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Años de desconexión social y de desconfianza en el Estado

Lunes 23 de enero de 2017
LA NACION
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Las violentas protestas tras la muerte de un vecino de la Villa 31 durante el incendio de una casilla desnudan una cruda realidad: las promesas oficiales del Estado y el cambio de "estatus" catastral, ese giro dialéctico que designa al asentamiento como "barrio", no basta para cambiar añejas lógicas de funcionamiento de ese enclave de la zona ferroviaria de Retiro.

Allí sucede lo mismo que en el resto de las villas de la Capital y que en muchas zonas deprimidas del conurbano: los agentes estatales -en especial, la policía- son "el otro", están a un paso de ser el enemigo. Al margen de las exactas circunstancias del caso, para los vecinos del asentamiento la policía no hizo lo que debía hacer; en esa creencia encontraron el motivo suficiente para la reacción destructiva.

Esa forma de reacción, por supuesto, no es exclusiva de los habitantes de las villas; se vio en la propia Capital el mes pasado en el corazón del barrio porteño de Flores tras el ataque que terminó con la muerte del chico Brian Aguinaco. Pero en el caso del asentamiento de Retiro representa la eclosión de una desconfianza en las instituciones que no se ha cerrado con el mero esfuerzo estatal de llamar al lugar "barrio 31".

El derrotero de esa pretendida integración recién comienza. La villa 31 ha recibido en los últimos años, quizás, más ayuda en infraestructura que cualquier otro asentamiento porteño. El jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, decidió este año poner allí una oficina a la que, prometió, irá al menos una vez por semana para llevar adelante la gestión. Hay allí, también, oficinas de acceso a la justicia. Pero esos cambios solos no bastan para transformar años de desconexión social.

Los habitantes del lugar reclaman derechos con justicia; esperan recibir del Estado atención en tiempo y forma de todos los servicios básicos, entre ellos, el de policía y de emergencias. Pero también deben asumir obligaciones. Entre ellas, el respeto por las instituciones y por sus representantes. Para cualquier ciudadano debe ser igual: es necesario recurrir a los organismos pertinentes a través de los carriles correspondientes para hacer valer derechos. Se trata, ni más ni menos, de cumplir las leyes.

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