, como por ejemplo las empresas y los sindicatos, que son aportantes habituales según los informes de auditoría.

Permitir que aporten, aunque fijando topes para poder garantizar una base de donantes diversificada, alentaría la formalización de estos recursos y aumentaría la información a disposición de los votantes. Por algo en el mundo son pocos los países que prohíben estos aportes.

Controles laxos. Como el control se hace una vez que pasaron las elecciones, no genera ningún costo electoral. Y si bien hay multas para los partidos no hay sanciones que afecten las carreras de los candidatos. Exigir la rendición inmediata de ingresos y gastos a través de un sistema de carga on line podría mitigar este problema, al facilitar el control público y social en el transcurso mismo de la campaña.

El énfasis en la publicidad y accesibilidad de la información más que en los límites y prohibiciones es el camino elegido por los Estados Unidos y Australia.

Vacío en las provincias. Como en la gran mayoría de las provincias no hay ley de financiamiento, la ley nacional puede ser evadida esgrimiendo que los recursos son de la campaña provincial. Por eso, buscar el compromiso de las provincias con reglas claras para el financiamiento de la política es crucial. En otros países federales como México, Brasil, Estados Unidos, Canadá o Alemania, este vacío no existe.

El régimen que tenemos hoy incentiva estas situaciones que son peligrosas para los partidos y malas para el derecho a elegir. Por eso el financiamiento tiene que ser una prioridad en la agenda electoral: 2017 no puede encontrarnos igual.

Los sospechosos

Maximiliano Castrillón está procesado por integrar una red de trata que explotaba sexualmente a mujeres en prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires, según informaron fuentes judiciales. Castrillón aportó 10.000 pesos a la última campaña presidencial del Frente para la Victoria (FPV).

Los $ 4 millones de Carlos Tomeo aparecieron hace unos meses en la portada de todos los diarios. La Justicia lo investiga por lavado de dinero. Deberá justificar su acelerado crecimiento patrimonial, que le permitió comprar 11 propiedades, 20 autos de lujo y decenas de relojes Rolex. Tomeo aportó $ 95.000 a la última campaña presidencial de Cambiemos.

Los apellidos Castrillón y Tomeo son algunas de las observaciones que se desprenden de las auditorías realizadas por la Cámara Nacional Electoral (CNE) sobre los informes de financiamiento de las últimas elecciones generales y la segunda vuelta presidencial. Los informes -a los que accedió LA NACION- describen decenas de irregularidades, tanto del FPV como de Cambiemos: cientos de donantes que no pueden justificar su patrimonio, empresarios proveedores del Estado, multitudinarios eventos proselitistas no declarados y gastos de campaña facturados por organismos públicos.

La donación de Castrillón al FPV fue recibida por Walter Carbone, el funcionario bonaerense que guardaba una caja fuerte dentro de una escultura con forma de dragón. Carbone, responsable económico del FPV, también recibió una contribución polémica: Ángela Beatriz Fabra, que fue señalada por la Justicia como beneficiaria de un plan social en la provincia de La Pampa, aportó $ 10.000 a la campaña del FPV. Según los diarios locales, Fabra fue candidata a diputada provincial en 2015 en ese distrito.

La donación de Tomeo a la campaña de Cambiemos ya generó discrepancias internas. Fue la propia Elisa Carrió, precandidata presidencial por ese espacio, quien denunció al empresario ante la Justicia. En diálogo con LA NACION, José Torello, apoderado de Pro, afirmó que si verifican que Tomeo "incurrió en algún delito y que esos fondos pueden no ser legítimos", devolverán los $ 95.000 que donó para el ballottage.

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