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Bolivia y Paraguay criticaron el decreto migratorio de Macri

Evo Morales rechazó la iniciativa; hubo diálogos entre cancillerías para acercar posturas

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LA NACION
Jueves 02 de febrero de 2017
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Mauricio Macri recibió ayer señales de queja y preocupación de Paraguay y Bolivia por el decreto que firmó para endurecer la política migratoria con relación a los extranjeros que cometan delitos en la Argentina.

Así, el presidente de Bolivia, Evo Morales , cuestionó tajantemente la medida adoptada por el Gobierno y el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, transmitió la preocupación de Asunción por canales diplomáticos a las autoridades en Buenos Aires.

A través de su cuenta de Twitter Morales escribió: "Hermanos presidentes latinoamericanos, seamos #PatriaGrande. No sigamos políticas migratorias del Norte. Juntos por nuestra soberanía y dignidad".

El presidente de Bolivia, Evo Morales rechazó la iniciativa del presidente Mauricio Macri
El presidente de Bolivia, Evo Morales rechazó la iniciativa del presidente Mauricio Macri. Foto: Archivo

El mensaje fue leído como una comparación de Macri con Donald Trump y una crítica elíptica de Bolivia el DNU que endurece el control migratorio y acelera los procesos de expulsión en caso de delitos y de ingreso clandestino de extranjeros. La nueva reglamentación también agiliza las deportaciones sin requerir una condena firme.

Fuentes diplomáticas de la Argentina y de Bolivia confirmaron a LA NACION que hubo conversaciones entre las cancillerías para abordar el espinoso tema con la intención de "aclarar malentendidos" y "evitar errores a futuro".

Si bien el presidente Morales no mencionó directamente a Macri en su mensaje de Twitter, un día antes el ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, destacó que una "política apresurada" de la Argentina puede generar "xenofobia y acciones de discriminación y racismo".

A la vez, este funcionario de confianza de Morales dijo que, en lugar de emitir decretos que fomenten la xenofobia, "habría que actuar en el marco de la reunión de Brasilia del año pasado, en la que los países del Cono Sur nos comprometimos a una política de integración en las actividades de integración del narcotráfico, de contrabando, de trata de blancas, de delitos ambientales", sostuvo. Durante ese encuentro, los ministros de Defensa y los cancilleres del Cono Sur habían acordado medidas comunes para evitar el contrabando y el incremento del narcotráfico en la zona de fronteras.

Ayer, en La Paz, el presidente del Senado, Alberto Gonzales, informó que hay "preocupación" por la decisión asumida en Buenos Aires y que se está realizando un seguimiento permanente. En este sentido, el embajador de Bolivia en la Argentina, Santos Tito, destacó: "Estamos a través de la cancillería, de diferentes instancias del Ejecutivo y de la propia Asamblea siguiendo con mucha expectativa lo que está pasando y seguramente vamos a llevar adelante algunas iniciativas", anunció. El gobierno de Bolivia informó que en la Argentina viven un millón de bolivianos y, de ellos, 273 están en las cárceles, lo que significa el 0,02% de los inmigrantes de ese país.

A su vez, el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, dijo que en Asunción: "Estamos atentos, estamos alertas", por lo que defina Macri.

Loizaga manifestó que la nueva normativa migratoria de la Argentina está siendo analizada y seguida por Paraguay. Así se lo hizo saber a su par Susana Malcorra. También recordó el principio establecido en el tratado del Mercosur por el cual se debe facilitar el libre tránsito de personas por la región.

Por su parte, Mariela Belski, directora ejecutiva de la oficina Amnistía Internacional en la Argentina, remitió ayer una carta a la comisión bicameral parlamentaria de control de decretos a los efectos de manifestar su preocupación por la modificación de Macri en la política migratoria y denunció el "fuerte impacto negativo " que ese cambio generará en materia de derechos humanos. De esta manera, Amnistía alertó que el DNU "avanza sobre cuestiones que expresamente se encuentran prohibidas por la Constitución nacional" y "tiene un impacto indiscutible sobre materia penal". Por otra parte, Amnistía envió cartas a los embajadores de Bolivia, Paraguay y Perú en la Argentina para que trasladen su preocupación al gobierno de Macri ante los alcances del decreto.

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