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Santa Fe: la seguridad, la urgencia que torció la agenda y abrió el diálogo con el Gobierno

Tras las masivas marchas en Rosario, en agosto, la administración de Lifschitz afinó políticas para combatir el narcotráfico y la violencia, pero también selló acuerdos clave de cooperación con la Nación

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PARA LA NACION
Viernes 06 de enero de 2017
Macri y Lifschitz, con Bullrich, Peña y Frigerio, en septiembre pasado
Macri y Lifschitz, con Bullrich, Peña y Frigerio, en septiembre pasado. Foto: Archivo
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ROSARIO.- La multitud en las calles de Rosario convocada a fines de agosto por las redes sociales bajo el lema "Rosario Sangra" impuso una agenda urgente tras provocar un fuerte cimbronazo político, frente a un problema derramado en parte por el crecimiento del narcotráfico que provocó en esa ciudad más de un millar de muertos desde 2012.

Fue un quiebre en Santa Fe, donde no quedaba demasiado margen para el gobierno de Miguel Lifschitz , que asumió condicionado por una victoria de sólo 1776 votos sobre el candidato de Pro, Miguel del Sel.

La presión y la urgencia del reclamo dejaron a un costado por un instante las especulaciones políticas. En el aire de fines de agosto, con más de 30.000 personas en las calles, flotaba una remake del "que se vayan todos", enfocada bajo una única y amplia demanda: "Queremos vivir en paz".

La bronca no sólo apuntó contra la ineficacia de las políticas de seguridad que ejecuta una policía sospechada de convivir con el delito, sino a la Justicia, un poder que el empresario Enrique Bertini -padre de Mariano, asesinado el 15 de agosto de 2014 en una entradera- definió como "una gran familia mafiosa".

Sin margen, el gobierno del Frente Progresista selló un acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación, tras una negociación complicada, cargada de tensiones y desconfianzas mutuas. Patricia Bullrich afirmaba que en Santa Fe "había que ir hasta el hueso" y el gobernador profería que se pretendía llevar adelante una intervención de la policía.

Bertini, uno de los referentes principales de "Rosario Sangra", cree que "el gobierno absorbió el mensaje de las marchas, pero lo único que hizo fue cristalizarlo en un acuerdo político con el gobierno nacional, que no sirvió de mucho". "El malestar que expresó la gente en la calle aún sigue latente", reconoció.

Los recelos entre ambos gobiernos eran crecientes después de la polémica que se desató hace un año con el desenlace de la triple fuga, cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que los tres prófugos estaban presos, cuando en realidad en el calabozo sólo estaba Martín Lanatta. Su hermano Cristian y Víctor Schillaci fueron detenidos dos días después. La ministra dijo que hubo complicidades, pero nunca avanzó una investigación judicial para aclarar qué ocurrió ese tórrido enero en Cayastá. Con esos antecedentes, Lifschitz prefirió no delegar en su ministro de Seguridad la administración de la crisis.

Macri se reunió a solas con Lifschitz y la intimidad ayudó a encauzar la relación más madura y sin intermediarios que llevaran más ruido que soluciones. Se firmó un acuerdo en seguridad que incluyó el regreso de unos 3000 efectivos federales a Santa Fe desplegados en 11 ciudades de la provincia. Ese número es inferior al que envió el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni en dos oportunidades, una en 2014 y otra, en plena campaña electoral, en 2015.

En Santa Fe, y sobre todo en Rosario, se esperaba que la llegada de las fuerzas federales tuviera mayor impacto en las calles, con patrullajes más visibles. Pero en esta etapa, según recalcaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, se apunta más a desarrollar un trabajo cualitativo y coordinado con la policía provincial, que en 2014 desapareció de la escena cuando arribaron los gendarmes.

