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Dejar atrás el populismo

Urge que los planes sociales cedan paso a empleos genuinos para que la seguridad laboral dependa de la educación y la adaptación al mercado de trabajo

Martes 31 de enero de 2017
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Es tiempo de pensar si el camino para reducir la pobreza y crear empleos no pasa más por la creación de condiciones para generar inversiones que por continuar comprometiendo la crítica solvencia fiscal tras un asistencialismo de rasgos populistas que debilita aún más la cultura del trabajo.

Esta reflexión se relaciona con la sanción de la ley de emergencia social en diciembre último, como culminación del acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la oposición respecto del subsidio a los llamados trabajadores de la "economía popular".

El proyecto original había sido presentado por los senadores Juan Manuel Abal Medina y Teresa Luna, del Frente para la Victoria, y Jaime Linares, del GEN, aunque respondía a un objetivo impulsado por movimientos beneficiarios de planes sociales y participantes asiduos de movilizaciones y piquetes. Entre ellos, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Contaron, además, con el apoyo de las dos CTA y algunos gremios de la CGT.

Las negociaciones con el oficialismo acotaron el costo fiscal de la iniciativa a 30.000 millones de pesos a lo largo de tres años. La intención de obtener esa suma por ahorros en otras partidas no deja de ser una expresión de deseos en el marco de un Estado administrativamente desbordado.

El artículo 2 de la ley define sus objetivos: "Promover y defender los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la economía popular con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional". Es un enunciado de derechos, que incluso supera los esenciales, pero que omite establecer obligaciones y que recurre a apoyarse en los artículos 14 bis y 75 inciso 19 de la Constitución nacional, que terminan lamentablemente siendo apropiados a tal efecto.

Para vigilar el cumplimiento de estos objetivos se creó el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, integrado por tres funcionarios y tres representantes de las organizaciones piqueteras, que de esta manera contarían en la práctica con un derecho de veto. Este Consejo deberá también programar la gradual transformación de los planes sociales vigentes en un salario social complementario. En rigor, esto no sería más que un cambio cosmético.

A partir de la actual mutual Senderos se crea la Obra Social de Trabajadores de la Economía Popular (Ostep). Esta obra social pasará a recibir reintegros y será una opción para monotributistas de otras obras sociales sindicales. De las organizaciones beneficiadas, sólo la CTEP está habilitada para administrar la obra social, lo que no impide que las restantes participen. El objetivo declamado es llegar a dos millones de afiliados, que sería el número estimado de participantes de la llamada economía popular.

No hay una definición de esta "economía popular", considerada en esta ley como un ámbito de pertenencia. Estaríamos ante un caso de discriminación, ya que quienes trabajan fuera de ese ámbito necesitan generar sus propios recursos para proveerse de alimentación, vivienda digna y esparcimiento. El uso del adjetivo "popular" genera inhibiciones en quienes encuentran suficientes razones para oponerse a este tipo de estratificación y de políticas esencialmente populistas. Sólo el diputado salteño Alfredo Olmedo se animó a votar negativamente y a decir lo que seguramente casi todos pensaban, pero no se animaban a expresar para no traspasar los límites de lo políticamente correcto. Al fundamentar su voto dijo: "Ningún país se levanta sin laburar, acá hay que pedir obligaciones y no dar tantos derechos. Les tienen miedo a los piquetes, tírenles una pala al medio del piquete y verán cómo se disuelve".

Quedó en evidencia lo infructuoso que resulta para el Gobierno su esfuerzo por satisfacer exigencias mediante medidas de alto costo fiscal, pero que, de todas maneras, terminan en más reclamos y protestas. Los mismos beneficiarios de la nueva ley, en un comunicado de su mutual Senderos, expresaron: "Hoy los trabajadores de la economía popular festejamos por este gran logro, pero con los ojos clavados en todo lo que nos falta conquistar", y agregaron: "No hay justicia social si millones de trabajadores argentinos no tienen poder y derechos, no hay justicia social sin poder popular". Una proclama casi revolucionaria a pesar del favor recibido.

Estas circunstancias llevan a pensar que la sanción de esta ley no puede ser sólo analizada como un instrumento para una mayor inclusión y ayuda a los más necesitados. Nadie se podría oponer a un objetivo virtuoso. Pero hay motivos para pensar que se ha tratado de una puesta a prueba del Gobierno por parte de quienes dicen actuar en "la resistencia" y que logran concesiones probablemente motivadas por el temor gubernamental a ser calificados como "ricos de derecha o neoliberales".

Es menester que, como se ha dejado trascender desde el poder político, se adopten decisiones tendientes a que, por la vía de la capacitación laboral y los incentivos a las empresas del sector privado, los planes sociales cedan paso a la creación de empleos genuinos, por cuanto la mayor seguridad laboral de un trabajador no dependerá de un subsidio concedido graciosamente por el Estado, sino de su nivel de educación y empleabilidad para adaptarse al mercado de trabajo.

Debemos reconocer que un sector del gremialismo ya ha tomado nota de que si no se corrigen normas y hábitos que afectan la competitividad, no habrá nuevas inversiones, ni creación de empleo, ni aumento real de los salarios. Los acuerdos deben seguir este otro camino.

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