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Investigan el acuerdo con el Correo, pero la empresa y el Gobierno niegan irregularidades

Se abrieron dos expedientes judiciales por supuesto fraude al momento de calcular la deuda; sin embargo, desde Comunicaciones y desde la compañía aseguran que la suma pactada es correcta

Viernes 10 de febrero de 2017
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LA NACION

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El acuerdo preliminar entre el Gobierno y el Correo Argentino derivó ayer en la apertura de dos investigaciones simultáneas. Una, penal, en los tribunales federales de Comodoro Py; la otra, administrativa, en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Los dirigentes kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti radicaron la denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad , por un supuesto "fraude en perjuicio de la administración pública" y presuntas "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas" durante la negociación entre el Gobierno y el ex Correo Argentino , del grupo Macri.

La denuncia quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Juan Pedro Zoni, que deberán investigar si se cometieron delitos durante las negociaciones, luego de que la fiscal general en lo Comercial, Gabriela Boquín, objetó el acuerdo mediante un dictamen que presentó ante la Cámara de Apelaciones del fuero.

La segunda investigación, a pedido de la propia fiscal Boquín, se inició en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El titular de ese organismo, Sergio Rodríguez, confirmó ayer que comenzaron a analizar "si hubo fraude a la administración pública o si quien actuó en representación del Estado nacional tenía la competencia de hacerlo". El fiscal también explicó que "puede haber habido algún tipo de tráfico de influencias, no se descarta. Es uno de los temas a considerar".

Para Boquín, ameritaba iniciar esa investigación tras estimar que el acuerdo "equivale a una condonación" de la deuda del Correo Argentino y que debía, por tanto, considerarse "abusivo", dado que implicaría una quita de más de $ 4000 millones, además de que el ex Correo terminaría de abonar su deuda en 2033. Esto, según la fiscal, sería "más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago".

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Tanto desde el Gobierno como desde el grupo Macri, sin embargo, defendieron el acuerdo y negaron que se hubiera condonado la deuda, ya que además de la deuda original por $ 300 millones se acordó abonar otros $ 300 millones en concepto de intereses.

"No le perdonamos un mango a Macri", afirmó el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, quien cerró el acuerdo con el Correo y ahora también figura en la denuncia penal. "No se está aplicando ninguna quita", insistió el funcionario.

Mocoroa afirmó además que no hay que mirar al actual gobierno sino a los anteriores por la deuda del Correo. "Son 600 millones de pesos lo que logramos nosotros que pague esta empresa. A eso es a lo que se arribó luego de quince años sin poder cobrar un solo peso de esta deuda".

Desde el grupo Macri también responsabilizaron al Estado por el retraso en arribar a un acuerdo durante los últimos años, cuando ahora ya acumula el apoyo del 80% de los 600 acreedores del Correo y de los tres grupos de síndicos.

"La propuesta no es abusiva ni implica una condonación de ningún tipo", indicó un letrado del grupo Macri. "Alcanza al 100 por ciento del crédito del Estado nacional en términos nominales más un 7 por ciento de interés, lo que equivale al 53,33 por ciento del crédito medido en dólares al día de la propuesta." Es decir, indicaron, un porcentaje muy distinto del 1,2% que planteó la fiscal Boquín en su dictamen.

Según recordó Mocoroa, "la ley de concursos de quiebra lo que prevé es que cuando una persona se presenta a concurso la acreencia que tiene no genera más intereses", es decir, lejos de los más de $ 4200 millones de "valor presente" que estimó Boquín.

Por el contrario, desde el Ministerio Público recordaron que la ley no establece el fin de los intereses sino su "suspensión" y hay fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que recuerdan que el deudor debe abordar y reconocer de algún modo a los acreedores los intereses que se hubieran acumulado mientras se sustanció el concurso para evitar que, de no aplicarse, representen en la práctica una nueva quita.

Desde el Ministerio Público también recordaron que el cálculo del "costo presente" al que se aludió en el dictamen de Boquín "se hace siempre" como una herramienta más para que cada fiscal evalúe si acepta o no las propuestas de quita planteadas en cada concurso.

Aun así, tanto desde el grupo Macri como desde el Gobierno reafirmaron que no hubo licuación alguna. "No existe ninguna condonación, porque para eso debería haber una quita de parte del acreedor al deudor", sostuvo Mocoroa. "No le hemos quitado absolutamente nada. Por el contrario, la empresa le va a pagar al Estado el 100 por ciento del capital verificado, que son 296 millones de pesos, algo que generalmente no pasa en este tipo de acuerdos."

Los protagonistas de la polémica

Franco Macri - Empresario

El padre del presidente Mauricio Macri quedó en medio de las críticas luego de que el Gobierno llegó a un acuerdo por una deuda que el Correo Argentino arrastra desde cuando todavía pertenecía a la familia Macri. Desde 2001 que el empresario intentaba llegar a ese acuerdo.

Gabriela Boquin - Fiscal

La fiscal general en lo Comercial, Gabriela Boquin, dijo que el acuerdo es "abusivo" y que implicaría una "condonación" de la deuda, al tratarse de una quita del 98%, traducida en más de $ 4277 millones. Boquin alertó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que abordó el caso.

Juan Carlos Mocoroa - Ministerio de Comunicación

El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación defendió ayer la decisión del Gobierno de acordar una quita en la deuda del Correo Argentino. Según el funcionario, "al empresario [Franco] Macri no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses".

Sergio Rodríguez - Fiscal de Investigaciones Administrativas

Tras ser alertado por la fiscal Boquin, el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas abrió un expediente para investigar el acuerdo del Gobierno con el Correo y su impacto económico para el Estado. El paso siguiente podría ser la presentación de una denuncia penal.

El efecto político

De la edición

La polémica que desató el pronunciamiento de la fiscal Gabriela Boquin sobre el acuerdo entre el Estado y el Correo tiene una dimensión económica y otra política. En la primera es discutible el criterio utilizado en la evaluación de la fiscal. Los especialistas tienen dudas sobre el modo de calcular la deuda, aunque también es probable que el acuerdo hubiera merecido una revisión.

En el plano político, la cuestión es distinta y el efecto sobre el Gobierno quedó instalado. Aun en las encuestas del propio oficialismo siempre surge que el macrismo "gobierna para los ricos". Incluso los votantes de Cambiemos lo dicen. Es un estigma que Macri no se puede sacar, aunque haya aplicado un criterio mucho más social del que se esperaba. Allí el daño está hecho.

Jorge Liotti

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