En diálogo con la nacion, Lifschitz usa un ejemplo para graficar cómo terminó 2016 en materia de seguridad: "Nos subimos arriba de un caballo y tomamos las riendas. Esto no quiere decir que no nos volvamos a caer". El ingeniero rosarino es cauteloso. Los números que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tiene en la mano a manera de resumen del año dan un respiro a la crítica situación política que afloró cuatro meses atrás con "Rosario Sangra". Los asesinatos, uno de los males mayores en Rosario, bajaron en el segundo semestre del año un 35,2 por ciento con respecto al mismo período de 2015. También disminuyeron un 30 por ciento los robos calificados.

"En el primer semestre pudimos contener el avance del delito y en el segundo logramos hacerlo retroceder", indicó Pullaro frente a sus pares provinciales y a las autoridades de la cartera de Seguridad en la ultima reunión del Consejo de Seguridad Interior. Para Lifschitz, una de las claves fue tomar las riendas de la policía después de cambiar cuatro veces en un año la cúpula de la fuerza. "Tenemos el dominio político de la policía, aunque eso no quiere decir que la fuerza haya cambiado". En junio próximo será juzgado Hugo Tognoli, jefe de la policía durante la gestión de Antonio Bonfatti, acusado de narcotráfico. Otro caso que irá juicio es el de la banda Los Monos, donde de los 36 procesados 17 son policías. Fuera del plano policial, el gobierno dice haber puesto en marcha un dispositivo social para abordar la complejidad de la violencia con dos programas en coordinación con el municipio: Abre Familia y Nueva Oportunidad.

Pablo Javkin, secretario general de la intendencia rosarina, advirtió que "se avanzó en tener un conocimiento muy fino de cada territorio para poder prevenir hechos de violencia, como ocurrió en el barrio Santa Lucía, donde se bajaron de nueve a uno los asesinatos". "Si sabemos que una persona va a salir de la cárcel y puede generar un conflicto en el barrio por una posible venganza, se busca intervenir de modo preventivo. Es decir, apuntalando con Seguridad la presencia policial antes de que se desate un posible hecho violento", señaló.

Desde la oposición, el diputado provincial de Pro Roy López Molina consideró "temerario" hablar de una baja del delito cuando "en materia policial no se ha hecho ninguna reforma, sino que sólo se han comprado patrulleros nuevos".

Las miradas del gobierno se posaron con mayor energía en Rosario, donde el reclamo por seguridad siempre está latente. Pero en la capital provincial el escenario de violencia es desolador y está lejos de decrecer. Allí se produjeron en 2016 130 homicidios, la segunda cifra entre las más altas de los últimos 20 años.

José Corral, intendente de la capital provincial, advirtió que cuando asumió Cambiemos le llevaron a Bullrich un mapa de la violencia en Santa Fe, que -dijo- "está focalizada en algunas zonas puntuales, como la costa, el Oeste y Noroeste, donde conviven economías delictivas desde hace tiempo, vinculadas al narcotráfico, a la trata de personas y a la venta de armas ilegales. No hay manera de que esto se sostenga en el tiempo sin connivencia con la policía".

A fines de noviembre desembarcaron las fuerzas federales en Alto Verde, una zona ribereña desplazada históricamente, donde el 10 de diciembre -por orden del fiscal federal Claudio Kishimoto- se descabezó a una banda narco liderada por una especie de caudillo local, Sergio Villarroel. "El Zurdo" no sólo manejaba la venta de estupefacientes y de armas, sino también el club y el canal de cable. Y se cree que tenía aceitados contactos en la policía para operar siendo un "intocable".

Corral remarca que la incursión en Alto Verde traza nuevas coordenadas en este plano tan complejo. Allí comenzó a funcionar el programa Barrios Seguros, y la ocupación del territorio se hizo en todos los planos del Estado. Incluso, el municipio empezó a manejar el club del narco y se reemplazó con otra empresa el servicio que prestaba el canal de cable de Villarroel. "Creemos que lo importante es que no quede un lugar vacío, porque si no lo ocupa el Estado, después lo cubre otro narco", explica el intendente.

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